Por mucha vaselina que ponga el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut, el relativismo de las leyes, la maleabilidad de las palabras y el lenguaje creativo tienen un límite: la financiación se escribe con cifras.
Un andaluz de Ceuta y un catalán de Iznájar (Córdoba) se reunieron ayer para pactar la financiación catalana. Como de costumbre, el asunto había venido precedido de advertencias de gran conflicto que, también como de costumbre, se han resuelto en pompas de jabón.
No se ha hablado de dinero. De esto tratarán mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado y el conseller Antoni Castells, lo que, si bien se fijan, refleja una asimetría protocolaria.Una vez acordado el qué, el president manda al propio de las cuentas, un subordinado, a entenderse con la superiora de Manuel Chaves, que es un secretario de Estado venido a más. Sin embargo, la reunión ha sancionado la bilateralidad de Cataluña con el Estado. Así lo indican la comparecencia de ambos ante los medios con despliegue de banderas y el compromiso asumido por Chaves de cerrar en mayo un compromiso con la Generalitat catalana que el Gobierno llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El problema es que este órgano, en el que Gobierno y comunidades autónomas fijan la financiación de éstas, es incompatible con la bilateralidad. Es verdad que por razones prácticas, los gobiernos anteriores llevaban un preacuerdo que se cerraba en el órgano común. Hasta ahora, sólo Euskadi pasa del Consejo, a ver para qué, si la autonomía vasca se arregla divinamente con su sistema de Concierto y Cupo. Cataluña ha envidiado siempre este sistema.Si ahora va a cocinar su aportación y su financiación en olla aparte y Madrid hiciera lo mismo, el Consejo no tendría otra función que administrar la miseria resultante entre las comunidades de segunda. Es lo que llevó a Xabier Arzalluz, con ese don que tenía para hacer amigos, a hablar de «las autonomías de la envidia» en octubre de 1996. El sistema de Concierto y sobre todo, el cálculo del Cupo, supone una sobrefinanciación notable para el País Vasco, cuya economía supone el 5% de la española. Si se diera el mismo tratamiento a Cataluña, con un Producto Interior Bruto que supera el 19% del total, las consecuencias para el resto de comunidades serían dramáticas.
Cataluña tiene problemas con la actual financiación, eso es un hecho. Es atendible la opinión generalizada entre sus fuerzas políticas de que la redistribución debe tener un límite, pero no parece adecuado que ese límite lo puedan cerrar aparte del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El pensamiento mágico del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le llevó a afirmar durante el debate del Estatuto de Cataluña que el Estado autonómico había reducido las desigualdades territoriales y ponía como ejemplo a Extremadura.
Mafalda le explicaba a su hermano, que se quejaba del calor: «No es por el Gobierno, Guille; es por el verano». No es la autonomía lo que ha aumentado la renta extremeña, sino los mecanismos de redistribución.
Cambiar esos criterios a partir del Estatut va a requerir una negociación algo más compleja. Y traerá líos, aunque el contable de José Montilla y la jefa de Chaves puedan llegar mañana a algún acuerdo. Por mucha vaselina que ponga el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut, el relativismo de las leyes, la maleabilidad de las palabras y el lenguaje creativo tienen un límite: la financiación se escribe con cifras.
Santiago González, EL MUNDO, 22/4/2009