No disparen al pianista. No echen la culpa a la Constitución.

EDUARDO TEO URIARTE – 01/09/15

Eduardo Uriarte Romero

Eduardo Uriarte Romero

· Existe una evidente tendencia idealista en nuestros análisis políticos, también en ocasiones desde el mundo académico, que de vez en cuando, como en esta época, nos reclama al camino de la perfección. Un ansia de reforma hacia lo auténtico, a lo perfecto, que curiosamente coincide cuando gobierna la derecha. En esta ocasión, además, la reforma se reivindica cuando alcanzan los primeros peldaños del poder grupos radicales que claman, tras el rechazo de la Constitución del 78, por un nuevo y auténtico proceso constituyente que borre el pasado de componendas y resuelva todo sin dejar cosas a medio hacer.

Época de crisis, época de predicadores, época de las mayores mentiras. Porque si bien es cierto que desde un plano teórico y jurídico nuestra Constitución adolece de fallos (como todas), no es esta cuestión la que moviliza los discursos políticos de su reforma. Los llamamientos idealistas a la perfección suelen esconder intereses particulares poco confesables y, en ocasiones, transgresiones políticas. Después, se producen las trágicas consecuencias.

Aparentemente ejemplar el ansia reformadora hacia lo idealmente deseable. Pero debiera respetarse el hecho de que la democracia es un sistema imperfecto, siempre perfectible, y que cuando  alguien crea haber llegado a uno que alcanza la perfección probablemente nos encontremos  en una dictadura como la que a Platón gustaba. Lo cual no debe deslegitimar ese anhelo reformista, pero con prudencia, no vaya a convertirse la reforma, o la propia Constitución, en un arma de agitación de grueso calibre a sumar a las incontables existentes en la vil dialéctica actual entre los partidos. Sólo el muy mediocre nivel al que se ha reducido la cultura política en España permite que la sociedad no tenga en cuenta que se puede acabar con un sistema democrático mediante un movimiento de movilización democrática en busca de perfección, incluso llamando a una reforma o a un proceso constituyente nuevo. Procedimientos tan antiguos como la política misma.

Determinadas formaciones catalanas mediante un nacionalismo exaltado que proclama la secesión de un territorio intentan mediante esta ruptura garantizarse el poder político agrediendo al demos y de esta manera a la democracia. El fin, por muchos calificativos de democráticos que se pongan, es cargarse la democracia, aunque se llame derecho a decidir democráticamente y hasta la patada en el culo sea dada democráticamente. También la reforma constitucional puede esconder el fin de crear un sistema que garantice el poder a sus impulsores, evitando el acceso a otros. Por eso se puede tener la sospecha que tras estas altas operaciones reformadoras o rupturistas  yazcan los más mezquinos intereses.

El debe ser desde parámetros intelectuales, en un país en el que tanto influye el catolicismo, con su dogmática e idealismo, puede convertirse en un peligroso aguijón que incite a traumáticos cambios. El debe ser preliberal, idealista, dogmático, generalmente doctrinario, forma parte de una concepción exaltada que pensábamos superada y arrinconada tan sólo en ETA y sus entornos. Esa concepción que creyó en su día en la maldad del pacto con el enemigo, incluso en la maldad de la propia política -curiosamente como el tradicionalismo integrista-, por lo que siguió matando, hoy se extiende con mejores formas y más diversos promotores. Los que declaran que la política estrenada en 1978, la del apaño, la del límite en lo posible, salió demasiado hipotecada con el pasado, dando lugar a una constitución consecuencia del franquismo, chapucera, con agujeros graves. De nada sirven experiencias recientes para animar la reflexión, Tsipras no quiso nada con apaños e hipotecas del pasado, al final lo tuvo que hacer, y así le ha ido a Grecia.

Es cierta la existencia de agujeros en nuestra Constitución, pero hoy éstos saltan a la luz mediática no por otorgarle mayor dosis de racionalismo y coherencia, ni por solucionar el fallo de la inexistencia de participación de las autonomías en el gobierno del conjunto,  sino por el inalcanzable fin de apaciguar por este camino al nacionalismo rupturistas y de paso endosar a la derecha, por su negativa a realizar reformas, una responsabilidad compartida en el problema catalán, cuando la tiene menor que el PSOE con aquel Gobierno tripartito de la Generalitat. Una misión imposible la del apaciguamiento secesionista, incluso contraproducente en su intento, pero que además orienta y descarga sobre lo mejor de nuestro pasado, la Transición, y el Estado que surgió de ella, la responsabilidad, por no haber hecho reformas en el pasado, del surgimiento de unos movimientos rupturistas. En todo caso, por el contrario, se podría achacar al Estado responsabilidad en la radicalización de estos movimientos no por abandonar reformas sino por un exceso de comprensión y concesión privilegiada a los nacionalismos, lo que ha promovido, en aparente contradicción, la radicalización de sus postulados.

