EL ECONOMISTA 16/06/16
FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
Creo que tener un proyecto de país es mucho más complicado que hacer un catálogo para vender muebles. Aún así, ambas cosas tienen en común que necesitan unas instrucciones, una hoja de ruta. Todos los que hemos montado muebles, hemos tardado siempre más tiempo del previsto, pero teníamos la seguridad de que las instrucciones estaban bien, y que no faltaban tornillos para el montaje.
Hace unos días ya comentábamos que las medidas anti-fraude de Izquierda Unida-Podemos no cuadraban. Los 50 pasos eran un camino hacia ninguna parte. Ahora, claramente han mejorado la presentación pero las novedades siguen sin tener sentido.
Seguiremos el comentario por la medida 45: «Ampliación a diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales». Esto parece sonar bien, pero, por una parte, los delitos más graves en este ámbito ya tienen un plazo de prescripción de 10 años. En cualquier caso, pasados 10 años casi nadie conserva papeles, con lo que la persecución del delito no es fácil. Quizás no sea muy efectivo, pero tampoco parece un problema. Lo que sí lo es rebajar el límite del delito fiscal de 120.000 euros a 50.000, que también proponen.
En realidad, la medida se podría denominar: «garantizaremos el colapso de la justicia en materia de delitos contra la Hacienda Pública». Por cada acta de más de 120.000 euros puede haber 10 de más de 50.000 euros. Esto quiere decir que los populistas de izquierda quieren enviar diez veces más delitos fiscales a los Tribunales. El principal problema es que los Tribunales ya están colapsados. A mí me han citado para juicio como perito por un tema que había enviado hacía ocho años y medio. No tengo el record, precisamente. Hay compañeros inspectores que han tenido que declarar diez años después de haber enviado un expediente a delito.
El plazo medio de tramitación de un delito fiscal en los Tribunales, según declaró hace unos meses la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era de 2.331 días, es decir unos seis años y medio. Y hay que tener en cuenta que hay delitos fiscales que se resuelven por acuerdo, lo que baja sustancialmente la media. Si elevamos el número de asuntos que tienen que resolver los Tribunales Penales, simplemente los colapsaremos, especialmente si no se toma ninguna medida para agilizar la Justicia.
Esto tiene varias consecuencias: la primera de ellas es que hay más de 6.000 millones de euros, denunciados y pendientes de cobro en los Tribunales Penales. Si no resolvemos el atasco, sino que lo agravamos, no vamos a conseguir cobrar, sino todo lo contrario. En segundo término, si colapsamos definitivamente los Juzgados, estaremos garantizando la impunidad de los delincuentes fiscales, especialmente de los delincuentes que más han defraudado.
En Ciudadanos hemos propuesto un plan de choque para recuperar este dinero pendiente de cobro en los Tribunales Penales. Además, tenemos una partida específica de 400 millones de euros en la página 17 de nuestra memoria económica para financiar una mejora sustancial de los medios en la Administración de Justicia.
Pero por encima de todo, en esta campaña electoral, desde Ciudadanos proponemos medidas factibles, no ideas que suenan bien, pero que son imposibles de aplicar en la práctica. Para montar muebles hace falta tener planos correctos y tornillos de la dimensión adecuada. Para gobernar un país, lo primero es conocer la situación para poder proponer medidas realistas.
En general, y no sólo en el caso de la coalición de Izquierda Unida y Podemos, no hay medidas realistas, ni números, especialmente en materia de impuestos. Por esa razón, sería muy interesante poder tener un debate sobre impuestos y cuentas con los responsables de los demás partidos. Sinceramente, no veo probable que se celebre el debate. En cualquier caso, en el próximo post hablaremos de IRPF, ese impuesto, que pese a que Podemos en su cuenta oficial en Twitter diga lo contrario, no pagan las empresas, y sí las personas físicas.