Editorial, EL MUNDO, 20/6/11
EL PASO dado por IU en Extremadura al negarse a prestar su apoyo al PSOE y permitir, indirectamente, que gobiernen los populares, es histórico y deja dos grandes damnificados: Cayo Lara y Zapatero. El coordinador general de la formación de izquierdas había advertido durante la campaña que «ni por activa ni por pasiva» su partido posibilitaría ningún gobierno del PP. Al hacerlo se equivocó gravemente. No contaba con situaciones como la de Extremadura, donde la relación de IU con el PSOE es, al menos, tan fría como con el PP.
Y así lo demuestra la votación de las bases: el 70% de las asambleas locales se ha opuesto a tender la alfombra roja para que continúe el socialista Fernández Vara. Las presiones de la dirección de IU y de Cayo Lara, en particular, que acudió personalmente a Mérida con el propósito de que la ejecutiva regional desoyera las indicaciones de los militantes, dejan en muy mal lugar al líder de la coalición. No tiene sentido que Lara apoye las movilizaciones del 15-M tratando de enarbolar la bandera de la regeneración y las demandas de una pretendida democracia real asamblearia, y después intente sepultarla en su propio partido cuando el resultado no es el que le hubiera gustado.
La decisión de IU en Extremadura es irreprochable. En primer lugar, porque es acorde a los estatutos de la coalición, que da autonomía a cada federación para decidir en su ámbito. Llamazares, su portavoz en el Congreso, que se ha sumado a la campaña para mediatizar a sus compañeros extremeños y que ayer lamentaba su decisión hablando de «pinza», fue mucho más comprensivo cuando era líder de la coalición con Ezker Batua –su organización en el País Vasco– cuando ésta decidió integrarse en el Gobierno del PNV o suscribió el Pacto de Estella.
¿Acaso para Llamazares los militantes de IU extremeños son de segunda? Por otra parte, no está escrito en ningún sitio que IU esté obligada a apoyar al PSOE. Puede que para la coalición tenga un coste político dejar ahora gobernar al PP, pero aparecer como la muleta de los socialistas, hagan lo que hagan, tampoco es la mejor tarjeta de presentación. Durante tres décadas el PSOE ha gobernado Extremadura como su finca particular. Cómo lo habrá hecho para que su socio natural prefiera, con su abstención, dar el Gobierno a los populares. El último motivo para su indignación fue el de los gastos de Rodríguez Ibarra como expresidente de la Junta. Pues bien, a pesar de sus excesos, el Gobierno le premiaba el viernes pasado nombrándole miembro del Consejo de Estado, tal vez el cargo institucional menos apropiado a su sal gruesa.
Seguramente muchos militantes y votantes de IU prefieren una «pinza» puntual –como la que practicó Julio Anguita al anteponer la lucha contra los abusos de poder y el crimen de Estado– a esa otra política de seguidismo sistemático iniciada por Llamazares. Es más, desde la posición de árbitro en la que IU se queda en la Asamblea extremeña, puede tener su mejor escaparate, vigilando y condicionando la labor de un Ejecutivo en minoría. Cuando gobierne el popular Monago el PSOE perderá uno de sus feudos históricos y en el mapa autonómico ya sólo le quedarán dos presidentes, y los dos con fecha de caducidad: Patxi López y José Antonio Griñán. Pronto podría ocurrir así que, por primera vez en España, uno de los dos grandes partidos no presidiera ni una sola de las 17 comunidades autónomas.
La debacle a la que parece condenado el socialismo no puede explicarse sólo por la marcha de la economía u otras causas ajenas al PSOE. Sería un ejercicio de escapismo que sus dirigentes, con Zapatero a la cabeza, trataran de sacudirse su responsabilidad. Lo ocurrido en Extremadura deja groguis a los socialistas y constituye un nuevo golpe a la pretensión del presidente de agotar la legislatura. Es el remate al desastre electoral del 22-M.
Editorial, EL MUNDO, 20/6/11