El Correo-JOSU DE MIGUEL BÁRCENA Abogado y profesor de derecho constitucional
Habría que estar muy ciego para no darse cuenta de que tras la decisión de la Justicia belga y alemana, el independentismo vuelve a tener la iniciativa política
Se cumplen seis años del apogeo independentista. Al margen de que la solución al conflicto planteado se atisba lejana, me parece que ya va siendo hora de que quienes ostentan las más altas responsabilidades políticas extraigan algunas lecciones de la forma en la que el nacionalismo catalán plantea la consecución de sus objetivos. Ello no quiere decir, por ejemplo, que la posición dialogante de Sánchez no sea de recibo: lo es en tanto en cuanto tiene la obligación de comprobar la eficacia de vías alternativas a las planteadas por los gobiernos de Rajoy. En Barcelona los socialistas llaman a esto cargarse de razones ante nuevos (y posibles) actos de deslealtad por parte de quienes en este momento ostentan la Generalitat de Cataluña.
En cualquier caso, habría que estar muy ciego para no darse cuenta de que tras la decisión de la Justicia belga y alemana con respeto a las euroórdenes emitidas por el juez Llarena, el independentismo vuelve a tener la iniciativa política. Considero un error, en este sentido, la actitud del magistrado español retirando todas las euroórdenes tras la respuesta del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. Lo es en tanto en cuanto el juez no está regido por el principio de oportunidad a la hora de perseguir el delito, sino por el de legalidad: los ciudadanos deben responder siempre por los presuntos ilícitos penales que hayan podido cometer, no estando en manos del magistrado decidir si conviene o no la continuación de una causa. Resulta indiferente que tales ciudadanos se hayan fugado al extranjero o vayan a ser entregados por menos delitos de los que incluía la petición inicial.
Bien es cierto que el espectáculo de la Justicia alemana y belga no ha resultado demasiado edificante. Con su conducta, de escaso rigor técnico, se ha propiciado que al igual que ocurría en la Europa del siglo XIX, el continente vuelva a convertirse en el paraíso de aquellos que lideraban asonadas de todo tipo con la intención de propiciar cambios de regímenes políticos sin seguir los procedimientos legales oportunos. Pensábamos, sinceramente, que la Unión Europea superaba este modus operandi articulando un Estado de Derecho supranacional que garantizaba, antes que nada, la integridad y estabilidad de los Estados miembros que la fundaron, frecuentemente desafiados por guerras y otras formas de intervencionismo. Hoy, gracias a las libertades de establecimiento y de movimiento comunitarias, todos los participantes en el golpe de septiembre y octubre de 2017, que culminó en una declaración unilateral de independencia, podrán seguir con sus planes y sueldos para llevar a cabo la separación efectiva de Cataluña del resto de España.
Antes de que el independentismo cerrara por capricho el Parlamento autonómico hasta el próximo mes, diputados del PSC preguntaron en junio al Ejecutivo de Torra por la creación de las dos instituciones que en poco tiempo compondrán el gobierno en el exilio del ‘presidente legítimo’, Carles Puigdemont,: la asamblea de electos y el consejo de la república. Como no ha habido aún respuesta resulta imposible saber quién financiará tales órganos y, sobre todo, qué funciones tendrán. Ya adelanto, en todo caso, que su desempeño global tiene que ver con la creación de una república imaginaria que conviene no tomarse a broma: fundando poderes paralelos se abunda en la separación entre lo legal y lo legítimo, preparando el terreno para consolidar fenómenos de norma perversa que en un momento dado pueden facilitar un cambio de lealtad de los ciudadanos con respecto al orden constitucional vigente. Funcionarios de la Generalitat llevan además años adiestrándose en Estonia para la creación de una administración digital que apenas necesitaría una estructura material y humana para ponerse en marcha.
Sorprendieron, en este sentido, las palabras de Sánchez hace algo más de un mes en las que declaraba que no habría más contenciosos jurídicos en lo referido al ‘procés’ catalán. ¿Cómo piensan pararse iniciativas legales como las que puedan llevar a escenarios como los anteriormente descritos? Me parece poco compatible con la Constitución y el Estatuto de Autonomía el posible ejercicio de actividades vinculadas con la soberanía popular fuera del territorio español, aunque tales actividades solo tengan incidencia indirecta en la toma de decisiones de los órganos de autogobierno catalán. El Gobierno de la nación debería llevar a cabo, además, las iniciativas diplomáticas necesarias para que Bélgica expulsara a Puigdemont de Waterloo si finalmente instala allí la república en el exilio: es bien conocida la doctrina internacional que declara la excepcionalidad de los actos de un poder público extranjero en el territorio de un tercer Estado.
Naturalmente, con los precedentes ya conocidos y los actores implicados, bien por miopía política o por simpatía ideológica, la república catalana en el exilio tendrá lugar, dándose una vuelta de tuerca más en el descrédito de la democracia y el sistema constitucional español.