Que el Estado no realizara reformas constitucionales no ha sido la razón para que los nacionalismos se radicalizaran, porque lo que querían los nacionalistas es que nos se reformara en nada el cierre de la descentralización periférica. De hecho si no se realizaron es porque al Estado le faltó coraje  para enfrentarse a las autonomías, y a los partidos que accedían al poder central exceso de interés en buscar el apoyo de alguno de esos nacionalismos periféricos al precio de la concesión e incremento de su poder. Un poco más de coraje por parte del Estado, una cierta cohesión constitucional entre el PP y el PSOE, y muy probablemente no estaríamos hoy ante el problema del nacionalismo catalán.

Ya sabemos que sin teoría no hay práctica, y que no todo reformista es un temerarios revolucionario o carlista, y que es necesario siempre un cierto anhelo reformador, pero dejemos la teoría como un ancho y tranquilo cauce y no convirtamos nuestros sectarios objetivos en lo idealmente perfecto. Si la constitución del 78 no pudo cerrar sus agujeros es porque no se pudo llegar más lejos -recordemos que el Título Octavo no lo refrendó AP, y que el PNV finalmente se abstuvo en el referendo-. Y si posteriormente no se reformó en el sentido racionalista y federal que a algunos hoy, a toro pasado, nos gustaría, es porque no se pudo, no se ha podido, y tal como está el patio de sus señorías tampoco hoy se podrá. No pequemos de idealismo político o académico para encubrir otras maniobras, porque…, Zavalita, la podemos joder aún más. Máxime cuando en la actualidad, donde ni siquiera se consensúa una necesaria ley de educación, el apoyo a la reforma constitucional estaría muy lejos del que se dio en el setenta y ocho. Echen la culpa al comportamiento de los partidos y sus concepciones cada vez más sectarias, pero no disparen al pianista.

Enfrentamiento  o consenso.

Me es muy fácil en este punto plantear que allí donde existen en los partidos unos usos y costumbres  democráticos y una profunda cultura republicana, como en el Reino Unido, no necesitan constitución, se apañan con un comportamiento serio y mucha deliberación. En USA la han ido reformando paulatinamente sin grandes problemas, salvo el insalvable del secesionismo aristocrático sudista (lo que demuestra que en ocasiones no existe la solución política), que dio lugar a una guerra civil que muy pronto se vio cicatrizada al precio de guardar determinadas cuestiones sin resolver, pero cuyo resultado global supuso el reforzamiento de la Unión frente a los deseos soberanistas confederados.

En  Francia, o Italia, las reformas han sido múltiples. Pero aquí, donde el dogmatismo y sectarismo es muy nuestro, con muchas guerras civiles, pronunciamientos, y tirarse al monte desde la primera Constitución, con una guerra civil emotivamente más próxima en la actualidad que a la salida del franquismo, gracias a la Ley de la Memoria Histórica, cualquier acuerdo cara a reformas se ha convertido casi en imposible. Es decir, el sectarismo que observé en el mundo abertzale surgido de ETA ante la Transición, la Constitución y el Estatuto, la encuentro hoy en partidos que tiempo atrás, entonces, no eran sectarios. Por lo que el clima no es hoy el más adecuado para consensos.

La ley de la memoria histórica, y otros fenómenos de facción, como el pacto del Tinell, llamamientos a cordones sanitarios, y actuaciones puntuales, como la denuncia al ministro del Interior en los tribunales antes de su comparecencia en las Cortes por su encuentro con Rato, o la acusación al PP de responsabilidad en los asesinatos de la dos mujeres de Cuenca (por machista), etc., han convertido en muy grave el encono político, sustentado en un odio reverdecido por la guerra civil mucho más intenso hoy que cuando salimos de la cárcel en el setenta y siete. Por eso, sospecho, no parece que exista en el seno de esa izquierda que reclama la reforma constitucional el necesario clima dialógico que posibilite una reforma. Incluso, que el anuncio de la reforma federal, con comité de sabios incluidos, no sea más que una maniobra, pues si algo está alejado del actual comportamiento e ideología socialista es llegar a un acuerdo con el PP, y menos que éste sea constitucional.

Hoy los sentimientos están más desatados que a la salida del franquismo, porque si en el 78 la guerra civil estaba muy presente en la mayoría de los políticos para esforzarse en que no se repitiera, hoy está mucho más presente en muchos para ganarla con un espíritu revanchista que entonces no existió. Es evidente que la reforma se enuncia más por razones partidistas que por dotar de coherencia a la Constitución,  pues no es el racionalismo y el ansia de convivencia lo que preside hoy este intento, es el hacha de guerra que desenterró Zapatero. Enorme obstáculo para consensuar nada, y menos una constitución.

