ABC, 8/9/11
Empresarios multados, madres y defensores del castellano explican a ABC su experienciaDenuncian que el Gobierno catalán anteponga su doctrina identitaria a la ley
En 1981 tenía lugar la primera gran movilización en favor de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Se trata del «Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña», conocido popularmente como el «de los 2.300» —cifra alusiva al número de firmantes— y que vio la luz en plena gestación de la primera ley de política lingüística impulsada por el Gobierno de Jordi Pujol y que sentó las bases de la inmersión en las escuelas públicas.
Treinta años después, los motivos que llevaron a suscribir ese texto siguen vigentes porque, a pesar de los logros obtenidos por los defensores del bilingüismo en el terreno judicial, los gobiernos autonómicos de CiU y del tripartito se niegan a aplicar las sentencias y mantienen un modelo lingüístico que incluso recoge un régimen sancionador. ABC ha recabado la opinión de los protagonistas de esa lucha en favor de la igualdad lingüística, entre los que se encuentran empresarios multados por no rotular en catalán, madres a quienes el Tribunal Supremo dio la razón en su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, un ex concejal que impugnó el reglamento de usos lingüísticos de su Ayuntamiento y representantes de plataformas como Convivencia Cívica Catalana e Impulso Ciudadano, que junto a la Asociación por la Tolerancia, lideran la reivindicación bilingüista.
Algunas de estas personas han sufrido represalias por abrazar esa causa en forma de amenazas —Xurde Rocamundi—, pintadas en sus negocios —Manel Nevot— e insultos —Enrique Abad y Francisco Caja—. Otras han ganado el pulso judicial —Santos y Gala— mientras que hay quien está pendiente de sentencia —Rocamundi— o pretenden llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo si hace falta para hacer valer sus derechos —Nevot—. Ninguno tira la toalla, pero la mayoría se muestra escéptica respecto a la posibilidad de que, finalmente, las administraciones cumplan con la ley y el castellano se mida de igual a igual con el catalán.
«Lo comparo con el talibanismo y el nazismo»
Xurde Rocamundi y Feli Piris, empresarios multados
Xurde Rocamundi es dueño de una inmobiliaria en Arenys de Mar (Barcelona) y fue sancionado con 1.200 euros por no rotular su establecimiento en catalán. Compara el empeño de la Generalitat en «construir su nación a través de la lengua» con el «talibanismo y el nazismo», porque «se busca un enemigo exterior, los infieles o los judíos, que en el caso del gobierno catalán es España o el castellano». Opina que los tribunales «han hecho algo tan razonable como trasladar el bilingüismo de la calle a las escuelas»; es decir, «que tanto el catalán como el castellano sean lengua vehicular, algo que rechaza el nacionalismo. Y eso no lo entiendo». Rocamundi critica que esa «sociedad civil» que se moviliza en favor de la inmersión esté compuesta por asociaciones subvencionadas por la Generalitat, como Ómnium Cultural.
Feliciana Piris, propietaria de una tienda de tejidos de Barcelona, también sufre la mordaza que la Generalitat aplica al castellano. En su caso, una multa de 1.200 euros por rotular en castellano «lanas, sedas y algodones» al lado del nombre de su tienda, que para más inri tiene nombre catalán: «Blau marí» (azul marino). También pagó por poner otros carteles aclaratorios en castellano, como «los hilos no se cambian», dirigidos a su clientela. Mientras cambia hilos sólo en catalán, Feliciana espera que «las leyes y la gente que manda cambien» para que se respete el castellano.
«Tienen que hacer algo»
Consuelo Santos, madre que recurrió al Supremo
Consuelo Santos, de Sabadell (Barcelona), junto a su marido y sus dos hijas, es una de las famosas «tres familias» a las que el Tribunal Supremo dio la razón el pasado diciembre en su petición de que se garantice el derecho a que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Tras la interlocutoria del TSJC que insta a la Generalitat a acatar los fallos del Supremo, ahora espera que el Ejecutivo de Artur Mas haga algo. «Algo tienen que hacer. Y no me voy a conformar con que digan que ahora van a hacer la asignatura de Gimnasia en castellano», advierte. Consuelo defiende una escuela trilingüe, en la que el catalán y el castellano estén a la par, y en las que se refuerce el inglés u otra lengua extranjera. «Yo pido para mis hijas lo mismo que los presidentes Montilla y Mas han querido para sus hijos, a los que han llevado al colegio alemán o al liceo francés», espeta esta madrileña casada con un catalán, quien denuncia que a su hija mayor la imposición del catalán le ha impedido sacar mejores notas.
«Anteponen la identidad a la ley»
José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano
Tras su experiencia parlamentaria como diputado de Ciudadanos, José Domingo ha cogido las riendas de Impulso Ciudadano, un movimiento cívico antinacionalista defensor del derecho de los castellanohablantes que ha ofrecido asesoramiento legal a los empresarios multados por no rotular en catalán. Califica de «lamentable» que el Gobierno autonómico catalán no tenga «ningún respeto por el Estado de Derecho y anteponga la doctrina identitaria a la interpretación que los jueces hacen de la ley». Recuerda que la democracia «se basa en la separación de poderes y no se puede demonizar a los jueces». En este sentido, recuerda que en la defensa del catalán «no todo vale» y afirma que la negativa del Gobierno autonómico a cumplir las sentencias favorables al bilingüismo «es profundamente antidemocrática».
«Tienen que acatarlo»
Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, comienza a vislumbrar una luz de esperanza para los que reclaman el derecho a que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. La entidad que preside ha asesorado a las familias que recurrieron al Supremo y a las 500 que han solicitado a la Generalitat que acate los tribunales. Si Mas y su consejera Irene Rigau no mueven ficha de aquí al 2 de noviembre, cuando concluye el plazo que el TSJC les dio para adaptarse a las sentencias, tiene claro el siguiente paso: se multará a la Generalitat y se denunciará a Rigau por desobediencia y prevaricación. «Tienen que acatar las sentencias», exige con denuedo.
«Vamos a ir hasta el final»
Marina Gala, maadre que recurrió al Supremo
Marina Gala, de Tarragona, es la cara visible de otras de las «familias coraje» de la lucha en defensa del derecho a una enseñanza en castellano. De las que el Supremo hizo célebres en diciembre. Ella, junto a su marido Agustín, batalla por sus ocho hijos (aunque algunos ya han superado la enseñanza obligatoria entre tantos años de litigios). «Vamos a ir hasta el final», anuncia, tras celebrar la interlocutoria del TSJC.
«Es territorio comanche»
Enrique Abad, exx concejal de Sant Pol de Mar
Abad es el ex concejal independiente del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona) que recurrió ante los tribunales el reglamento municipal de usos lingüísticos porque excluía el castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón en una sentencia que es firme. «Estamos en territorio comanche. El Gobierno español no tiene agallas para hacer cumplir la Constitución y las sentencias judiciales a las administraciones autonómica y local», asegura.
Lamenta que, siendo mayoría en Cataluña, «los castellanohablantes no se manifiesten para defender sus derechos». Está convencido de que la Generalitat nunca aplicará las sentencias «y no pasará nada, tal como ocurrió con el decreto sobre la tercera hora de castellano».
Para Enrique Abad, «que solo el catalán sea lengua vehicular es inconstitucional. Eso lo tienen claro los jueces y plataformas como Impulso Ciudadano o Convivencia Cívica, pero no las administraciones nacionalistas por puro partidismo».
ABC, 8/9/11