EL MUNDO 08/09/14
· El conseller de Territorio, Santi Vila,sostiene que desobedecer sería «un divertimento» sin «interés político»
La Generalitat aclaró ayer una de las dudas más importantes que quedaban con respecto al 9 de noviembre. El conseller de Territorio, Santi Vila, desveló que el Ejecutivo catalán no se plantea sacar las urnas a la calle si el Tribunal Constitucional (TC) prohíbe, a instancias del Gobierno, la consulta soberanista.
Esta decisión de no llevar hasta el final el desafío contrasta con los deseos de los más fieles compañeros de viaje de CiU en este proceso: ERC y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Dirigentes del partido republicano y de la influyente entidad civil han pedido a Artur Mas en repetidas ocasiones que saque las urnas el 9-N aunque el TC invalide la consulta, para que se evidencie la «intransigencia» del Gobierno de Mariano Rajoy.
El mensaje que lanzó ayer Santi Vila va en la línea que ha seguido Mas en los últimos días, de cariz más conciliador después de muchos meses de enfrentamiento abierto con Madrid. El presidente de la Generalitat subrayó varias veces en su comparecencia de balance del pasado martes que sólo se plantea una consulta «legal». Se refería a su voluntad de vehicular la consulta a través de una ley específica que está elaborando el Parlament, pero no quiso desvelar qué hará cuando el Gobierno la recurra ante el TC, como nadie duda de que va a suceder.
Ayer, el consejero Vila, uno de los más moderados del Govern en la «cuestión nacional», descartó la fórmula que han defendido tanto ERC como la ANC. Cuando le preguntaron en Catalunya Ràdio si la Generalitat estaba dispuesta a sacar las urnas a la calle para desafiar la prohibición del TC, afirmó: «Ésta es una hipótesis que debe de haber planteado alguna entidad desde el punto de vista cívico, pero los que tenemos responsabilidades institucionales sabemos que este tipo de iniciativas [se refiere a la consulta soberanista], para que tengan interés y no sean simplemente un divertimento, se tienen que hacer con solvencia y garantías».
Vila verbalizaba así uno de los principales miedos de CiU en relación al referéndum que promueve: que se convierta en un remedo de las consultas municipales que acogieron cientos de pueblos catalanes entre septiembre de 2009 y abril de 2011. Esos ensayos sólo consiguieron movilizar a los independentistas, y en total acudió a votar menos de un 20% de los convocados.
El conseller advirtió de que si la consulta «no se hace con un reconocimiento institucional pasa a ser una iniciativa cívica que no tiene ningún tipo de consecuencia ni de interés político». Por ello, afirmó que la negativa del Govern a sacar las urnas a la calle debería «ayudar a tranquilizar a todo el mundo».
No hay que bucear demasiado en la hemeroteca para comprobar qué lejos está Vila –que ayer fijó la doctrina del Govern en este aspecto– de ERC y de la ANC. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, decía hace unos meses que estaba «absolutamente convencida» de que los catalanes votarán el 9 de noviembre: «Porque no hay ninguna ley que prohíba votar y porque si alguien viene a retirar las urnas, ya habremos ganado».
En la misma línea de presionar a Rajoy para dejar claro «a la comunidad internacional» que los catalanes están determinados a celebrar una consulta se manifestaba hace unos días Carme Forcadell. La presidenta de la ANC, la entidad que ha organizado las multitudinarias manifestaciones de las últimas diadas, explicó una hoja de ruta muy diferente a la que explicitó ayer Vila.
«Nosotros debemos hacer lo imposible para sacar las urnas a la calle. Que sean otros los que las retiren si quieren asumir el coste. Quien se atreva, que las retire. Eso lo veo clarísimo», afirmó. En su opinión, «el Estado español quedaría retratado» si enviase a las fuerzas de orden público a impedir la consulta.
El consejero Vila dejó también claro que la opción preferida de CiU para cuando el TC anule la convocatoria de la consulta son las plebiscitarias. Afirmó que Mas está «determinado a dar la voz al pueblo», pero insistió en que «el Gobierno de Cataluña, y especialmente si lo preside alguien de Convergència, siempre se ajustará a derecho, porque somos una sociedad avanzada, madura y moderna, donde hay muchos derechos sociales por garantizar, y siempre mandaremos el mensaje de que respetaremos la Ley».
«Estamos convencidos de que podríamos consultar a los ciudadanos ajustándonos a Derecho; si no se nos deja hacer, siempre nos queda un mecanismo, que se llama ir a votar, con unos planteamientos claros. En unas elecciones, evidentemente», añadió, en referencia a un adelanto de las autonómicas al que también el presidente de la Generalitat parece cada vez más resignado, aunque su intención inicial era la de agotar la legislatura.
En cualquier caso, él afirmó que estaría decidido, en el improbable caso de que la consulta se acabe celebrando en los términos en los que actualmente está planeada, a votar a favor de la ruptura con España. «Es que ningún político español ha puesto ninguna solución sobre la mesa. Nadie ha hablado de reconocernos como nación histórica, de respetarnos. Como no hay nadie, parece, en el Estado español a quien preocupe esto, la única solución es votar por la independencia», aseguró.
El conseller de Territorio también ha sido uno de los miembros del Govern que desde el primer día han querido marcar mayor distancia con el caso Pujol. Vila insistió ayer en que es partidario de «depurar responsabilidades» con respecto a los delitos supuestamente cometidos por el ex president y pidió que haya un «castigo contundente» si se prueban los hechos. «Dicho esto, no perdamos de vista que Pujol no necesariamente se merece el escarnio del Parlament, donde todo el mundo dice lo primero que se le pasa por la cabeza en función de con qué pie se ha levantado», añadió.