Antes de apoyar y aplaudir hasta con las orejas aquella ley de la memoria debieran de haberse parado en pensar sus promotores en el enorme escollo que erigían para cualquier proyecto político de convivencia, y en sus consecuencias, que coherentemente acabarían por gestar ese mundo exaltado que se llama Podemos. Porque con la ley no se trataba de que se tuviera memoria de la guerra, pues en el 78 se la tuvo muy presente, pero positivamente, para superarla, como hicieron ingleses y norteamericanos con sus guerras civiles. En las legislaturas de Zapatero se hizo lo contrario: tener presente la guerra civil para continuar con el encono que nos llevó a aquella tragedia y desarticular con un foso ideológico a la sociedad. En este nuevo itinerario fue donde se aproximó el pensamiento del socialismo, que durante muchos años había sido constitucionalista y democrático, al izquierdismo, que posibilitó la gestación de Podemos, y se produjo el acercamiento al nacionalismo de ETA, con el que se negoció en camaradería largamente, dándole una salida a Batasuna, y con la que hoy coincide en algunos ayuntamientos.

No es cierto que el Estado tras la aprobación de la Constitución y reconocido sus iniciales problemas no quisiera potenciar reformas, otra cosa es que estas no gustasen y fueran rechazadas por unos emergentes nacionalismos periféricos establecido gracias al espacio, en mi particular opinión excesivo, que la Constitución del 78 les otorgó. El Estado intentó una reforma desde la LOAPA, rechazada por el Tribunal Constitucional por ir demasiado lejos en un proceso recuperador de las competencias y dirección política por el centro. Otras no pasaron de propuestas, algunas eximias como la de García de Enterría hacia una organización federal del Estado. Ante ella a los nacionalistas de entonces nos entró pavor, pues si algo podía limitar el proceso centrífugo que un inacabado Título Octavo permitía era una organización federal del Estado. Hablando en plata.

En este aspecto hay que interrumpir la línea crítica hacia la izquierda, desde tiempos no tan recientes dispuesta a cualquier disparate político, porque en el rechazo de un federalismo cooperativo que racionalizara la descentralización del Estado estuvo muy presente la fobia a este modelo por parte de la derecha española. Esta prefirió una descentralización tradicionalista, que coincidía con los nacionalismos moderados de entonces vasco y catalán –antes de la Constitución se restablecieron los regímenes forales para Vizcaya y Guipuzcoa- , porque formaba parte de su ideología conservadora, y por su  irracional fobia hacia el federalismo. Una fobia sustentada en el miedo que le provocara el federalismo degenerado en cantonalismo durante la I República. Sin embargo, el modelo elegido, la “descentralización tradicionalista”, podía funcionar a la larga dentro del Antiguo Régimen español, en el que la adhesión y fidelidad a la Corona permitían  la unión de los diferentes territorios bajo el Soberano, pero careciendo las autonomías en un escenario político moderno de ese tipo de adhesión servil y de un marco federal de coparticipación en lo común, no han tenido límite en su huida del sistema, Hasta las autonomías no-nacionalistas han visto crecer en su seno ideologías localistas y sectarias.

También, ante el fracaso de una concepción o reforma federal en el pasado, hay que añadir que la izquierda española tampoco es muy conocedora de lo que es una organización federal. Además, al poco de usarla en los seminarios del PSOE de finales de los ochenta apareció preñada de un calificativo perturbador como era el de asimétrica, proveniente del socialismo catalán, hoy en su mayor parte en el nacionalismo. Federalismo del que se acuerda cuando gobierna la derecha como elemento de distanciamiento respecto a ésta, y a la que poco se molesta en explicárselo. Sin embargo, es imposible buscar un agradable acomodo en el seno constitucional al nacionalismo catalán y menos mediante una formulación federal, porque es evidente que cualquiera de los modelos de federalismo clásico existentes, alemán, norteamericano, o canadiense, supondrían para los nacionalistas un modelo más centralista que el actual y, sobre todo, les obligaría a un compromiso en la gobernabilidad común rompiéndose la bilateralidad Gobierno central-autonomía. Otra cuestión es que el tan cacareado federalismo propuesto por los socialistas no sea tal federalismo, y se busque el acomodo del nacionalismo periférico en una confederación aristocrática como a la que Lincoln se opuso.

Elementos de la Reforma.

