EL MUNDO 18/09/14
VICTORIA PREGO
Más nos vale que Artur Mas se acabe plegando a la evidencia y desista de convocar ese referéndum de autodeterminación para el 9-N. Más nos vale porque la respuesta que la democracia española tiene preparada para un ataque contra el orden constitucional de la envergadura de ése, es dramáticamente escasa.
Las cosas fueron de otra manera en el pasado. En 1981, bajo un Gobierno de UCD, se modificó el Código Penal de manera que la declaración de independencia de parte del territorio nacional se incluía entre los fines del alzamiento rebelde sin necesidad de que éste incluyera la violencia. Se castigaba, además, a quienes atentaran contra la integridad de la nación española o a la independencia de todo o parte del territorio español. Pero eso fue eliminado en la reforma de 1995, la llamada del «Código Penal de la democracia», acometida bajo un Gobierno socialista. De modo que la declaración de independencia con la que amenaza Oriol Junqueras, y que antes era un delito de rebelión contra el orden constitucional, ha dejado de ser delito en España.
Y como tampoco puede ser considerado un delito de sedición porque ése se construye sobre la base de un alzamiento público y tumultuario, que en el caso que nos ocupa no se ha dado y no es previsible que se dé en Cataluña, nos encontramos con que a una declaración de independencia por parte del Gobierno autónomo catalán o de su Parlamento, no se le podría aplicar ese tipo penal. Total, que toda la sanción que comportan esos ataques, muy ciertos a día de hoy, es la que corresponde a un delito contra la Administración Pública –esa es la sanción que se contempla para la desobediencia a los tribunales–, que se castiga con una pena de multa y otra de inhabilitación. Por eso es necesario insistir en las tremendas consecuencias políticas que tendría para Artur Mas desobedecer al Tribunal Constitucional, al que el Gobierno recurrirá la ley de consultas catalana con el argumento de que el Parlament no tiene competencias para ello.
Se plantea así sólo una cuestión de competencia, a pesar de que lo que está en el fondo de esa pretendida consulta popular, tan escrupulosamente democrática sólo en apariencia, sea nada menos que un atentado a la soberanía nacional y a la integridad territorial de España, conceptos ambos que han quedado irresponsablemente desprotegidos en nuestro Código, que ahora se enfrenta con muy débiles armas al mayo reto que ha sufrido nuestro Estado de Derecho.
Si Mas rectifica y no convoca el referéndum será porque no se atreva a desacreditarse definitivamente desobedeciendo al Constitucional y a romper ante los países civilizados con el orden legal internacionalmente aceptado. Si lo hace, cargaría con el rechazo del mundo democrático y con su hundimiento y el hundimiento de su opción independentista para los restos. Esperemos que todo eso al final le aquiete.