EL MUNDO 18/02/15
· Reclama al Gobierno que actúe en Venezuela pese al «miedo» a represalias económicas
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no se fía del Gobierno y su interlocución con el Ministerio del Interior es nula. Por eso, ayer utilizó el registro general para hacer llegar un escrito al ministro, Jorge Fernández, en el que, sucintamente, pide a Interior «el listado de solicitudes de extradición realizadas por el Gobierno de España de sujetos relacionados con delitos de terrorismo actualmente pendientes».
Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, firma personalmente el escrito en el que, «en nombre de los más de 4.500 asociados» que forman parte de su organización, traslada al titular de Interior su «preocupación ante las publicaciones aparecidas en los últimos días en relación a la presencia de miembros de la organización terrorista ETA en Venezuela».
Al tiempo que recuerda que «la presencia de terroristas en países de Latinoamérica es una noticia conocida públicamente desde hace años», matiza la importancia de las informaciones publicadas por este periódico que sitúan a Ignacio de Juana Chaos en Chichiriviche (Venezuela) y a al menos otros 20 terroristas de ETA con causas pendientes u órdenes de búsqueda en España en el mismo país caribeño.
Por ello, y recordando que «en 1996» la solicitud de extradición de una «veintena de terroristas huidos en diferentes países» permitió que «muchos de los atentados cometidos por aquellos terroristas no hayan prescrito», Pedraza muestra su recelo ante la actuación del Ejecutivo y reclama al Gobierno que detalle las solicitud de extradiciones realizadas.
La propia Pedraza manifestó ayer a este periódico su convencimiento de que existen «conflictos diplomáticos» y de que «hay mucho miedo a que se privaticen empresas españolas o que tengan problemas con el Gobierno venezolano».
La presidenta de la AVT fijó en 15 días el plazo que su organización otorga a Interior para dar «al menos acuse de recibo» de la solicitud del listado. «Si no», advirtió, «veremos cómo actuar, pero desde luego no vamos a estar callados». «No puede ser que aquellos etarras que viven en Venezuela en virtud de acuerdos de hace muchos años se conviertan en anfitriones de todos los que se fugan ahora de España», aseguró Pedraza, que además reprochó: «Quienes se han fugado lo han hecho porque en España se han hecho las cosas mal».
En cualquier caso, la presidenta de la AVT mostró su convencimiento de que la defensa de otro tipo de intereses españoles en Venezuela «no quiere decir que tenga que convertirse en un santuario de etarras».
Precisamente ayer, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró en una entrevista en Telecinco que no se puede «considerar a Venezuela un santuario de etarras». Estas palabras del titular de Justicia sentaron muy mal entre las víctimas de ETA.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, consideró «muy graves y desafortunadas» las declaraciones de Catalá, que también aconsejó en los pasillos del Congreso no elevar los «tonos políticos» con Venezuela al tiempo que subrayaba la necesidad de mantener las relaciones con el país latinoamericano y actuar conforme a los tratados y convenios internacionales, informa Efe.
En conversación con este periódico, Portero se mostró indignado ante la aseveración de Catalá y aseguró que «Venezuela es el mayor santuario de ETA de todo el mundo, es un lugar en el que los terroristas incluso forman parte del Gobierno».
Además, recordó que, «si bien es cierto que conseguir la extradición con el delito de enaltecimiento del terrorismo es muy complicado», hay otros casos, como el del etarra Arturo Cubillas, «que se sustentan en delitos muchos más graves que el que se imputa a De Juana».
Portero denunció que el Gobierno venezolano no acata el Tratado de Extradición suscrito con España y vigente desde 1990, «y no se extradita a los terroristas porque al Gobierno venezolano no le da la gana».