El Gobierno en funciones considera inevitable una sanción europea a España de 6.100 millones si no hay pactos entre los líderes políticos que permitan presentar un Presupuesto a Bruselas el 15 de octubre. «Esta vez se ha podido parar la multa, pero la próxima en octubre sería ya imparable», aseguran a EL MUNDO fuentes gubernamentales.
En esa fecha, el Gobierno de ese momento debe presentar un Plan Presupuestario de Ingresos y Gastos a Bruselas que pruebe que se van a adoptar las medidas con las que España logró frenar la multa el pasado 27 de julio. Ese plan sólo puede basarse, para tener credibilidad, en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 que, a su vez, es sólo posible si hay un Gobierno operativo en septiembre.
El procedimiento sancionador europeo se va endureciendo a medida que un Estado infractor reincide en no actuar contra un déficit excesivo y las multas se van convirtiendo en automáticas cuantas más veces se ignoran.
En el Ejecutivo aseguran que si Pedro Sánchez y Albert Rivera no alcanzan pactos que permitan la investidura de Mariano Rajoy, España no podrá acreditar ante Bruselas que va a tomar las medidas necesarias para cumplir la nueva senda de déficit, sobre todo para los 15.000 millones de ajuste que habrá que realizar en 2017. Por tanto, reincidiría en el incumplimiento del año pasado que dio lugar al primer expediente sancionador, junto a Portugal, de la historia de la Eurozona.
En ese caso, según un informe oficial gubernamental, se desencadenaría un amplio abanico de sanciones en aplicación del artículo 126 apartado 11 del Tratado de la Unión Europea, que es el aplicable cuando un Estado no obedece una decisión previa como la adoptada el pasado 27 de julio por el equipo de Jean Claude Juncker y refrendada con toda probabilidad esta semana por los ministros de Finanzas de la Unión Europea.
En primer lugar, una multa que ya no sería de hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto (2.000 millones) como la salvada in extremis la semana pasada, sino de hasta el 0,5% (5.000 millones). En el Ejecutivo consideran que la Comisión Europea iría a una sanción máxima por el escándalo que supondría desoír sus peticiones incluso tras haber obtenido el perdón de la multa anterior.
A estos 5.000 millones consideran que hay que sumar unos 1.100 millones de congelación de los fondos estructurales. Una portavoz de la Comisión Europea confirmó ayer que esta medida se adoptará a la vuelta del verano tras un diálogo con el Parlamento Europeo. En este caso, sólo si España presenta el 15 de octubre las medidas solicitadas, estos fondos se desbloquearán.
Fuentes de la Comisión Europea recalcaron ayer a este diario que el papel del Parlamento Europeo es «puramente consultivo» y que se tendrá en cuenta si prefieren que la congelación no afecte, por ejemplo, al Fondo Social Europeo, pero que la decisión de usar este arma con España y Portugal ya está tomada.
A estas sanciones, que sumarían ya 6.100 millones, es previsible que se una, según admiten las citadas fuentes gubernamentales, «la posibilidad de una supervisión reforzada mediante misiones de la Comisión a las que se puede invitar al Banco Central Europeo». Es decir, una vuelta de los llamados hombres de negro –como en la etapa del rescate bancario– para verificar que, esta vez sí, en España se toman medidas efectivas para controlar el déficit y, en consecuencia, no desestabiliza la Eurozona.
En el informe gubernamental se incluye también la opción de otras sanciones. Destaca la de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) reconsidere su política de financiación a España, puesto que no sería un país tan fiable como ahora. El BEI prestó en 2015 a entidades españolas unos 12.000 millones.
La Comisión Europea y el Consejo de ministros de Finanzas de la UE también pueden poner nuevas trabas a la emisión de bonos y obligaciones del Tesoro e incluso una espectacular sanción económica adicional para asegurar que no incurre en más gasto público y respeta el objetivo de déficit. Se trata de la posible obligación, como le ha sucedido a Grecia, de crear un depósito ante la Unión Europea sin devengo de intereses por un importe de hasta el 2% del PIB (20.000 millones) que no se podrá desbloquear hasta que se corrija el déficit excesivo.
Las fuentes gubernamentales consultadas no creen que a un país como España, que ha hecho un esfuerzo de reducción del déficit considerable desde 2012, se le aplique nunca todo el abanico de medidas, pero no ven argumentos para volver a conseguir la cancelación de la multa. En una UE plagada de gobiernos de coalición no entenderían que en España no se pusieran de acuerdo entre partidos que aceptan el euro como son el PP, PSOE y Ciudadanos, para respetar las reglas del club.
De hecho, tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que forma parte del Partido Popular Europeo, como el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, socialista, han coincidido en las últimas semanas en solicitar que se forme Gobierno «con rapidez» en España.
A la sanción de la UE habría que añadir otra peor y es el estigma ante la comunidad financiera internacional de que la cuarta economía del euro es incapaz de presentar presupuestos del Estado tras dos elecciones generales en seis meses y una amenaza de sanción sin precedentes por parte de la Comisión Europea. El freno de la inversión exterior agudizaría la desaceleración económica. Hasta ahora, los inversores han respaldado la nueva senda de déficit marcada por Bruselas por considerarla más realista y, de momento, apuestan que España la cumplirá. El bono español a 10 años cotizó ayer por primera vez con un tipo de interés por debajo del 1%, un mínimo histórico.