Convertir la reforma federal en un elemento de polémica pública con el PP desnaturaliza la propia reforma. Una sincera reforma constitucional debiera surgir de una apología de la Constitución, de lo que ha supuesto y adonde nos ha llevado, y no iniciarla con una abrupta irrupción, como si el origen de los problemas estuviera en ella y no en concepciones sectarias surgidas a más de treinta años de su funcionamiento por la práctica de los partidos. A pesar de sus agujeros y contradicciones la Constitución hubiera seguido funcionando si la actitud partidista hubiera sido otra, cooperativa y no tan sectaria, pues se ha reproducido el fenómeno, como en la II República, que cuando unos pierden el poder tienden a dar la vuelta a la tortilla (mostrando el bajo nivel republicano). No se titubea ahora en deshacer el sistema mediante reformas constitucionales, puesto que antes, con Zapatero, se intentaron mediante mutaciones constitucionales. Y, para aclararlo todo, no se han hecho reformas porque al PSOE tampoco le interesó.

Pero llegados a este punto no vendría mal una reforma federal, a la que me apunto, pues aunque en su sentido descentralizador España ya es federal no lo es en el cooperativo de sus diferentes partes, ni en la delimitación de competencias, ni en la bilateralidad de las relaciones entre Gobierno central y cada autonomía, como si éste parodiara al soberano absoluto, ni en la calificación del Estado como federal, ni en la desigualdad que suponen situaciones privilegiadas como las de Euskadi y Navarra. Amén de poner orden en competencias compartidas, como la sanidad o la educación, y limitar de una vez las embajadas de autonomías en el extranjero. Todo ello bajo un necesario prólogo justificativo de la unión, de la nación.

Aunque perdonen mi escepticismo ante la enunciación de la reforma federal, puesto que sus promotores si por un lado son incapaces de acordar nada con el PP a ello hay que sumar que por otro son también incapaces de enfrentarse a los nacionalismos, por ello puede ser que el resultado de dicha reforma federal sea su antítesis, una reforma confederal. Confederación con la que estarían muy de acuerdo los nacionalismos más exaltados, pues sería la antesala de su independencia o la situación ideal previa a ejercerla, componenda, esta si, que ningún estado moderno estaría dispuesto a soportar. Pero cosas más increíbles escuchamos no hace tanto tiempo de un presidente español. Sospecho que la reforma socialista vaya más por descentralizar aún más en menoscabo de la gobernabilidad del país, para poner en la meta de salida a los nacionalismos periféricos, que por una coherente organización del Estado actual. Lo importante es disponer de titulares para ganar las próximas elecciones, y nada más.

No hay federalismo que no parta de la unidad y soberanía de su conjunto, principio que debiera presidir toda reforma. En este sentido debiera seguirse el criterio de Juanjo Sorozabal (La reforma Federal en España y sus Siete Espejos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014, p. 24) cuando precisa: “…los conceptos nación y soberanía son imprescindibles en una Constitución, y por eso ha de transitarse con mucho cuidado si se está pensando en verificar cambios al respectos”.

Y acordado este vértice común, la nación, de donde surge el tramado descentralizado, es imprescindible mantener como sagrada la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos expulsando  de nuestro sistema cualquier procedimiento que privilegie a unos sobre otros como si estuviéramos en el Antiguo Régimen. Pues muy posiblemente la clave de la existencia de estos viejos nacionalismos periféricos esté en la atracción melancólica que el Antiguo Régimen ejerce sobre las élites mesocráticas locales, al quedarse sin el sistema tradicional y sin el rey absolutista en el siglo XIX. Lo pasado, afortunadamente pasado está, y el particularismo étnico, más o menos inventado, no puede diferenciar a los ciudadanos ante la ley. Sería simplemente contrarrevolucionario, contra los logros de la Revolución Francesa, entiéndase, como contrarrevolucionarios son la mayor parte de los nacionalismos tardíos surgidos a partir de los inicios del  siglo XX.

Esta cuestión, no perjudicar la igualdad ciudadana, es el requisito imprescindible que Ruiz Soroa (“Iguales y Diferentes”, El País, 26,8, 2015) reclama en cualquier reforma, y añade: “Y, ya puestos, otro más: el de que el Estado no intente comprar la obediencia política de ciertas regiones (su integración en España) pagando el precio con la moneda de sus propias poblaciones. Angelo Panebianco ha subrayado cómo los pactos federalizantes constituyen a veces, mirados descarnadamente, poco más que un intercambio o acomodo entre dos élites políticas: la del Estado central que recibe el reconocimiento de su soberanía por la élite local, a cambio para esta de recibir la competencia absoluta y exclusiva para amoldar y aculturar a su propia población sin tener en cuenta su pluralismo constitutivo. Algo así como intercambiar soberanía por personas, un tipo de pacto que en este país nuestro han practicado contumazmente tanto PP como PSOE en su relación con las élites nacionalistas periféricas: las poblaciones concernidas son vuestras si no impugnáis el Estado”. Pero me temo que por ahí no va la reforma federal.

 

Eduardo Uriarte.