EL MUNDO 01/08/14
· Sortu cuenta con que no serán decomisadas porque recurrirán el fallo todas ellas
· Hace 16 años ya facturaban 15 millones anuales
La izquierda abertzale no tiene un miedo inmediato a la desaparición de sus sedes sociales, porque el decomiso de las 111 señaladas por la sentencia de la Audiencia Nacional no se ejecutará hasta que el fallo sea firme, y para eso pueden quedar «años», ya que la voluntad tanto de los 20 condenados, como en principio de todas esas herriko tabernas, es recurrir el pronunciamiento judicial hasta sus últimas consecuencias. «Hoy las herriko tabernas están igual que hace un mes», decía ayer uno de los condenados.
La sentencia sobre el caso, un sumario que se ha prolongado a lo largo de 12 años, ha supuesto un golpe relativo para la izquierda abertzale, que por un lado siente alivio ante la sustancial rebaja de las penas para los condenados –algunos como Rufi Etxeberria no irán a la cárcel porque ya han superado ese tiempo en prisión preventiva–, pero por otro no oculta su preocupación por lo que podría ocurrir si la Justicia les expropia los locales que, según dictaminan los jueces, financiaron a HB y, a través de este partido, a ETA.
«Las herriko tabernas, ¿qué son en realidad?», se pregunta la sentencia. Según lo recogido en ella, las primeras nacen con autonomía en 1976, incluso antes del surgimiento de HB dos años después. Sin embargo, eso se acaba. Poco a poco, el partido las va fagocitando hasta que son totalmente dependientes de él, que las utiliza como instrumento financiero y como base logística para depositar material y propaganda de kale borroka o incluso de ETA. Los condenados han negado esa vinculación durante el juicio, aunque el libro Herri Batasuna, 20 años de lucha por la libertad, editado en 1999 por la propia formación, asumía ese liderazgo. «Hoy día HB tiene 120 herriko tabernas», decía, y las definía como «las sedes sociales de HB».
A partir de 1992, se produce un giro, coincidiendo con el Proyecto Udaletxe incautado a la cúpula de ETA en Bidart, con el que la banda terrorista ideó los mecanismos para mejorar su financiación más allá de las vías habituales –la extorsión y los secuestros–, sacando el máximo partido a negocios como el hostelero. En ese cuadro, la banda sitúa a HB como una de sus grandes empresas y a la asesoría Banaka como dependiente en exclusiva del partido.
Con esta entidad, que va asumiendo la gestión de todas las herriko tabernas, se va abordando la regulación y homogeneización paulatina de una red aún diversa, al tiempo que un nuevo órgano, –la denominada «Comisión Nacional», en la que se sienta el responsable de organización de HB–, le sirve para controlar estos locales. El partido les acaba «imponiendo» la forma en que deben regirse todos.
Por un lado, tienen que adoptar la fórmula jurídica de asociación cultural, que garantiza un «bajo control por parte de la Administración» y «mayores ventajas fiscales», como explicaban en el documento interno Herrikos, un debate necesario. Con ello se consuma el disfraz: dice el fallo que las tabernas se vestían de asociaciones culturales para «encubrir» su misión clave, la de ser «instrumento político y financiero» de la estructura liderada por ETA.
El control acaba siendo férreo, con reuniones mensuales y directrices para coordinar su «labor» y mantener la «visión global» de las herrikos. El entramado también dicta unas Normas para la explotación de la herriko taberna. La número 15 dice que deberán tener listo «en todo momento» un espacio al margen del abierto al público, que «quedará total y exclusivamente para el servicio de la coalición [HB]» y en el que no podrán permanecer solas «personas no afines» a ella.
¿Y cómo se llevaba a cabo esa financiación? La Audiencia Nacional reconoce que «no se ha conseguido intervenir cantidad alguna que pudiera haber circulado desde los orígenes de su ingreso en el circuito hasta su destinatario final dentro de ese entramado de ETA», pero afirma que eso no significa que no haya existido, y que en todo caso el hecho de que el proyecto de financiación planeado por la banda «tenga más o menos éxito» no es lo relevante.
Sobre cantidades, en el fallo aparecen algunos apuntes. Por ejemplo, una referencia a un documento informático hallado en la carpeta del responsable de la citada asesoría jurídica, que cifra el patrimonio de estos locales en el año 1998 en más de «2.000 millones de pesetas» (12 millones de euros). Se asegura que manejan anualmente por encima de los «2.500 millones de pesetas» (más de 15 millones de euros) y que un local puede facturar al año «aproximadamente 50 millones» (más de 300.000 euros).
Parte de esos ingresos iban a «atender gastos propios» y otra a «sufragar la estructura de HB».
Así lo dice la propia formación en un escrito que dirigió a algunas herriko tabernas: «No sólo debemos considerar el beneficio económico que se obtiene de la barra abierta. (…) Nosotros proponemos lo siguiente: hacer tres partes; una para el propio mantenimiento de la sociedad (arreglos, inversiones…), otra parte para invertir en actos culturales y la última a pasar a la cuenta de HB» para sufragar sus gastos de «estructura y dinámica».
Los condenados y el Gobierno vasco critican a los jueces
Para los condenados, muchos de ellos hoy integrados en Sortu, el fallo sobre las ‘herriko tabernas’ no se debe a ningún hecho probado, sino al miedo de las autoridades de España ante la exigencia de «derecho a decidir» que a su juicio plantea la sociedad vasca.
Diecisiete de los 20 condenados comparecieron ayer en un hotel de San Sebastián para denunciar que, mediante una «sentencia amañada», quieren «apartarlos» de la actividad política, en parte porque en muchos casos las penas de inhabilitación como cargo público son «el doble» de largas que las penas de prisión; y que además quieren infringir un «castigo colectivo» a «Euskal Herria» mediante el «expolio» de las ‘herriko tabernas’, «bienes de interés público».
Karmelo Landa e Idoia Arbelaitz, acompañados de Rufi Etxeberria, Joseba Permach y Joseba Alvarez, entre otros, dijeron que el fallo es un «completo disparate» y «fraude de justicia».
En paralelo, el Gobierno vasco defendió de nuevo a los condenados y criticó a los jueces. Su portavoz, Josu Erkoreka, dijo que la sentencia es «francamente incomprensible» y criticó que desde la Justicia «se empeñen en aferrarse a una costra argumental» que no tiene sentido y que «siempre ha sido contraria a la cultura de los valores y los principios del derecho penal».
Para el PSE, el fallo ofrece a «quienes fueron los jefes de Batasuna» en los años más duros de la violencia la ocasión de hacer «una revisión pública de sus responsabilidades». Por su parte, el PP vasco replicó a Sortu que quien está impidiendo que se avance en la convivencia en Euskadi no son los jueces sino la izquierda ‘abertzale’.