EL CORREO 20/03/14
· Instituciones Penitenciarias no tiene ningún plazo para contestar las solicitudes de los reclusos, lo que aboca a la vía judicial.
LAS CLAVES
· «Fraude de ley» del Gobierno Los letrados esperan que no haga falta llegar hasta el tribunal de Estrasburgo.
· Pronunciamientos de los presos Ortuzar insiste en que deben reconocer el daño causado y EH Bildu acusa al PNV de ser «cómplice de la política de venganza».
Los presos de ETA no reconocerán el daño causado ni mostrarán su arrepentimiento ni pedirán perdón porque «no lo exige la ley», aunque eso suponga exponerse a un largo proceso administrativo y judicial que puede alargarse durante años para obtener beneficios penitenciarios. Los abogados que representan a los reclusos de la banda terrorista contestaron ayer con rotundidad al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que el lunes vinculó cualquier cambio en la actual política penitenciaria a que los internos pidan perdón y a que la propia banda se disuelva. Algo que, para los letrados Aiert Larrarte y Alfonso Zenon, que comparecieron ayer en San Sebastián, no es necesario porque ninguno de esos requisitos figura en el ordenamiento jurídico español. «Le ley no habla de pedir perdón, ni del desarme ni de la disolución» de ETA, insistieron.
La exigencia a los reclusos para que asuman en público los terribles efectos de la violencia que han practicado ha protagonizado en las últimas semanas los discursos de representantes del Gobierno central como el ministro del Interior y de dirigentes del Ejecutivo vasco como el propio lehendakari. Ayer mismo, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, insistía en que los presos deben reconocer «el daño injusto causado», un gesto que no debe ser tomado como «una venganza» sino como un requisito para que la sociedad vasca «se fíe» de los pasos que están dando.
Los abogados del EPPK entienden, sin embargo, que los internos no están obligados a ello porque esa condición no figura en ninguna de las leyes que regulan el cumplimiento penitenciario de las condenas. «Ni pedir perdón, ni desarmarse, ni disolución», recalcaron.
Larrarte y Zenon comparecieron para explicar cómo se está llevando a cabo el proceso por el que los presos de ETA han comenzado a pedir que se les traslade a la prisión alavesa de Zaballa, y poner fin, de una manera escalonada, a la dispersión. Reconocieron que los primeros en dar este paso han sido los reclusos enfermos o que tienen más de 70 años de edad, aunque no supieron concretar cuántos de ellos han cumplimentado la solicitud. «Seis, siete u ocho», respondieron a preguntas de los periodistas, aunque precisaron que los reos siguen completando los trámites. Se espera que los 16 primeros lo hagan antes de que acabe el mes. Luego le llegará el turno al resto de los «506 presos» que conforman el colectivo oficial y que presentarán sus peticiones individuales de traslado de forma escalonada y divididos en otros cinco grupos en función de los años que ya han cumplido entre rejas.
Con su decisión de no pedir perdón ni dar muestras de arrepentimiento por su trayectoria delictiva los reclusos optan por un largo proceso administrativo y judicial, que se puede prolongar durante años. Aunque en público los abogados del colectivo se mostraron confiados en que el Gobierno de Mariano Rajoy les dé la razón y favorezca su acercamiento a Euskadi, en privado reconocen que Instituciones Penitenciarias puede demorar su respuesta «todo lo que quiera».
Una vez formuladas las peticiones de traslado, la Junta de Tratamiento de cada centro penitenciario dispone de un máximo de seis meses para elaborar un informe en el que se muestre a favor o en contra de conceder el acercamiento. Ese documento debe ser enviado a los responsables de Instituciones Penitenciarias en Madrid. Este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, es el que debe tomar finalmente la decisión. Según reconocieron Larrarte y Zenon, el departamento no tiene ningún plazo de tiempo para hacer público su dictamen. Podrían pasar «años», confesaron los letrados de los presos en un aparte con periodistas tras la rueda de prensa celebrara ayer en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa.
En público, los letrados defensores aseguraron que «no contemplan» que el Ejecutivo del PP se niegue a trasladar a la cárcel de Zaballa a estos reclusos porque, dijeron, de mantener la dispersión el Gobierno «estaría prevaricando» y perpetuando «un fraude de ley». Aludieron incluso a una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que condena a Rusia por mantener en Siberia a varios reclusos.
El precedente de ‘la Parot’
Sin embargo, en privado, reconocen que ya han estudiado las diferentes vías legales que pueden emprender para que los jueces sean en última instancia quienes faciliten el acercamiento a Euskadi de los internos. Una de las fórmulas que barajan es seguir el camino de la legislación penitenciaria, lo que supone recurrir en la Audiencia Nacional ante el juez central de vigilancia penitenciaria. Y de ahí, en sucesivas impugnaciones –o suyas o del fiscal–, cada caso debería pasar por el Supremo y el Constitucional, antes de alcanzar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo si la Justicia española no da la razón a los reclusos.
La segunda posibilidad legal pasa por emprender la vía contencioso-administrativa, con recurso primero ante el Tribunal Superior de Madrid, comunidad en la que está la sede de Instituciones Penitenciarias, para pasar luego por el Supremo, Constitucional y Estrasburgo. Muchos años, según explicaron ayer los abogados, que esperan que el precedente de la ‘doctrina Parot’ y el varapalo que dio el tribunal europeo sea tenido en cuenta por los magistrados españoles.
La situación de los presos se ha convertido, no obstante, en fuente de discusión política entre los partidos vascos. Si por la mañana Andoni Ortuzar, presidente del EBB, insistía en la necesidad de que los miembros de la banda encarcelados reconozcan el «daño injusto causado» para que la sociedad no desconfíe de los pasos que están dando, por la tarde EH Bildu salió en defensa de los reclusos con una dura crítica al dirigente jeltzale. En una nota de prensa, Julen Arzuaga, coportavoz de la coalición independentista, aseguró que el EPPK ya reconoció el daño causado en el comunicado del 28 de diciembre –en ese texto asumía «con toda sinceridad el sufrimiento multilateral generado como consecuencia del conflicto»– y acusó al PNV de «actuar como cómplice de la política de venganza que el Gobierno español aplica a los presos vascos».
EL CORREO 20/03/14