EL CORREO 12/11/14
· Treinta y cinco personas se sentarán en el banquillo, entre ellas históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Barrena o Petrikorena
El juicio contra la cúpula de Batasuna, EHAK y ANV, en el que se encuentran procesadas 35 personas por integración en organización terrorista –entre ellas históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena– será en enero, en la Audiencia Nacional. El señalamiento de la diligencia de ordenación de este tribunal marca que la vista tendrá lugar los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 29 y 30 de enero de 2015. Fuentes cercanas a la defensa creen, sin embargo, que el tribunal deberá habilitar en adelante más días de vista oral debido al tamaño de la causa.
Las sesiones del juicio oral comenzarán siete años después de un operativo que arrancó el 4 de octubre de 2007 con la detención de 23 personas, entre ellos 16 dirigentes de la izquierda abertzale, tras una reunión celebrada en Segura. Esa redada, llevada a cabo por la Policía Nacional fue ordenada por el juez Baltasar Garzón, bajo la acusación que querer «reconstruir» Batasuna.
Además de Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias de EHAK Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro (ANV). Entre el resto de procesados, hasta un total de 35, están el presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Agirre, o la también histórica de la izquierda abertzale Marije Fulladondo.
El fiscal pide 10 años
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los inculpados en este sumario (4/08) que será juzgado en la sección segunda de la Sala de lo Penal del citado tribunal.
El Ministerio Público también demanda que se declare la ilicitud y disolución de EHAK y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala 61 del Tribunal Supremo.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la «colaboración» entre la formación ilegalizada y ANV «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera «en base a la legalidad española».
Para el Ministerio Público, la «instrumentalización» de ANV se acreditó en la «sumisión» de esta formación en su actuación política «a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única» entre la formación ilegalizada, ANV y EHAK.
En cuanto a EHAK, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue «fagocitado» por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal «proveniente del entorno institucional de ETA» como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias «on line». Según el escrito, en la «lucha político-institucional» utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por EHAK, el «peso fundamental» recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una «red de electos contra el tren de alta velocidad».