ABC 19/10/14
· Los expertos advierten de que el nexo entre terroristas y delincuentes está mutando hacia un mayor grado de colaboración con el crimen organizado
Desde la página 1 El 20 por ciento de los yihadistas detenidos en España habían estado antes en prisión por otras actividades, como tráfico de drogas, robos, falsificación de documentos… Pero los Servicios de Inteligencia advierten de que las conexiones que este tipo de terrorismo tiene con la delincuencia común están mutando hacia grupos criminales más organizados y complejos. El Gobierno aprobó hace días la creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), precisamente para dar respuesta a las nuevas amenazas que se ciernen contra la Seguridad Nacional.
Según los informes que manejan los Servicios de Inteligencia a los que ha tenido acceso ABC, España es un país con altas posibilidades de que convivan las redes yihadistas con el crimen organizado. Y lo que es peor, que cada vez estrechen más esos vínculos de colaboración interesada. Una relación que consiste en que integrantes de una célula se dedican también a actividades delictivas, como traficar con droga para financiarse, o que los terroristas delegan algunas de sus necesidades logísticas en organizaciones que se mueven en el ámbito del crimen organizado. Aunque terroristas y delincuentes comunes tengan diferentes objetivos y «modus operandi», pueden converger con el fin de servir a los propósitos de los primeros, a cambio de contraprestaciones. Se da la circunstancia de que la «Sharia» (Ley musulmana) prohibe el delito, mancharse las manos con actividades criminales, excepto el contrabando de tabaco, que no lo considera «pecado». Pero, hipocresías de la vida, el «botín de guerra», procedente de cualquier actividad ilícita, sí está permitido si contribuye a materializar los objetivos.
Financiación legal e ilegal
Es probablemente en la financiación cuando más estrechos parecen ser las vinculaciones entre el yihadismo y el crimen organizado. Y más en la actual coyuntura. En efecto, la mayor presión policial sobre inversiones legales y negocios para prevenir la financiación encubierta del terrorismo y las dificultades para conseguir dinero suficiente mediante la delincuencia común, está obligando a las células yihadistas a acudir a delitos de mayor envergadura, como el tráfico de drogas a gran escala, también de armas y explosivos, además de secuestros de ciudadanos occidentales.
Según recuerdan las fuentes antiterroristas consultadas por ABC, ese proceso de financiación suele tener dos fases. Una primera, referida a la captación de fondos. Puede ser a través de medios legales (locutorios, carnicerías halal, donaciones, colectas, incluso subvenciones) o ilegales (tráfico de drogas, armas, explosivos, robos, falsificación de documentos, estafas, delito fiscal…). En cuanto al material estupefaciente, recurren por lo general al tráfico de cocaína, heroína y hachís.
La segunda fase se basa en la utilización de procedimientos para conservar los recursos en algún lugar apropiado o transmitirlos a personas o grupos que han de hacer uso de los mismos. Como ejemplos, se emplea a menudo el «hawala» (no hay movimientos físicos de fondos, se basa en la confianza), correos humanos, banca islámica, ONGs, inversiones en paraísos fiscales, inversión en oro y diamantes, ingeniería financiera, mezquitas… Por lo general, los grupos yihadistas van modificando los métodos para entorpecer las investigaciones policiales.
Así pues, tras las numerosas operaciones llevadas a cabo en España contra el terrorismo de corte islamista, las Fuerzas de Seguridad consideran acreditada la vinculación entre esas redes yihadistas y el crimen organizado. Las células islamistas instaladas en España se dedican en los últimos años al reclutamiento de combatientes con destino a zonas en conflicto. Pero para ello necesitan de un sistema complejo que incluye, además de las citadas vías de financiación, varias actividades con componentes criminales: obtención de documentos falsos (acceso a determinado material), adquisición de armas y explosivos (en el mercado negro), su transporte y ocultación; desplazamientos y cruce de fronteras (recurren a contrabandistas experimentados)…
Factores demográficos
El número de extranjeros residentes en España es de aproximadamente 5,7 millones, de los cuales el 30 por ciento proceden de países que profesan el culto al Islam. Hay empadronados en torno a 792.000 marroquíes y de ellos el 30 por ciento están asentados en Cataluña. En 2012, el 26 por ciento de los grupos relacionados con el crimen organizado detectados en España estaban integrados por algún ciudadano de origen marroquí. Y se dedicaban especialmente al tráfico de hachís y cocaína.
Asimismo, en nuestro país figuran como empadronados alrededor de 64.000 argelinos, de los que el 34 por ciento residen en la Comunidad Valenciana. Además, hay registrados unos 81.300 paquistaníes. A todo ello hay que sumar los ciudadanos que habiendo nacido en España han sido educados en la religión y costumbres de los países musulmanes de los que proceden sus padres o abuelos. Como dominan el idioma español y nuestras costumbres, es más difícil detectarlos en el supuesto de que se radicalicen.
El caso es que en las sociedades occidentales, y por tanto en España, se percibe cierto fracaso en la integración de inmigrantes de origen musulmán. Lejos de estigmatizar la procedencia o la religión que profesan, lo cierto es que la creación de guetos, la existencia de desigualdades entre musulmanes y no musulmanes en aspectos como la formación escolar, o el acceso al mercado laboral, constituyen un factor de riesgo y caldo de cultivo para la radicalización. Según los informes de los Servicios de Inteligencia, la distribución geográfica de las redes yihadistas desarticuladas hasta el momento coincide en gran medida con las zonas de España donde se concentra mayoritariamente la inmigración de origen musulmán. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid son las zonas donde se ha practicado más detenciones de yihadistas. Y según estas mismas fuentes, el ámbito de actuación de los grupos de crimen organizado con integrantes marroquíes y argelinos se centra principalmente en Andalucía, además de Cataluña, Valencia y Madrid. Asimismo, los informes alertan de la «amenaza emergente» que supone la fuerte presencia de paquistaníes en La Rioja, que puede convertirse en un escenario de confluencia entre yihadistas y delincuentes.