Avisa al PNV de que el «nacionalismo totalitario es incompatible con la doctrina católica». Recuerda que la Constitución se puede modificar, pero siempre que sea por los cauces legales.
La Iglesia arremetió ayer contra el plan Ibarretxe. Por medio de un rotundo comunicado, la Conferencia Episcopal Española censuró la propuesta de Juan José Ibarretxe por considerarla «moralmente inaceptable, insolidaria y excluyente», por entender que tiene tintes «totalitarios», impone el «culto a la nación» y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas.
La cúpula eclesiástica baja de nuevo a la arena política, a pesar de que una de sus máximas, en teoría, es no intervenir en ella. Y esta vez no lo hace para criticar al Gobierno socialista, sino para lanzar una dura advertencia al PNV, uno de los partidos democristianos de mayor tradición católica, por la deriva que, a su juicio, está tomando la formación de Josu Jon Imaz con su pulso al Estado.
Tras la aprobación del pasado 30 de diciembre en el Parlamento Vasco de la Propuesta de Nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, el órgano de gobierno de la Iglesia se siente en la obligación de dar su opinión y recuerda que el derecho de autodeterminación lo tienen los pueblos que son colonizados o invadidos, pero no los que «unilateralmente» deciden que se quieren independizar, porque ése es un caso en el que la secesión «es moralmente inaceptable». Sobre todo cuando ese territorio impone su exigencia «a toda costa y por cualquier medio», lo que a ojos del clero se convierte en una «idolatría de la propia nación» que «pervierte gravemente el orden moral».
«Falsear la realidad»
El documento se titula ‘Sobre nación y nacionalismos’ y es un comunicado hecho público por su secretariado de la Conferencia Episcopal, que no ha sido debatido por el pleno de la institución. Pero recoge muchos de los extremos incluidos en la instrucción pastoral ‘Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias’, aprobada en plenario en noviembre de 2002 y que suscitó un fuerte rechazo de las fuerzas nacionalistas vascas.
La Iglesia cree que muchos de los argumentos incluidos en aquel documento de condena de la actividad de ETA valen ahora para criticar el plan Ibarretxe. Por ejemplo, que España es el fruto de largos y complejos procesos históricos que «no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares» como los de los nacionalistas. Advierte al PNV -formación a la que no cita de manera expresa la nota- de que, como el resto de los partidos políticos, debería utilizar «argumentos verdaderos» para intentar alcanzar sus objetivos porque de lo contrario sus acciones «degeneran en una ideología y un proyecto excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitarias».
Por ello, la Iglesia reitera su denuncia de que ningún territorio puede negar unilateralmente la soberanía de España, y que los territorios que la componen deben asumir que «no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino».
La jerarquía eclesiástica aclara que no combate a los partidos nacionalistas, pero les exige que dejen de considerase a sí mismos como los únicos capaces de «proponer el amor a la nación» y les pide que no caigan en el error de «excluir y menospreciar» al resto de realidades nacionales o estatales.
«La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado (…) da lugar a un nacionalismo totalitario, incompatible con la doctrina católica». La Iglesia cree, además, que el cometido de los partidos políticos es el de ponerse al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, por lo que «no es moralmente aceptable» que el nacionalismo anteponga a esos derechos básicos su concepción de la nación y el Estado.
Por último, recuerda que la Constitución española es el marco jurídico «ineludible». Admite la posibilidad de reformarla, porque «no es perfecta», pero no a través del plan propuesto por el lehendakari, sino según lo previsto por la ley. «Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria», concluye la Iglesia en su comunicado de prensa.
Rechazo inequívoco
La pastoral contra el terrorismo ahora recordada por la Conferencia Episcopal tuvo un accidentado nacimiento. Fue el cierre de una serie de enfrentamientos de la cúpula eclesiástica con el Gobierno de José María Aznar, que desembocaron en una grave crisis tras las elecciones autonómicas de 2001, cuando los obispos del País Vasco difundieron una pastoral en la que criticaban la ilegalización de Batasuna, el pacto antiterrorista, cuestionaban la forma en la que el Ejecutivo del PP combatía la violencia e incluso alertaba de presuntas torturas a los presos de ETA.
La Conferencia Episcopal Española se negó entonces a firmar el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y se desmarcó con tibieza de la pastoral de los prelados vascos. La pastoral de los obispos españoles contra el terrorismo buscó cerrar aquellas heridas abiertas en la relación con el poder político.
Ahora, antes de que haya aparecido cualquier asomo de tirantez por la posible posición de la Iglesia ante la propuesta de Ibarretxe, la Conferencia Episcopal optó por difundir un comunicado de inequívoco rechazo al proyecto defendido por los nacionalistas vascos.
Los obispos vascos no se pronuncian de momento
Los obispos vascos eludieron ayer pronunciarse, de momento, sobre el duro comunicado de la Conferencia Episcopal Española contra la propuesta del lehendakari Ibarretxe. Las diócesis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria no entraron a valorar el comunicado del órgano de gobierno de la Iglesia, que no ha sido sometido a votación del plenario, del que forman parte también los obispos vascos.
Fuentes del obispado donostiarra señalaron que la base de la nota difundida ayer recoge muchos de los preceptos de la pastoral ‘Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias’, aprobada en plenario en noviembre de 2002 para denunciar a ETA y que fue criticada por los partidos nacionalistas vascos.
Entonces, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, difundió entre los feligreses una carta de respuesta en la que condenaba el terrorismo de ETA y pedía libertad moral ante los nacionalismos pacíficos y democráticos. Uriarte añadió que la pastoral de la Conferencia Episcopal de 2002 «ha sido aprobada legítimamente por una notable mayoría de los obispos reunidos» pero su contenido «no es en sí mismo moralmente vinculante» para los creyentes.
EL DIARIO VASCO, 8/1/2005