Arnaldo Otegi fue condenado a seis años y medio de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna y a dos inhabilitaciones, una especial para empleo y cargo público y otra para sufragio pasivo.
En libertad desde el pasado 1 de marzo, el cabeza de lista de EH Bildu está convencido de que podrá burlar la inhabilitación, que en principio se extendería hasta el año 2021 y que su candidatura a la Lehendakaritza no admite dudas. «No habrá tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército que me impidan ser candidato», decía el pasado sábado.
Ayer mismo, Otegi repetía en una comparecencia para presentar a las cabezas de lista por Vizcaya que «debe obediencia al pueblo» asemejando su actitud con la del presidente de la Generalitat, Carles Pugdemont, y que no contempla la posibilidad de que se le impida presentarse a los comicios vascos porque «es muy difícil jurídicamente». «El debate no es si podré presentarme o no. El debate debería ser cómo es posible que alguien no pueda presentarse», señaló.
Pero si Otegi está seguro de su candidatura, las víctimas sí creen que se puede impedir que el líder de Sortu «burle la inhabilitación» y por ello urgen a la colaboración de los partidos, ya que, según recuerda Covite, las víctimas como organización no pueden recurrir, sino que la impugnación debe partir del resto de las formaciones que concurren a las elecciones y deben darse prisa en hacerlo por el escaso margen de tiempo que deja la ley electoral.
Covite, que también ha pedido a la Audiencia Nacional que «ejecute la sentencia que le condenó por un delito de terrorismo, en la parte de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo», cree que es necesario utilizar todos los medios legales al alcance para evitar que se siente de nuevo en el Parlamento vasco.
Mientras, los partidos prefieren agotar los plazos antes de levantar sus cartas, aunque fuentes del PP avanzaban ayer que utilizarán «todas las herramientas para evitar que se produzca la candidatura». «No descartamos nada», señalaron, al ser cuestionados por la posibilidad de presentar una impugnación como partido, al margen de la que pueda presentar la Abogacía del Estado, aunque se mostraron partidarios de esperar a entrar en plazos y que se presenten las listas electorales para actuar en consecuencia contra lo que consideran «una burla a las víctimas».
Al igual que las víctimas, varias asociaciones de jueces también consideran que Otegi no puede ser candidato a lehendakari con la sentencia de inhabilitación y así lo manifestaron ayer.
«No se pueden saltar, ni él ni otra persona, las sentencias firmes irreversibles», señalaba Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en declaraciones a Europa Press. También Ignacio González de Jueces para la Democracia (JpD) cree que las leyes son claras y, si está inhabilitado, «no se puede presentar», aunque será la Junta Electoral la que tendrá que verificar si la candidatura reúne los requisitos. En la misma línea, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, argumentó que las Juntas Electorales tienen «unos mecanismos para evitar» que se presenten aquellas personas que cuentan como una inhabilitación como la de Arnaldo Otegi. «Cada uno puede decir lo que quiera», señaló en referencia a las palabras de Otegi. Pero «una cosa es el deseo y otra lo que se pueda hacer».
También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) señaló ayer que Otegi tiene que cumplir la ley como el resto de españoles y, si su candidatura es impugnada, tendrá que respetar esa decisión porque todos los ciudadanos están «sujetos al principio de legalidad, se llame Otegi o se llame como se llame».