SANTIAGO GONZÁLEZ-EL MUNDO

La tragedia en la que Bernardo Montoya detuvo ilegalmente, agredió sexualmente y asesinó con crueldad a la joven Laura Luelmo ha conmovido a toda España y las reacciones se han precipitado en un melting pot sentimental de difícil digestión intelectual. «Todas somos Laura» ha clamado el feminismo solidario en reivindicación ontológicamente imposible. Laura no puede decir que es Laura, se lo impidió Bernardo Montoya.

La generalización se lleva mucho en estos tiempos. Todas somos Laura, todos somos Montoya. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acusó al capitalismo del asesinato del niño Gabriel Cruz y proponía que nos echáramos esa cruz al hombro en un artículo que tituló: «Todos somos Ana Julia Quezada». Mi colega Ignacio Escolar denunció «el discurso del odio contra Ana Julia», desde que la Guardia Civil descubriera el cadáver del niño en el maletero de su coche. El odio se apoyaba en tres motivos: «Era mujer, inmigrante y negra». Y puta, podría haber añadido sin faltar a la verdad, pero si existe el odio contra ella no es por ninguna de esas cuatro razones, sino por haber asesinado a un niño de ocho años.

Escolar se manifestó entonces contra la prisión permanente revisable (PPR), porque según él no evitó el asesinato del pequeño Gabriel. La falacia fue copiada por el doctor Fraude en el Congreso: «La PPR está vigente y no ha impedido el asesinato de Laura».

Estaba vigente, pero no para el asesino. En la misma lógica, el frente judicial de Ferreras, Yllanes y Bosch coincidía en su falacia americana: en EEUU está vigente la pena de muerte y sin embargo el número de asesinatos es mucho mayor que en España. Demos la vuelta a la falacia: en todos los casos de asesinato en que se ha aplicado la pena de muerte en Estados Unidos el porcentaje de reincidencia ha sido del 0%. La oposición a la pena de muerte, que hago mía, no puede sustentarse en argumentos tan cornudos. Mark David Chapman lleva 38 años encerrado por el asesinato de John Lennon; no ha tenido ocasión de reincidir, lo mismo que Charles Manson, que después de asesinar a Sharon Tate y a sus amigos pasó los 48 años que le quedaban de vida en la cárcel, sin poder volver a las andadas.

Aclaremos al periodista Escolar y al presidente preescolar que en España hay cinco asesinos condenados a la PPR: el primero David Oubel, el asesino de la radial; el último, Patrick Nogueira, que asesinó a sus tíos y a sus primos. La aplicación de la pena garantiza razonablemente que ellos no reincidirán, pero nada nos garantiza que cualquier psicópata no vaya a incurrir en un supuesto de los que la llevan aparejada.

Ahora que tanto se habla de la reforma constitucional, deberíamos discutir una para el artículo 25.2: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social…». Hagamos explícito que la reinserción no es ni puede ser el único objetivo de la pena, así lo ha entendido el Constitucional cada vez que ha tenido ocasión. La pena tiene ante todo una intención retributiva: que el penado pague por lo que ha hecho, a las víctimas de su delito y a la sociedad. Es también preventiva, por si pudiera desincentivar la comisión del delito, aunque no lo garantiza. Y por último, estaría bien que sirviera para la reinserción social del preso, si pudiera ser. Pero si fuera la única finalidad no hablaríamos del Código Penal, ni de Instituciones Penitenciarias, que vienen de pena y de penitencia, sino de Código Reeducador o Instituciones para la Reinserción Social. ¿Comprenden, almas de cántaro?

Naturalmente, la familia de Laura Luelmo va a pedir para su asesino la pena permanente revisable, aunque el juez Bosch no vaya a simpatizar con ella en esto.