EL CORREO – 25/10/14
· Dirigentes socialistas, de UMP y fuerzas abertzales suscriben un texto que aboga por «suspender» los procesos contra miembros de la banda
Dirigentes de la práctica totalidad de los partidos representados en el País Vasco francés –Partido Socialista, UMP, centristas, Sortu, Abertzaleen Batasuna y Los Verdes– suscribieron ayer una declaración en la que instan al Gobierno de François Hollande a aplicar la amnistía para los presos de ETA y la apertura de una negociación entre el Ejecutivo de París y la organización terrorista. El texto, que coincide en el tiempo con la visita del abogado sudafricano Brian Currin y varios miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC), eleva el nivel de exigencia hacia el gabinete de Hollande al proponer, entre otras cuestiones, la «suspensión» de los procesos «judiciales y policiales» contra los miembros de ETA y que no se aplique la euroorden «para los asuntos ligados al conflicto vasco».
El documento, que ocupa tres folios, cuenta con el respaldo de un grupo de cargos públicos que lleva trabajando en esta materia desde la Conferencia de Aiete celebrada en San Sebastián en 2011. Figuran alcaldes como los de Bayona –JeanRené Etchegaray– y Hendaya –Kotte Ecenarro–, senadores como JeanJacques Lasserre y Frédérique Espagnac –que desde 2012 y hasta hace unos meses ha ejercido como portavoz nacional de los socialistas galos–, además de representantes locales como Max Brisson –concejal en Biarritz–, Xabi Larralde –líder de Sortu– y Jakes Bortayrou –Abertzaleen Batasuna–. Estos mismos dirigentes ya avalaron una declaración en contra de la entrega a España de la representante independentista Aurore Martin –procesada por la Audiencia Nacional y luego absuelta– y en junio pasado se manifestaron en favor de los «derechos» para los presos de ETA, en especial de la situación de Ibon Iparragirre, ‘Susper’, aquejado de una enfermedad incurable.
Unos gestos que hasta ahora no han sido atendidos por el Gobierno de aquel país, cuya línea de actuación en materia antiterrorista es de absoluta colaboración con el gabinete de Mariano Rajoy. Sí que revela una especial sensibilidad de los partidos ubicados en esa zona respecto al final del terrorismo, una visión muy cercana a la de la izquierda abertzale y completamente diferente a la que existe entre las formaciones políticas de Euskadi
La declaración, recogida en tres puntos, alude de forma exclusiva al Ejecutivo de Hollande, sin ninguna alusión explícita a las autoridades españolas, y mezcla cuestiones como las propias del final del terrorismo –diálogo con la cúpula etarra y situación de los presos– con la reclamación de una territorialidad propia para el País Vasco francés. Las fuerzas firmantes consideran que Francia debe participar «en la resolución del conflicto» y entablar un diálogo con la organización terrorista. Ningún Ejecutivo galo se ha sentado a hablar con la cúpula de la banda nunca.
Unos contactos que, en principio, deberían realizarse «de manera confidencial» y que sólo se harían públicos si se producen «avances significativos». Las conversaciones tendrían que finalizar, según ese esquema, con una «acuerdo» entre ambas partes «bajo control internacional» que permita establecer cómo se lleva a cabo el «desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia».
Ayudas de empleo y vivienda
Los partidos enumeran, asimismo, una serie de medidas que deberían aplicarse en el aspecto jurídico. Además de acercar a los reclusos de ETA a Iparralde y decretar la libertad provisional para aquellos internos enfermos o en la recta final de sus condenas –una vieja reclamación–, la más llamativa es la elaboración de «una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco»
Proponen, además, la elaboración de «un plan de reinserción social» que incluya ayudas al «empleo, vivienda, acceso a ingresos de jubilación…» y facilitar la libertad para los reclusos que no pueden aspirar legalmente a la libertad condicional o a los detenidos en espera de juicio. La lista de demandas se completa con «la suspensión» de los procesos «judiciales y políticos contra militantes de ETA» y la puesta en marcha de «un régimen transitorio» para que deje de aplicarse «la Orden de Detención Europea para los asuntos ligados al conflicto vasco». En la práctica, esta última solicitud significaría que no se entregaría a España a ningún acusado de la organización terrorista con causas pendientes.
Los políticos que firman esta declaración reclaman la puesta en marcha de una comisión de la verdad, como las que se impulsaron en Sudáfrica e Irlanda del Norte. Ese grupo de trabajo tendría por objetivo «arrojar luz» sobre «los hechos ligados al conflicto» y favorecer «un reconocimiento recíproco del sufrimiento de todas las víctimas». Esta labor de «reconciliación», sostiene el texto, «necesitará el compromiso de los gobiernos», única ocasión en que los impulsores del documento hacen mención a la participación de las autoridades españolas.
La declaración deja para un último punto la reclamación de una territorialidad especial para Iparralde, al hilo, dice el texto, del debate abierto en el país vecino sobre la «descentralización» del Estado. Los partidos consideran que dotar al País Vasco francés de un «marco institucional específico contribuirá de manera positiva» a «una paz duradera». Una solicitud que, en todo caso, choca con la visión institucional que de este asunto se tiene en París.
EL CORREO – 25/10/14