Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que el «cuerpo a cuerpo» entre la consejería de Interior y quienes pretendían seguir sembrando las calles de simbología terrorista vaya calando en la ciudadanía, que empezó mostrándose escéptica. Pero si hay medios para limpiar las calles, todo queda ya en manos de la voluntad política de cada municipio.
A juzgar por la coincidencia en la concesión de ayudas para limpiar las ciudades y pueblos vascos de propaganda terrorista con la escasa importancia dada por el relator especial de la ONU a la publicidad callejera de ETA, el gobierno de Patxi López no parece necesitar el asesoramiento de expertos. Al revés que sus antecesores. Contratar a funcionarios de conflictos que en nada se parecían a lo que en Euskadi estábamos padeciendo, financiar los estudios de aficionados que recorrían el planeta para acercarse un par de días sobre el terreno y emitir, posteriormente, un informe de parte, fue una costumbre muy arraigada en todos los gobiernos desde que se puso en marcha la Euskadi autonómica en 1980.
Ayer, apenas habían transcurrido unas horas desde que la opinión pública vasca conocía la conclusión del «relator especial» de la ONU, Martín Scheinin (la exhibición de fotos de presos de ETA no le parecía una incitación a la violencia sino, en todo caso, una intención de «crear simpatía») el Gobierno Vasco ponía dinero sobre la mesa para liberar las calles de los muros de la vergüenza. La portavoz Idoia Mendia ponía en duda, con su inmutabilidad acostumbrada, el grado de conocimiento que pudiera tener el autor del informe de la ONU sobre la realidad vasca, pero sin concederle mayor importancia, contrapuso los estudios de los «especialistas» a las sentencias de la Justicia. Es cierto que los tribunales les han ido dando la razón (con alguna excepción por defectos técnicos) con la retirada de carteles de la organización terrorista y por ese motivo, el Gobierno Vasco se siente con la autoridad suficiente para seguir adelante con una campaña que empezó este verano, con la intención manifiesta de poner fin a la ambigüedad de tantos años.
La concesión de los 500.000 euros para retirar los carteles ofensivos para las víctimas, viene dada como derivación del acuerdo suscrito por la consejería de Interior y Eudel. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que el «cuerpo a cuerpo» que se inició entre la consejería de Rodolfo Ares y quienes pretendían seguir sembrando las calles de simbología terrorista vaya calando en esa ciudadanía que empezó mostrándose escéptica este verano temiendo que la noria de la colocación, prohibición, reacción, no encontrase fin. Si hay medios para que los ayuntamientos procedan a limpiar sus calles de propaganda ofensiva ya no hay excusa. Todo queda ya en manos de la voluntad política de cada municipio. Lo que sí se agradece, y más en tiempos de crisis, es que el dinero público no se utilice por nuestros representantes para financiar más «exegetas» de lo nuestro porque el desfile, durante todos estos años, ha sido verdaderamente desproporcionado en comparación con los resultados obtenidos.
Y lo que se agradecerá, doblemente, es que no caigan en el narcisismo de sus homólogos catalanes, por ejemplo, que han llegado a gastarse doce mil euros, caso de la consejera de Salud, para saber qué grado de popularidad tiene entre los niños.
Tonia Etxarri, EL DIARIO VASCO, 7/10/2009