ALBERT RIVERA Y LUIS GARICANO-El Mundo

Los autores apuntan al clientelismo que el Gobierno alimenta con sus elecciones para las empresas pública.

Estamos asistiendo a un asalto sin precedentes por parte del presidente del Gobierno a las instituciones y empresas de todos para ponerlas al servicio de un partido político. Los ciudadanos reaccionan con indignación y estupor tras ver cómo adjudica la gestión de empresas públicas como Paradores (180.000 euros de sueldo) a su ex secretario de organización (sin experiencia ni formación alguna para el puesto), la gestión del CIS a su compañero en la ejecutiva y la del Correos a su ex jefe de gabinete (190.000 euros de sueldo y 50.000 empleados). Pero ha habido muchos más, docenas de nombramientos a dedo solo en el primer nivel (imaginen lo que sucede debajo) para cargos que no deberían ser políticos y que seguramente pasarán bajo el radar en numerosos casos, muchos con consecuencias como mínimo igual de graves para el país. Destacamos solo dos: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA).

Miembros de la Guardia civil han comentado su enorme preocupación ante la destitución del excelente ex jefe de la UCO de la Guardia Civil, coronel Sánchez Corbí, alguien que se atrevió a investigar la corrupción del PP con éste en el poder y que estaba examinando, entre otras cosas, la financiación irregular del PSOE valenciano del hoy todopoderoso José Luis Ábalos. Nos parece indignante esta interferencia del poder político en la carrera y el trabajo de un brillante funcionario sin más explicación que la «pérdida de confianza». Un argumento así, para despedir a quien dirige la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado, es simplemente una tomadura de pelo hacia los ciudadanos. Ni Mariano Rajoy, con los miembros de su partido cayendo uno tras otro víctimas de sus investigadores, se había atrevido a tamaño abuso.

En cuanto a la Empresa Nacional del Uranio, la pasada semana comenzaba sus funciones el flamante nuevo presidente, José Vicente Berlanga Arona. Una persona sin formación ni experiencia alguna que le cualifiquen para un cargo con alto contenido técnico. Es afiliado al PSOE, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y hasta hace dos semanas era Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia con 65.000 euros de sueldo anuales. Pasa a cobrar uno de los más elevados sueldos del sector público español: 210.000 euros. Sustituye a un ingeniero industrial que trabajaba en ENUSA desde 1975 y era presidente desde hace 20 años, es decir, había sobrevivido a tres presidentes del Gobierno. Desgraciadamente, entre sus cualificaciones no estaba haber asesorado al ministro José Luis Ábalos cuando estaba en el Ayuntamiento de Valencia.

Llevar a cabo estos nombramientos es una irresponsabilidad reprochable. Hacerlo para unos meses de gobierno, sin un pase previo por las urnas, es una cacicada monumental.

La reacción del resto de los partidos –del Partido Popular, de Podemos o de los partidos nacionalistas– a estas cacicadas ha sido un silencio aplastante. La razón de tal mutismo es evidente: como el Lazarillo que se come las uvas de dos en dos, no dicen nada para evitar que alguien les muestre que ellos son peores. La mayor parte de la clase política española está asentada en el tribalismo caciquil y ve al Estado como un botín a repartirse.

Es imposible acabar con la corrupción sin terminar con las redes clientelares que unen el mundo de los negocios y de la política. ¿Cómo va un ex político, que ahora dirige una gran empresa con 50.000 trabajadores como Correos, a rechazar un favor que le pide el político que le nombró por el único mérito de ser su amigo?

Los políticos no empiezan a ser corruptos de repente. Se pasa de una recomendación a un enchufe, a un favor, a uno más grande, al cohecho o la prevaricación. El señor Sánchez, con estas docenas de nombramientos que vulneran la obligación legal de nombrar personas con la adecuada preparación –«el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas (…) Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar», art. 2 Ley 3/2015– ha dado el primer paso en esa dirección. Luego vendrán (¿cómo no van a venir de personas que saben para qué están ahí?) las contratas arregladas a amigos, los ascensos a dedo dentro de la propia empresa pública, las pérdidas que tendremos que enjuagar todos. Las tristemente célebres Cajas de Ahorro nos muestran ese futuro.

Con estas políticas tribales, nuestro Estado engorda por las peores razones: no para prestar mejores servicios, sino porque hace falta enchufar a afiliados. El resultado es la ineptocracia, el Gobierno de los más ineptos, los menos capaces de tomar las decisiones y los más enchufados.

En Ciudadanos creemos que el Estado es un instrumento para proteger derechos y garantizar servicios a los españoles, no un botín a repartir. Y para garantizar esos derechos, «el Estado debe ser delgado y fuerte, no gordo y débil como lo que tenemos ahora», en brillantes palabras de la escritora María Elvira Roca en Imperiofobia y la Leyenda Negra. El compromiso de Ciudadanos es poner el final definitivo al Estado tribal del bipartidismo y crear una administración neutral, fuerte y ágil (no hipertrofiada) capaz de proteger los derechos y garantizar los servicios de los ciudadanos.

Albert Rivera es presidente de Ciudadanos; Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo del partido.