La política de la pandilla

EL CORREO 24/06/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ

El político revelación de esta temporada, Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos, se estrenó ayer en una intervención pública opinando sobre el terrorismo de ETA en la que hacía unas valoraciones bastante simples. En respuesta a una pregunta dijo que si tenía ocasión de hablar de ETA en el Parlamento Europeo diría «que ha producido un enorme dolor pero también diría que tiene explicaciones políticas».

Es posible que más de un compañero de la eurocámara le respondiera diciendo ¿y qué que tenga explicaciones políticas? Los parlamentarios italianos podrían contarle que también su terrorismo, tanto el de extrema derecha de Ordine Nouvo como el de extrema izquierda de las Brigadas Rojas, tenía explicaciones políticas. Los noruegos podrían hablarle durante horas de la inspiración política de Anders Breivik, el terrorista responsable de la matanza de 77 personas; los franceses también podrían darle una charla sobre el antisemitismo que llevó a un compatriota a ametrallar recientemente un museo judío en Bruselas. Todos los terrorismos que en el mundo han sido han invocado «explicaciones políticas» y ETA no iba a ser una excepción. Eso no reduce la responsabilidad de los terroristas en sus crímenes, ni añade nada a la explicación del fenómeno. Es sólo una obviedad.

Lo importante no es la motivación política que se esconda detrás del crimen, sino las consecuencias que se quieran sacar de ella. Iglesias Turrión atribuyó a esa condición política de ETA el hecho de que los gobiernos de España hubieran tratado de negociar con la banda terrorista. Ahí se equivoca radicalmente. Si fueron a hablar con ETA no era por su condición de grupo político, sino por la de terrorista, ya que lo que buscaban era que acabaran con sus crímenes.

El mejor ejemplo de los motivos que llevan a un gobierno a una negociación con asesinos se puede ver en El Salvador. En marzo de 2002, el Gobierno presidido entonces por Mauricio Funes, candidato del FMLN, la antigua guerrilla, comenzó una negociación con los dos principales grupos de delincuentes del país, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, una negociación que condujo a una tregua de los mareros y a una reducción radical del número de asesinatos. Hasta Pablo Iglesias Turrión tendrá que reconocer que aquella negociación, amparada luego por organismos de Naciones Unidas, no se debía a motivación política alguna de las maras, sino a la incapacidad del Estado para frenar sus delitos. En el país centroamericano lo tenían muy claro. El diario digital Elfaro.net, que reveló la existencia de las negociaciones y que ha seguido detalladamente todo el proceso, publicó el 4 de febrero de 2003 un artículo titulado «lecciones de las negociaciones con pandillas en América y España». La pandilla de España a la que se referían, era, lógicamente, ETA: «La historia demuestra que numerosos Estados han negociado con organizaciones que recurren a la violencia en aras de que éstas dejen de poner en peligro a la sociedad», señalaban justo antes de mencionar los episodios negociadores del gobierno español con ETA o los británicos con el IRA.

La inspiración política de la pandilla es lo de menos, lo que determina si hay negociación o no es la capacidad del Estado para controlar al grupo terrorista. Y en España se ha logrado controlarlo con los recursos del Estado.