EL CORREO – 01/04/15
· El juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechaza las peticiones de traslado al País Vasco presentadas por una treintena de reclusos de ETA.
La Audiencia Nacional denegó ayer la solicitud de acercamiento a Euskadi presentada por una treintena de presos de ETA al considerar que su reclusión en cárceles alejadas del País Vasco no supone «un clara vulneración» de sus «derechos fundamentales» y que, en todo caso, la decisión final sobre dónde deben cumplir su condena corresponde a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Es decir, que es el Gobierno de Mariano Rajoy quien tiene la última palabra sobre la política de dispersión. Los abogados de los reclusos anunciaron ayer mismo que recurrirán esta decisión.
Las solicitudes fueron registradas en otoño del año pasado de forma individual por los miembros de la banda en un nuevo intento por flexibilizar su situación y acelerar su excarcelación. A finales de 2013, y en un primer gesto de que aceptaban las vías legales –algo que históricamente siempre habían rechazado los presos de ETA–, fueron presentando diferentes escritos en los que demandaban su puesta en libertad o su acercamiento a Euskadi. Fueron cerca de 400 peticiones que fueron rechazadas por las juntas de tratamiento de cada centro.
Cerrado ese paso, los abogados de los presos, entre ellos, el senador de Amaiur, Iñaki Goioaga, comparecieron en rueda de prensa el pasado 14 de noviembre para explicar la estrategia con la que buscaban poner fin a la dispersión. La fórmula elegida fue la presentación de escritos individuales, pero en bloque y con un guión común. El documento distribuido entre los reclusos de ETA constaba de 14 folios en los que cada interno detallaba su periplo por los diferentes centros penitenciarios y explicaba los «abusos» que, a su juicio, habían padecido. Entre los primeros que presentaron estas reclamaciones había seis reclusos enfermos, otra media docena con más de 70 años de edad y cerca de 40 con penas superiores a los 20 años de reclusión. En total, entre 50 y 60 internos reclamaban cumplir su condena en la cárcel alavesa de Zaballa.
Argumentaban, entre otras cuestiones, que su estancia en centros alejados del País Vasco suponía una violación de los derechos a las comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica, así como a la cultura y a la educación. Entre los firmantes estaban históricos dirigentes etarras como Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’; José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’; Henri Parot, Felipe San Epifanio, ‘Pipe’; Xabier Alegría y Pablo Gorostiaga, exalcalde de Llodio que quedó en libertad el pasado 22 de marzo.
Sin embargo, la juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, María de los Reyes Jimeno, echó ayer un jarro de agua fría a las esperanzas de los reclusos. La magistrada dictó una treintena de autos –aún tiene pendiente de resolver una cifra similar– en los que rebate las tesis de la defensa, tanto por la forma como por el fondo.
Para empezar, Jimeno sostiene que la vía más adecuada para pedir el traslado hubiese sido la contenciosa. En este sentido, recuerda que la potestad sobre dónde debe estar
un interno recae en Instituciones Penitenciarias y que la capacidad de influencia del juzgado de Vigilancia «es ciertamente excepcional». Sólo puede actuar, recalca la magistrada, si se ha producido «una clara vulneración de los derechos fundamentales y penitenciarios susceptible de ser corregida por la vía del traslado».
82 ‘vis a vis’
Y eso, a su juicio, no ocurre. En el auto referido a ‘Pakito’, por ejemplo, Jimeno rechaza de forma categórica que se haya vulnerado su derecho a la comunicación. Según sus datos, sólo en los dos últimos años ha mantenido un total de 82 contactos, tanto ‘vis a vis’ con sus familiares más directos «con total regularidad y frecuencia mensual», como de tipo ordinario por locutorio con amigos y familiares. Sobre las llamadas telefónicas, la magistrada revela que incluso ha podido hacer más de lo que marca la ley. Con tantas «vías de comunicación», tampoco puede considerarse que su alejamiento haya perjudicado a su derecho a una defensa.
En cuanto a la asistencia médica, ‘Pakito’, internado en la cárcel zaragozana de Zuera, ha sido atendido con normalidad tanto en enfermería como en los hospitales de referencia. Jimeno también echa por tierra la posible conculcación de su derecho a la cultura y educación porque, según el informe de la prisión aragonesa, nunca ha solicitado participar en actividades de este tipo por lo que «difícilmente han podido serle denegadas».
«En definitiva, no consta acreditada en autos una concreta vulneración de los derechos alegados por el interno y tampoco cabe considerar trato inhumano ni degradante en si mismo el hecho del cumplimiento de la condena en centro penitenciario distinto del que solicita el interno como de su preferencia», zanja Jimeno.
La decisión, en todo caso, tampoco ha sorprendido demasiado en el entorno de la izquierda abertzale. Ya cuando se presentaron las peticiones de traslado estaban convencidos de que Vigilancia Penitenciaria rechazaría sus planteamientos. Sus limitadas esperanzas estaban puestas, en todo caso, en la Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande Marlaska, donde, previsiblemente, esperan que acaben todos los recursos que ayer mismo anunciaron que iban a presentar los abogados «que estamos tramitando las solicitudes de traslado a Zaballa de pres@s del EPPK», según se autodenominaron en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.
Aun así, se prevé una larga batalla jurídica. El Gobierno da por hecho que todos los recursos serán rechazados y la defensa no descarta llegar hasta Estrasburgo.