EL MUNDO 31/10/14
EDITORIAL
EL GOBIERNO tiene ya el aval del Consejo de Estado e impugnará hoy la pseudoconsulta independentista del 9-N. Desde que a finales de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria del referéndum y la ley que lo sustentaba, Artur Mas ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas para seguir adelante con su plan. La Generalitat ha convertido un referéndum de autodeterminación en un «proceso participativo»; ha movilizado a 40.000 voluntarios para suplir las tareas que debían asumir los funcionarios; se ha valido de mil subterfugios para mantener la propaganda pese al veto del TC a la campaña institucional; y no ha dudado en tergiversar la Ley de Comunicación Audiovisual para exigir a las televisiones y radios privadas que difundieran gratuitamente anuncios promocionales del 9-N.
Esto último demuestra por sí solo hasta qué punto la Generalitat está implicada en la promoción de este sucedáneo de consulta, lo que supone vulnerar el espíritu de la suspensión decretada por el TC. El Gobierno ha tenido que actuar con cautela porque en esta ocasión no había ningún documento que impugnar. Pero resulta evidente que la Generalitat incurre en fraude de ley al impulsar, por otros cauces, un referéndum separatista. Artur Mas se ha escudado en que las asociaciones cívicas ANC y Òmnium abanderan la movilización a pie de calle, pero su «falta de lealtad» y su «reiterada y pública voluntad de eludir los mecanismos de control» están acreditadas. Así al menos lo ha entendido el Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente respaldó ayer por unanimidad la pretensión de Rajoy de recurrir la nueva consulta poniendo el acento en la implicación activa de la Generalitat y apelando al mismo argumento que esgrimió el TC para suspender el 9-N primigenio. A saber: que ninguna Comunidad ni ningún ayuntamiento pueden organizar una votación, referendaria o no, sobre un asunto que compete a la soberanía nacional, como es la unidad del Estado. En este sentido, el hecho de que Artur Mas haya mantenido las preguntas originales –«¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?»– basta para demostrar que el ahora denominado «proceso participativo» es una repetición nada inocente de la consulta impugnada hace un mes. Es más, el hecho de que se trate de una votación sin censo, sin ley que lo ampare y tutelada por los propios independentistas «agrava» sus vicios de inconstitucionalidad.
El Gobierno se ve así en la obligación de recurrir un acto sin formalidad jurídica, pero que paradójicamente constituye un desafío al Estado y una burla al TC. Ha hecho bien en actuar con prudencia y aguardar a tener adecuadamente fundamentado el recurso porque no sería inteligente arriesgarse a fallar en este segundo envite. El TC se reunirá este martes y, tal como sucedió hace un mes, en el caso muy probable de que admita a trámite la impugnación, el proceso participativo quedará suspendido de forma cautelar. En cualquier caso, y sea cual sea la decisión del Alto Tribunal, hay que exigirle a Mas que se someta al mandamiento de los tribunales porque, en un hipotético escenario de desobediencia, el Estado está capacitado y legitimado para responder con firmeza al desafío.
El PSOE acierta en respaldar de antemano la decisión que pueda adoptar el Gobierno frente al reto independentista, por más que suponga una contradicción la posición del PSC, que pide a la Generalitat que respete la ley a la vez que reclama a Rajoy que no recurra el 9-N. Habrá que estar atentos y ver cómo se desarrolla la jornada. Pero es un hecho que la tan cacareada astucia de Mas de nada vale frente al imperio de la ley.