ABC 17/04/14
· No existe la laguna jurídica que invocan los independentistas para pedir su adhesión.
Los nacionalistas catalanes con ansias de soberanismo desdeñan las advertencias que formuló este martes la Comisión Europea, a través de su portavoz Alejandro Ullurzun, e invocan una supuesta laguna jurídica en el marco comunitario para jugar la baza de una posible adhesión por separado a la Unión (UE). El consejero de Presidencia del gabinete de Artur Mas, Francesc Homs, considera que se puede negociar esa vía automática de admisión porque «ni el derecho internacional ni el derecho de la UE prevén de forma expresa un supuesto como el que plantea el caso catalán». No obstante, en el articulado de los Tratados de la UE se halla el rechazo a una Cataluña independiente y Estados miembros como España pueden vetar su entrada, a pesar de las opiniones de los asesores del Gobierno de Mas.
Los independentistas y el informe «Las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea», auspiciado por la Generalitat, no ven problema alguno para que se confiera desde el puesto de mando de los Veintiocho un nuevo estatus para Cataluña, similar al de Suiza, Noruega e Islandia. De hecho, estos dirigentes casi prevén como si fuese un hecho la permanencia en el contexto comunitario o una adhesión «rápida» (sic). Se aferran a la inexistencia de un manual de instrucciones y unos criterios claros cuando una parte de un Estado se escinde.
No se prevé ninguna salida
En los Tratados de la Unión no hay un artículo que exprese que un territorio desgajado de un país miembro quede fuera de la UE por la vía automática, pero sí hay una interpretación unánime de las autoridades comunitarias. No es menos cierto que esto sucede porque en realidad no está previsto que ningún paísabandone la UE, como tampoco que una región salga de España.
Los artículos por los que se desintegran las aspiraciones secesionistas son el 49, 52 y 355 del Tratado de la UE, de los que se desprende que si Cataluña se independiza dejan de aplicarse los tratados en el territorio separado de España. Cataluña debería negociar uno por uno con los Veintiocho su entrada y el Gobierno español tendría el derecho permanente de veto.