El Gobierno catalán está redoblando sus esfuerzos de lobby en Europa. La red de delegaciones abierta en los últimos años para vender y defender el procés no ha obtenido hasta la fecha los resultados esperados. En sus dos últimas visitas a Bruselas, el president Puigdemont no ha sido recibido por ninguna autoridad de las instituciones europeas. El Parlamento, la Comisión y el Consejo tienen las puertas cerradas para los líderes catalanes, a diferencia de los responsables de otras comunidades autónomas españolas. La UE ha dejado muy clara su postura en el debate entre Madrid y Barcelona y los trabajos de presión no funcionan.
Por eso, el Govern busca nuevas vías. El delegado catalán en Viena, Adam Casals, visitará la capital comunitaria a finales de este mes. La oficina de Bruselas, con Amadeu Altafaj al frente– un ex alto funcionario europeo durante años–, ha llegado a su tope, al menos con el marco institucional actual. Por eso Casals ha decidido liderar un segundo frente, intentando un acercamiento a los políticos del bloque de Europa del Este, que comprende Austria, Eslovenia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania.
En una carta a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Casals escribe directamente a un buen número eurodiputados de esas naciones que quedan bajo su jurisdicción –como «enviado del Gobierno catalán» para esos países– y de todo tipo de formaciones políticas, para presentarse, explicar su función y solicitar encuentros bilaterales durante su visita a Bruselas.
«La acción externa y un nuevo estilo transparente de gobierno que mira hacia Europa están entre las principales prioridades de esta gran coalición», asegura el delegado, un experto en «servicios de asesoría estratégica y comunicación en relaciones internacionales, especializado en los países centroeuropeos y de lengua alemana», según su perfil oficial.
Casals, alguien menos posicionado en Bruselas que Altafaj, intenta un acercamiento semiformal, con cartas de presentación pero limitándose a una invitación: «Estaría encantado si su agenda le permitiera que organizáramos un encuentro para conocernos personalmente e intercambiar puntos de vista».
Un trabajo personalizado tras el último fiasco de hace apenas unas semanas, cuando una conferencia de Puigdemont, Romeva y Junqueras en la Eurocámara fue escuchada por apenas dos decenas de eurodiputados, a pesar de la gran campaña de difusión de los organizadores.
En la misiva queda claro que la decisión de contactar con los países del Este no es del delegado de Viena, sino que se tomó en Barcelona. «El ministro de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, me ha encargado que establezca contacto con los miembros del Parlamento Europeo que vengan de los países en los que trabajamos», explica la carta.
Para captar la atención de estos nuevos potenciales simpatizantes, Casals no duda en maquillar la realidad política de sus jefes. «Como quizás sepa, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña está formado por liberales, socialdemócratas, verdes e independientes». Ni rastro de los integrantes de izquierda o independentistas, y mucho menos del apoyo de la CUP, una formación antisistema. Ninguna referencia al procés, los procesos judiciales, las manifestaciones o los asuntos que se abordaron en la charla del pasado 24 de enero. Un perfil bajo, casi aséptico, para la nueva ronda de contactos.
Según fuentes europeas, la carta, fechada tres semanas después de esa polémica charla, es la reacción del servicio exterior de la Generalitat tras evaluar los resultados de las últimas campañas en Bruselas. «Han alcanzado el tope y lo saben. Si no cambia la estrategia no cambiará el resultado», explican. «Todos los posibles simpatizantes de su causa están ya convencidos y no bastan, así que están intentado más poder blando, un acercamiento más pragmático, con lazos económicos y culturales, y menos en la autodeterminación», indica desde el Parlamento Europeo una persona al corriente de los movimientos.