EL CORREO 22/04/14
· Advierte al presidente de la Generalitat que no le permitirá estirar la legislatura hasta 2016 si Mariano Rajoy impide la consulta
23 de abril de 2015, Sant Jordi. La fecha que un buen número de catalanes –entre el 50% y el 55% que son los que, según las encuestas, están favor de la independencia– ha marcado en rojo en el calendario y el día en que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el motor popular del proceso secesionista, ha fijado para aprobar la declaración de independencia de Cataluña, haya o no consulta soberanista el próximo 9 de noviembre.
Si no la hay, como asegura el Gobierno de Mariano Rajoy, Artur Mas ha dicho que celebrará como alternativa unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria. Su intención es dilatar la cita hasta 2016 y agotar la legislatura. La ANC, sin embargo, tiene prisa y una agenda propia que cumplir. Por eso, su presidenta, Carme Forcadell, no deja de repetir que no permitirá «bajo ningún concepto» que el president alargue otros dos años su mandato sin que los catalanes voten de una manera u otra.
Con la presión de la calle en ascenso, el escenario que gana enteros entre los soberanistas es el de la convocatoria de unos comicios plebiscitarios entre el otoño y la primavera próximos, antesala de la declaración de independencia. El diseño cuenta con el visto bueno de la ANC y de Esquerra. Convergència no lo descarta y solo Unió se opone. «Desafortunadamente, se ha instalado una gran tensión e incertidumbre en la política catalana y no se pueden descartar acciones rupturistas y unilaterales», afirma Juan Arza, impulsor de Societat Civil Catalana, la plataforma que trata de aglutinar a los catalanes partidarios de seguir en España.
«Todos los planteamientos de la ANC –añade– nos parecen muy inquietantes. Son un guión de política ficción redactado por personajes oscuros y no sometidos al control democrático, que solo resulta verosímil por la repercusión y trascendencia que le dan los medios de comunicación controlados por el Gobierno catalán», añade. «¿Quién es la ANC para diseñar el futuro de los catalanes? ¿Quién les ha votado? ¿Qué legitimidad tienen?», plantea Arza.
La pregunta es qué pasaría tras una hipotética declaración unilateral de independencia. Josep María Reniu, profesor de Ciencias Políticas y miembro del consejo asesor que guía a Mas en la llamada transición nacional, no ve muy creíble una declaración de independencia para el año que viene, aunque sí para 2016, y distingue entre declaración unilateral y proclamación efectiva, que es cuando se puede considerar que nace un nuevo Estado.
La primera, que sería una resolución o una iniciativa de ley aprobada en el Parlamento catalán, supondría una ruptura con la legalidad vigente y abriría un «proceso de negociación para la secesión» entre Cataluña y el resto de España, que desembocaría en la proclamación o lo que se conoce como el día de la independencia.
Abocados a negociar
A su juicio, el período de transición entre la declaración (o la victoria del sí en el referéndum) y la proclamación podría durar unos 18 meses, en los que ambas administraciones tendrían que decidir, entre otras cuestiones, el reparto de activos y pasivos o la sucesión de normas. «Llegado el caso, el Gobierno central no tendrá más remedio que negociar si no quiere quedarse con el grueso (casi un billón de euros) de la deuda soberana del Reino de España, lo que supondría su quiebra», señala Reniu. «Y dudo», añade, que los mercados financieros no presionen para que haya un reparto amistoso, un arreglo de separación en el que Cataluña podría asumir hasta el 20% de la deuda española.
Este es el modelo de independencia de la pactada vía escocesa. Sin embargo, los informes del consejo asesor para la transición nacional reconocen que la declaración de independencia de Cataluña se situaría «completamente» fuera del marco constitucional español y el Estado podría utilizar toda una serie de instrumentos para frenar el pronunciamiento unilateral. Desde la vía del ar tículo 161.2 de la Constitución (impugnar la resolución al Constitucional) a la del 155, que contempla la intervención y hasta la suspensión de la autonomía, emprender acciones penales contra particulares por los delitos de usurpación de atribuciones, prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición, e, incluso, como situación límite, declarar los estados de excepción o de sitio.
Reniu cree que estas medidas serían muy difíciles de aplicar en un contexto como el de la UE y piensa que, además, tras las europeas empezará a haber movimientos políticos serios para tratar de llegar a una salida negociada que permita una consulta tolerada. Rajoy aún está a tiempo de que el ‘no’ a la independencia gane en el referéndum, concluye uno de los asesores de Mas.