SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 29/04/15
· La opinión pública española no pudo prestar la atención que merecían las comparecencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Nuestra capacidad de atención a los asuntos es más bien limitada, y en aquellos días estuvimos muy ocupados con la detención de Rato, pese al relieve de los imputados declarantes, últimos presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, y a la gravedad del asunto.
Declaró Griñán que no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. A veces, las ideas más simples son las más fructíferas y de la forma más casual puede ponerse en marcha el caso de corrupción más grande y sostenido que ha conocido la democracia española. Bah. Chaves, mucho más cauto, no sacó conclusiones sobre el tamaño del enjuague. Ni siquiera sobre si tal enjuague se produjo: «Será la Justicia quien determinará si hubo o no fraude y si éste fue pequeño o grande».
En lo que sí coincidieron ambos es en negar que ellos hubieran tenido conocimiento del fraude de los ERE falsos, lo que hizo saltar a Manuel Gómez Martínez, que había sido interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, cuando se produjo todo aquel ludibrio con las cuentas públicas y el rigor presupuestario.
El interventor se rebotó y solicitó declarar ante el juez Barreiro. No le había parecido bien que los máximos dirigentes de la Junta negaran haber recibido los 15 informes que redactó alertando de irregularidades y trataran de descargar sus responsabilidades en los hombros del servicio. Los informes, declaró ante el TS, fueron enviados a las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación y denunciaban irregularidades suficientemente graves como para que el Gobierno hubiera tomado medidas, pero «durante 10 años se ha hecho oídos sordos y se ha mirado para otro lado».
Cualquier otra hipótesis es absurda. Que, por ejemplo, el declarante y los funcionarios de la Intervención General hubieran ocultado el fraude. Por otra parte, un gran fraude requiere una gran trama, contra lo que piense Griñán, un tejido minucioso de complicidades que abarca desde la cúpula hasta la base de la organización beneficiaria.
El hombre que ha sido presidente del Gobierno andaluz durante casi 20 años es responsable del latrocinio que se ha practicado bajo su Presidencia. Su explicación de que él se había enterado del asunto por la prensa tiene un copyright que acuñó Felipe hace 25 años. Tal vez esa complicidad llevó a González ayer a defender a Chaves y a Griñán: según contó a Susanna Griso, él nunca aceptaría su dimisión, como, al parecer, está sopesando Susana Díaz para poder ser investida.
Ésta es la única hipótesis disparatada. O lo sabían, y entonces son responsables penales, o no se enteraron (Chaves durante 19 años, Griñán durante seis), razón para que hubieran dimitido en cuanto la juez Alaya escribió los primeros folios. Por vergüenza torera, al tomar conciencia de su inutilidad para salvaguardar el dinero de los andaluces. Y de todos los españoles.
SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 29/04/15