EL DIARIO VASCO, 4/8/2011
La balconada de la iglesia de San Miguel de Vitoria acogerá esta tarde a un nutrido y variopinto grupo de invitados. Junto a la lehendakari en funciones, Isabel Celaá; el alcalde popular, Javier Maroto, y el resto de representantes municipales, un grupo de familiares de presos del colectivo Senideak participarán en el txupinazo y la tradicional bajada del Celedón, invitados por el grupo local de Bildu.
A esa delegación, se sumarán además el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, y otros máximos dirigentes de la coalición como Pello Urizar u Oskar Matute.
La invitación realizada por el grupo municipal abertzale provocó una reacción inmediata del resto de formaciones del Ayuntamiento de Vitoria, cuya Junta de Portavoces emitió una declaración conjunta en la que todos los grupos se comprometieron a que «los únicos protagonistas» del arranque de las fiestas de La Blanca fueran Celedón, los txupineros y los miles de ciudadanos que abarrotan la plaza.
Los representantes municipales insistieron en que los invitados al balcón, listado que se conforma con las propuestas de carácter «institucional» que hace el gobierno municipal y las «particulares» del resto de grupos, no harán «otro uso» de su presencia en el privilegiado lugar para la ver la bajada de Celedón que no sea el meramente festivo.
La presencia por primera vez de Bildu en la corporación vitoriana desencadenó una pequeña polémica, ya que conllevará la presencia de los familiares de los presos en el balcón, que se solventó con una declaración de intenciones conjunta de los portavoces de cada grupo, cuyo cumplimiento se comprobará a partir de las seis de esta tarde. Una posición, no obstante, que otros grupos políticos creen que puede repetirse en las principales fiestas de las capitales que se celebran este mes de agosto.
Este gesto hacia los presos llega después del que protagonizó Martin Garitano en la celebración el pasado lunes del Día de Gipuzkoa en Azpeitia, cuando se acercó a saludar a los familiares del colectivo Etxerat y reivindicó los derechos de los reclusos, el fin de la dispersión y la derogación de la doctrina Parot. El diputado general volvió ayer a hablar sobre el asunto, al ser preguntado en una emisora de radio, y defendió que «no hay ningún delito» en solidarizarse con una protesta como la de Etxerat ni en recibir en el Palacio foral a un grupo de jóvenes juzgados en la Audiencia Nacional por presunta pertenencia a Segi, como hizo la semana pasada.
Garitano se defendió de los reproches vertidos por la lehendakari en funciones -con la que hoy volverá a coincidir- y por el PP por «no acordarse también de las víctimas de ETA», y adujo que, si en su visita a Azpeitia por ejemplo, no mencionó al empresario Inaxio Uria -asesinado a unos metros de la Basílica de Loyola- fue porque «ese día no había ningún acto en su memoria».
Sobre ese reconocimiento a las víctimas del terrorismo, Garitano aseguró que «llegará un día» en que «todos» tendrán que «reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre el daño que cada cual ha podido padecer y cometer», pero ese día, en su opinión, aún no ha llegado. «Todavía no estamos en ese tiempo», argumentó, «todavía estamos saliendo de este conflicto». Pero indicó que «nuestra posición hacia las víctimas y hacia el reconocimiento del sufrimiento de este país es clara».
«Mucha demagogia»
El máximo representante de Gipuzkoa consideró que las críticas recibidas por su actuación responden a «fuegos de artificio y mucha demagogia» por parte de otras formaciones e instituciones, y consideró «profundamente antidemocrático» que un consejero vasco o un ministro del Interior aseguren «que están vigilando» a su coalición y a los cargos públicos, «que representamos a la ciudadanía». Ese hecho, puntualizó Garitano, sí que «puede rozar incluso la ilegalidad».
El diputado general aseguró que no tiene «ningún temor» por sus iniciativas o gestos, y recordó que en los casos mencionados ni los jóvenes de Errenteria juzgados están condenados, ni el colectivo Etxerat es una asociación ilegal.
Por tanto, «quien entienda» que se ha podido incurrir en algún delito «tiene parámetros muy poco democráticos», añadió el máximo responsable de la Diputación.