EL MUNDO – 10/11/15
· El presidente del Ejecutivo pide al Consejo de Estado el dictamen para impugnar la declaración.
· «Un minuto después», como había advertido la vicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy firmó ayer la petición al Consejo de Estado para que hoy, a más tardar, emita el dictamen que necesita el Consejo de Ministros para recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución que pretende abrir el camino a la independencia de Cataluña. Nada más anunciarse el resultado de la votación en el Parlament, el presidente rubricó la demanda desde el Ayuntamiento de Béjar.
«El Gobierno no permitirá que esto continúe», afirmó Rajoy en una declaración institucional desde el salón de plenos del consistorio salmantino. Antes había mantenido una conversación telefónica con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mientras Santamaría se comunicaba con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros portavoces políticos. Hoy el presidente y el líder de la oposición se reunirán en La Moncloa.
Con la firma de Béjar, el Ejecutivo activó la maquinaria, engrasada desde el pasado 27 de octubre, para frenar de raíz una resolución que indubitadamente choca de frente con los principios básicos de la Constitución. El Consejo de Estado, al que se le ha solicitado un pronunciamiento urgente –registrado ayer por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos–, remitirá al Gobierno su dictamen hoy mismo. Mañana, se reunirá brevemente la comisión de secretarios y subsecretarios para elevar una propuesta al Consejo de Ministros que, de inmediato –antes de las 11.00 horas–, autorizará a Rajoy a presentar el correspondiente recurso –elaborado minuciosamente desde hace días por la Abogacía del Estado– ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto el TC admita a trámite la impugnación del Ejecutivo, la resolución independentista quedará anulada, así como todos los efectos que pudieran derivarse de la misma. Más aún, el Gobierno solicitará al Alto Tribunal que remita su decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Es ésta una manera de advertir abiertamente a quien ostenta la más alta representación de la Cámara catalana de las responsabilidades que pueden derivarse de un incumplimiento. Dichas responsabilidades pueden ir desde una multa, a una sanción o incluso la inhabilitación.
Rajoy subrayó ayer que el Gobierno, contando con el respaldo de las principales fuerzas políticas, está dispuesto a activar cuantas acciones legales estén en su mano para frenar la deriva soberanista. El presidente espera que con el recurso ante el Constitucional el asunto quede zanjado pero, ante las lógicas dudas, asegura que no dudará en dar nuevos pasos, incluyendo en este aviso el artículo 155 de la Constitución que, llevado al extremo, implica de facto la intervención de las competencias de la comunidad y, por tanto, la suspensión de la autonomía. «Hoy», avisó, «anuncio la primera medida, que es obligada. A partir de ahí la ley es la ley y todos sus instrumentos se pueden utilizar».
«Tengo la certeza», dijo el presidente, «de que la mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones soberanistas no han hecho más que provocar incertidumbre y división». «Tengo la convicción», recalcó, «de que la mayoría de la sociedad desea que se defienda la unidad de la nación española desde la unidad de las fuerzas políticas, y tengo la seguridad de que los españoles exigen que prevalezca la igualdad y la ley frente a los que quieren imponer su voluntad por encima de las reglas democráticas y el sentir mayoritario de la sociedad».
El presidente del Gobierno, que la pasada semana celebró una ronda de conversaciones con los portavoces de todos los partidos políticos, asegura contar con el consenso de los que tienen un mayor respaldo ciudadano para hacer frente al plan secesionista de Junts pel Sí y la CUP. Estas conversaciones se extendieron también a los representantes de los sindicatos y del empresariado.
Ante lo que el Gobierno califica como el mayor desafío al régimen constitucional que se ha producido nunca, Rajoy recalca su voluntad de actuar con toda contundencia. «Utilizaremos sólo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; sólo la ley, pero toda la ley; sólo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia», dijo ayer.
Calificó de «inútil» el empeño de quienes «atacan la convivencia» y afirmó comprender «el hartazgo y la indignación» de los españoles ante el intento de deslegitimar las instituciones, y la «zozobra» de los catalanes ante quienes «desprecian la legalidad y la pluralidad de la sociedad». A todos ellos envió un mensaje de tranquilidad: «Ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio, ni se va a producir ninguna fractura. Nadie va a estar desamparado de la ley democrática que protege los derechos de todos y la igualdad de todos».
El Gobierno da por hecha la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de independencia. Esto se produciría el jueves, fecha a partir de la cual la citada declaración quedaría cautelarmente suspendida por un periodo de cinco meses prorrogables hasta que el TC se pronuncie en sentencia sobre el fondo de la cuestión.
Los juristas consideran que la resolución del Parlament choca de frente con los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Carta Magna, todos ellos de «inexcusable» cumplimiento por ser los «supraprincipios» del orden constitucional, aquellos que consagran la unidad de la nación, residencian la soberanía en el conjunto del pueblo español, definen el Estado como una monarquía parlamentaria, vinculan directamente a las instituciones con la observancia de la ley y establecen los cauces legales para proceder a una reforma parcial o total de la Constitución. Además, la resolución independentista vulnera plenamente el artículo 1 del propio Estatuto de Cataluña.
EL MUNDO – 10/11/15