ABC 03/02/17
· El Gobierno confía en el apoyo del PSOE y C’s si llega a suspender la autonomía catalana
El «plan A» del Gobierno de Rajoy en Cataluña sigue siendo la «operación diálogo», que la vicepresidenta ha emprendido para abordar los problemas reales de Cataluña y tratar de superar el desafío independentista. Pero el Ejecutivo tiene un «plan B» perfectamente estudiado, como publicó ayer ABC, para responder ante cualquier acción de los secesionistas, incluida la convocatoria de un referéndum ilegal.
En La Moncloa se ha analizado al detalle la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supondría una suspensión de competencias autonómicas en esta Comunidad, pero que el equipo de Rajoy prefiere definirlo como «rescate administrativo». Desde el Gobierno se insiste en que la medida será siempre «proporcional» a las acciones ilegales que puedan tomarse.
Si se convoca un referéndum por la independencia, la primera respuesta será jurídica, con un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), que, previsiblemente, como ya hizo en 2014 ante el 9N, prohibirá cualquier consulta sobre la secesión de Cataluña. El choque entre Gobierno y Generalitat se produciría si ésta desobedece al TC y sigue adelante. Rajoy podría aplicar, por primera vez en la democracia, el artículo 155.
Puntual y parcial
La iniciativa de esa suspensión autonómica, que sería puntual y parcial, corresponde al Gobierno. La Constitución permite esta posibilidad siempre que «una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», algo que encaja con el intento de secesión.
En primer lugar, el Gobierno tendría que enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que desistiera de esa actitud contra el interés general de España o contra la ley. Si no es atendido, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Senado para dar el siguiente paso. El PP mantiene esa mayoría en la Cámara Alta (cuenta con 148 de los 266 senadores), luego no tendría ningún problema, aunque buscaría el respaldo del PSOE en una situación como esta, y de otros partidos constitucionalistas, como Ciudadanos.
Con ese apoyo de la mayoría absoluta del Senado, el Gobierno podrá adoptar «las medidas necesarias para obligar» a la Comunidad al cumplimiento «forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». La Constitución no detalla qué medidas son, pero desde La Moncloa se habla de un «rescate administrativo», según fuentes próximas al presidente consultadas por ABC. Consistiría en hacerse con funciones decisivas en algunas áreas y consejerías, para mantener la legalidad y evitar que se atente contra los derechos de los ciudadanos, la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad. El Gobierno tiene el plan detallado hasta el último punto, aunque lo guarda bajo llave: es una medida excepcional. No se oculta que se tomarían medidas necesarias para precintar los «colegios electorales» y evitar una votación ilegal. La intervención en Interior permitiría al Gobierno controlar la policía autonómica.