Todos los problemas y actualizaciones pendientes en el nuevo curso, incluso los compromisos legislativos del departamento de Educación (Ley del Sistema Educativo y Ley de Formación Profesional)… todo ha sido tapado por la reforma de modelos lingüísticos, que, de momento, no parece contar siquiera con el acuerdo en el seno del propio Gobierno vasco.
Este nuevo curso que comienza es el segundo de implantación de la LOE, con el nuevo y polémico Decreto Curricular básico ya en vigor pero pendiente de algún recurso y de alguna corrección. Se extenderá la reforma al conjunto de la Educación Infantil, al tercer y cuarto curso de Primaria y al primer curso de Bachillerato. Asimismo entrarán en vigor los Programas de Cualificación Profesional Inicial en Secundaria y se completará la aplicación de la reforma en las Enseñanzas Artísticas profesionales y el nivel avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Todo ello implica deberes para el Departamento que ya deberían estar realizados para que los centros y el profesorado actúen de modo que la reforma se aplique en los términos aprobados. La realidad es que la reforma se está notando bien poco en el día a día de los centros, un proceso cuyo calendario de aplicación se cerrará con la implantación del tercer ciclo de Primaria, el segundo de los bachilleratos y la implantación una nueva prueba de selectividad, el siguiente curso 2009-10.
No ha sido la aplicación de la reforma la preocupación central del Departamento de Educación del Gobierno vasco, prueba de ello es la escasa o nula incidencia que el planteamiento de adquisición de «las competencias básicas» establecidas para el alumnado ha tenido en la práctica docente y educativa de los profesionales de la educación. No se han diseñado las nuevas estrategias para la adquisición de dichas competencias por cursos, ciclos y etapas, y el profesorado apenas se ha visto implicado por ausencia de un planteamiento global concreto y por la no materialización de un programa de formación. Algo similar se puede afirmar en lo referente al Plan de acción tutorial, que sigue siendo otro gran desconocido para la gran mayoría del profesorado. No acaban aquí las cosas por hacer, puesto que sigue sin publicarse el Decreto de Bachilleratos de la CAPV. Son otras las preocupaciones del Departamento.
Su preocupación central es la reforma de modelos lingüísticos, ha olvidado incluso los dos compromisos legislativos del programa de gobierno: Ley del Sistema Educativo vasco y Ley de Formación Profesional. Todo ha sido tapado por la reforma de modelos lingüísticos, que, de momento, parece no contar ni siquiera con el nivel de acuerdo necesario en el seno del propio Gobierno; la consideración de las dos lenguas oficiales como lenguas instrumentales y vehiculares del sistema educativo vasco, con una tercera lengua que amplíe a nuestro alumnado sus posibilidades en el entorno globalizado en el que nos movemos y la fijación acordada de objetivos realistas al finalizar la educación básica que tengan en cuenta la diversa realidad territorial y sociolingüística así como la tipología de alumnado que cada centro atiende, conforma el terreno del necesario acuerdo para que el nuevo soporte jurídico que sustituya a la actual normativa tenga la perdurabilidad precisa. El acuerdo entre diferentes que fue la Ley de Normalización del año 82, de cuyo desarrollo es expresión el Decreto de modelos del 83, y cuyo nivel de consenso se reeditó en el Acuerdo político para el pacto escolar del 92 -que contó con un espaldarazo legal al incluir los tres modelos en vigor en la Ley de Escuela Pública Vasca del año 1993- debe modificarse para adecuarse a la nueva situación, pero reeditando acuerdos, no con mayorías raquíticas.
La reforma educativa y la reforma lingüística no se pueden hacer sin dinero. El Concierto Económico nos permite gozar de un sistema de financiación que para sí quisieran otras comunidades. A pesar de que la CAPV presenta un nivel económico muy alto y unos recursos en educación medio-altos, es muy bajo en términos comparativos al PIB, que es, precisamente, donde Europa fija su indicador a medir en 2010 (6%). Procede que el Gobierno y las instituciones vascas tomen el indicador del porcentaje del PIB como una referencia a la hora de fijar los presupuestos de Educación si, como recomienda el Consejo Escolar de Euskadi, queremos mejorar nuestros resultados. Es preciso avanzar dotando de más profesorado en la educación temprana (pareja educativa en Infantil ) y Primaria para responder de manera individualizada y personalizada al crecimiento de la población escolar por el aumento de la natalidad y, en menor medida, de la inmigración (10%). Debe anticiparse el Departamento a los acontecimientos y proceder al relevo generacional de unas plantillas con más de 45 años de edad media y unas bajas de jubilación de más de 500 por año, procediendo a la convocatoria de oposiciones anuales para reponer las bajas. En este sentido le recordamos al Departamento que, si bien se ha avanzado en la reducción de la interinidad con las dos OPEs celebradas, deberá hacer un esfuerzo añadido para no rebasar el 8% de interinidad de las plantillas, como está comprometido con CC OO. La ausencia de una auténtica carrera profesional docente no hace del magisterio y la educación una profesión atractiva para los jóvenes; la reforma de las titulaciones de Magisterio y Secundaria es una oportunidad para abordar la docencia desde su formación inicial hasta su consolidación como una profesión en la que se incentivan la formación, la dedicación, la gestión y la implicación en los proyectos educativos.
La consolidación del responsable de convivencia en los centros se debe extender y consolidar como recurso añadido, igual que el responsable de normalización lingüística, o el del programa de madurez tecnológica o el de refuerzo lingüístico. Un sistema más equitativo exige no sólo discursos de escuela inclusiva sino planificación y recursos materiales y humanos que garanticen el reparto equitativo entre redes, de tal forma que cada red se haga cargo de las realidades educativas más complejas para evitar la marginación y el gueto en el porcentaje que les corresponde por su peso dentro del sistema, para asegurar una oferta de calidad para todos, y en especial para los más desfavorecidos. No puede ser que la inmigración con menos recursos se concentre en un número reducido de centros de la red pública y en uno o dos centros de la red privada si, como se dice en los programas, se trata de conseguir su integración.
Este repaso no pretende agotar los deberes del Departamento en este curso. La inflación pone en evidencia la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios del profesorado y del personal educativo, y desde el ámbito sindical hará inevitable la exigencia de su recuperación en la mesa general de empleados públicos. Veremos cuál es la respuesta del Gobierno. Ya sabemos que si bien en la red pública el conjunto del profesorado ha cobrado las cantidades de 2008, los trabajadores de la enseñanza privada concertada siguen sin ni siquiera haber cobrado a cuenta lo establecido para ellos en los presupuestos de la CAPV; los sindicatos mayoritarios de la concertada se levantaron de la mesa de negociación del convenio en mayo y desde entonces han dejado hacer a las patronales del sector en la esperanza de que la sintonía política e ideológica con el Departamento satisfaga sus demandas.
Todo esto y otras cosas (su empeño en la convocatoria de oposiciones en Inspección, la remodelación unilateral de los servicios de apoyo, el nuevo decreto de elección de directores…) son algunas de las cuestiones que tendría que abordar el Departamento, pero la incertidumbre de la consulta y la voluntad del lehendakari lo condicionan todo.
(Javier Nogales es secretario general de CCOO Irakaskuntza)
Javier Nogales, EL CORREO, 5/9/2008