Guillermo Dupuy, LIBERTAD DIGITAL, 14/10/11
Aunque lo hayan justificado con la excusa de que «tenemos que estar en un lugar si puede contribuir a acercar la paz», lo cierto es que su vomitiva decisión no es más que otro acto de obediencia a los chantajistas comunicados de «alto el fuego» de ETA.
Tal y como es público y notorio –naturalmente para quienes leen los comunicados de ETA-, una de las muchas exigencias que hace la organización terrorista a los estados francés y español en sus chantajistas comunicados de «alto el fuego» ha sido la aceptación de una «Comisión Internacional de Verificación» que, teniendo como guía tanto la declaración de Bruselas como el acuerdo de Guernica, certifiquen la ausencia de las «múltiples violencias» y medien en la negociación destinada a alcanzar lo que los terroristas llaman una «solución justa y democrática al secular conflicto» que, tal y como afirman ellos mismos, no es otra cosa que la «autodeterminación» y la «amnistía».
En su último comunicado, ETA se ha mostrado dispuesta a «colaborar con la Comisión Internacional de Verificación» que ella misma había auspiciado y respaldado cuando en enero ya celebró públicamente la firma tanto del Acuerdo de Guernica como de la Declaración de Bruselas.
Oficialmente el Gobierno de Zapatero/Rubalcaba y el PSOE no habían querido saber nada hasta ahora de esa Comisión de Verificación integrada por los firmantes de la Declaración de Bruselas. Lo cierto, sin embargo, es que este gobierno ya tiene un deleznable historial en lo que a satisfacer las tradicionales demandas de ETA de «internacionalización de la resolución del conflicto» se refiere. Buena prueba de ello fue la indisimulada y lógica alegría que mostraron los batasunos desplazados a Estrasburgo cuando, a instancias del gobierno español, el parlamento europeo aprobó una resolución favorable al «final dialogado de la violencia» durante la primera legislatura de Zapatero. Es más, según publicó no hace mucho La Gaceta, Rubalcaba se habría entrevistado en junio, poco antes de dejar el Ministerio del Interior, con Alberto Spektorowski, uno de los mediadores internacionales del grupo que comanda el vividor y abogado sudafricano Brian Currin.
Precisamente este grupo, junto a Lokarri y otras organizaciones internacionales firmantes de la Declaración de Bruselas, ha organizado una conferencia para «promover la resolución del conflicto en el País Vasco» que se celebrará en San Sebastián el próximo lunes. En un principio Ramón Jausegui aseguró que nadie del PSOE ni del Gobierno acudiría a esta «Conferencia de Paz» que, en realidad sólo es una plataforma propagandística, a costa del contribuyente, de la «paz» que ofrecen ETA y sus voceros. Poco después, sin embargo, se anunciaba la presencia del presidente del PSE y negociador de Zapatero ante ETA, Jesus Eguiguren, pero que acudiría a «titulo personal». Finalmente, el portavoz del PSE, Jose Antonio Pastor, ha anunciado que el PSE sí que acudirá de manera oficial, enviando una representación cuyos integrantes todavía no ha decidido.
Aunque los socialistas hayan justificado su vomitiva decisión con la excusa de que «tenemos que estar en un lugar si puede contribuir a acercar la paz», lo cierto es que con ella no hacen más que perpetrar un acto de obediencia –otro más– a los chantajistas comunicados de «alto el fuego» de ETA. Un infame acto de obediencia destinado a mantener el espejismo electoral de que con Zapatero se ha alcanzado el fin de la violencia. Claro que por explosivas que sean las esperanzas que los socialistas están dando nuevamente a ETA, no serán ellos los que sufrirán, ni política ni personalmente, las consecuencias de no terminar de satisfacerlas.
Guillermo Dupuy, LIBERTAD DIGITAL, 14/10/11