Los tres candidatos a presidir el Tribunal Superior de Cataluña coinciden en su diagnóstico del problema fundamental de la judicatura catalana –la elevadísima tasa de vacantes en sus órganos judiciales que se suplen con interinos o sustitutos– y en la conveniencia de potenciar el uso del catalán entre los jueces y magistrados.
Los tres candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante los próximos cinco años coincidieron ayer en su diagnóstico del problema fundamental de la judicatura catalana –la elevadísima tasa de vacantes en sus órganos judiciales que se suplen con interinos o sustitutos, con la consiguiente pérdida de eficiencia– y en la conveniencia de potenciar el uso del catalán entre los jueces y magistrados que actúen en esa comunidad autónoma.
La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial entrevistó ayer en Madrid a la actual presidenta, María Eugenia Alegret –cuyo mandato venció en julio de 2009 y se presenta a la reelección–, y a sus dos rivales: el ex decano de Barcelona Joaquín Bayo –ahora magistrado de su Audiencia Provincial– y Miguel Ángel Gimeno –que preside la Sección Sexta de ese órgano–. Se trata del primer paso para designar al representante del Poder Judicial en Cataluña.
Alegret llevó a cabo una intervención muy técnica, abrumadora en cuanto a aportación de datos. Así, destacó la reducción del volumen de casos pendientes durante su mandato –de 24.000 a 15.000, aseguró– y reclamó que se «acometa decididamente» el problema de las vacantes, para lo que propuso la puesta en marcha de incentivos profesionales. En el turno de preguntas, la vocal Margarita Robles le reprochó que, respecto a ese asunto, hubiese hecho declaraciones a la prensa en las que sugería la posibilidad de que llegasen a suspenderse señalamientos.
Sobre el uso del catalán, la presidenta afirmó que «no debe ser un elemento de tensión añadido para aquellos ciudadanos que se acercan a un tribunal de Justicia», e hizo hincapié en que la lengua autonómica sigue siendo minoritaria entre los funcionarios judiciales y en que, en su opinión, «deben proveerse los instrumentos de traducción necesarios si el juez no la conoce».
A este respecto, se mostró mucho más contundente Joaquín Bayo, partidario de que se ponga «énfasis» en la «utilización efectiva y constante del catalán» por parte de los jueces y magistrados para que «nadie que lo utilice se vea en la situación de que le responden en otra lengua». «La lengua catalana no se ha utilizado hasta ahora como refleja la sociedad», señaló, y sugirió que las sentencias que apliquen el derecho civil catalán se escriban en ese idioma.
Bayo también incidió en el problema de las vacantes, que achacó al escaso atractivo que para los jueces tiene ejercer en Cataluña, a la vista del elevado volumen de trabajo y de la remuneración, menor que en otras comunidades en relación al coste de la vida. Para solucionarlo, propuso, entre otras cosas, la rápida sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de primera instancia. En este sentido, coincidió con Miguel Ángel Gimeno, que apostó también por aprovechar que la sede de la Escuela Judicial se encuentra en Barcelona para promocionar la comunidad autónoma.
Gimeno incluyó asimismo en su programa de actuación la conveniencia de reforzar el conocimiento del catalán. «El juez debe, al menos, entenderlo, porque algo que está en la sociedad no puede dejar de estar en la Administración de Justicia», dijo, y añadió que «el ciudadano debe esperar la misma calidad en la Justicia se exprese en una lengua u otra».
Aunque inicialmente parecía claro que Alegret, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, renovaría al frente del TSJ, algunas fuentes especulan ahora con que una negociación conjunta de los tribunales autonómicos de Cataluña, Andalucía (sus aspirantes también fueron entrevistados ayer) y el cotizadísimo de Valencia –su presidente dirigirá las deliberaciones del caso Gürtel– la perjudicaría respecto a los otros dos candidatos, ambos de la progresista Jueces para la Democracia, para que el sector conservador se conformase con la sede levantina. En cualquier caso, se trata de hipótesis que soslayan otros criterios y que se plantean en un momento todavía alejado de la decisión: el Pleno en el que se debata el asunto (en el que harán falta 13 votos favorables) será, como muy pronto, a mediados de julio.
EL MUNDO, 3/6/2010