A Hugo Chávez, que no entiende la necesaria independencia entre los poderes Ejecutivo y el Judicial, le habría parecido normal que «el veto del PNV» al presidente en funciones de los jueces vascos, un magistrado de la trayectoria de Ruiz Piñeiro, haya forzado su retirada del proceso de renovación del cargo, porque lo bloqueaba. Aquí parece lamentable.
Ayer se cumplieron dos años del atentado que le costó la vida al ex edil socialista Isaías Carrasco. Ocurrió en Mondragón. Un pueblo de 22.000 habitantes por donde su familia se pasea ahora algo aliviada al ver que, en cuestión de un año, justo el tiempo que lleva gobernando el equipo del lehendakari Patxi López apoyado por el PP, las calles están prácticamente limpias de propaganda etarra. El lehendakari se comprometió a recuperar los espacios de libertad para que los amenazados no tuvieran que deambular con la cabeza gacha como si se sintieran culpables por el hecho de no compartir la ideología nacionalista y haber sufrido por ello la eliminación física de sus familiares. Y el consejero Rodolfo Ares se puso a trabajar en ese empeño. Ayer, en el mismo lugar donde Isaías Carrasco cayó abatido por las balas de ETA, el lehendakari aseguró que los terroristas «ya nunca van a condicionar el presente y el futuro de los vascos».
Un mensaje tranquilizador , por enérgico, aunque la realidad nos recuerda que la alcaldesa de Mondragón está imputada por colaboración con banda armada y que los defensores de ETA todavía se aprovechan de los ayuntamientos donde pudieron colarse en las últimas elecciones camuflados con las siglas de ANV. Los nuevos gobernantes de Euskadi tienen todavía mucho que hacer. Vigilar, entre otras cosas, que los nuevos delegados de ETA, con las siglas adaptadas a la nueva cita electoral, no logren burlar el control para instalarse, en los próximos comicios municipales, en los Ayuntamientos y en las Juntas Generales. Desde que la izquierda abertzale escenificara su debate político, existe un temor en Euskadi, sobre la posibilidad de que los representantes políticos de ETA vuelvan a colarse en las instituciones. Lo airean quienes reclaman justicia después de tantos años de burla en el debate político sobre la libertad de expresión.
Al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que necesita unos cuantos cursillos sobre la necesaria independencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, le costaría entender lo que ocurre en Euskadi en el proceso de selección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Al mandatario que ha cobijado durante años a los etarras expulsados de Francia hace más de 20 años, le habría parecido normal que un veto político como el que ha sufrido el presidente en funciones de los jueces vascos, Fernando Ruiz Piñeiro, haya sido decisivo para su retirada del proceso de selección. Aquí no. Aquí parece lamentable que un magistrado de la trayectoria de Ruiz Piñeiro haya tenido que retirar su candidatura a la reelección por el hecho de que «el veto del PNV» (¿quién sabe si de algún otro partido?) estuviera bloqueando el proceso.
Esta semana será decisiva para despejar la terna de candidatos a tan codiciado puesto. De los tres aspirantes, Jaime Tapia, Juan Mateo Ayala y Juan Luis Ibarra es éste último quien reúne mejores condiciones de méritos jurídicos y memoria de ejecutoria profesional dado su prolijo e impecable currículum. En la otra cara de la moneda se sitúa Juan Mateo Ayala, que lleva diez años al mando de un banco de datos y que, sin embargo, dado su perfil menos destacado y por lo tanto menos reconocido, reuniría mayor apoyo entre quienes solo quieren que la fiesta se lleve en paz aunque no se haga justicia.
Por esta razón, «si hay juego limpio, si únicamente se barajan méritos profesionales, el candidato con más posibilidades sería Ibarra» dicen quienes estudian con detalle las trayectorias de los aspirantes. Habrá que ver hasta qué punto hay competencia profesional y se deja a un lado la pugna partidista. Todos miran hacia el Consejo General del Poder Judicial en donde el veto de la peneuvista Margarita Uria, junto al vocal de CiU, haría decantarse la balanza hacia criterios más políticos que profesionales. Mala opción si así ocurriera. En Venezuela seguramente se entendería. Aquí no. Cuando la cuota política invade todos los servicios, quien pierde es el ciudadano. Por culpa del veto político, el actual presidente de los jueces vascos aceptará un cargo que le vendrá pequeño, dada su cualificada preparación.
El lehendakari Patxi López, a diferencia de otros gobiernos anteriores, no ha manifestado preferencia en este apasionante proceso. Bastante tiene con parar a la oposición. Desde el PNV no le dan respiro, aunque sea abusando de la mala gestión de la memoria. El presidente del Bizkai buru batzar, despojado ya de su disfraz de Obélix, le emplaza a que se defina «entre Euskadi y el PP» como si el Partido Popular viniera de una galaxia lejana al País Vasco y representara, intereses ajenos a los de la ciudadanía vasca. Curioso emplazamiento si procede de un partido, como el PNV, que estuvo hipotecado nada menos que con Batasuna para poder designar a Ibarretxe como lehendakari.
La traducción correcta de la frase sería: «que escoja entre el PP y el PNV». Pero mientras Obélix-Ortuzar no aprenda que la identificación PNV=Euskadi es ya un residuo de la resaca del pasado, del arzallusismo más predemocrático, seguirá, con unos cuantos, en la aldea vasca del batzoki sin asumir que Euskadi ha empezado a dejar de ser un hecho diferencial en el juego político en el que cada partido se representa exclusivamente a si mismo. Ni a la nación ni al conjunto de sus ciudadanos.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 8/3/2010