VICTORIA PREGO – EL MUNDO – 02/09/15
· Que hayamos tenido que llegar hasta aquí y que, a estas alturas, un gobierno democrático se vea en la necesidad de reforzar aprisa y corriendo la capacidad sancionadora del tribunal constitucional de su país, sólo demuestra la inadmisible lenidad en la que han incurrido sistemáticamente todos nuestros responsables políticos desde que la Transición se culminó.
Porque en el resto de las naciones civilizadas con las que España se relaciona en términos de igualdad no se producen desafíos como el que los independentistas catalanes han lanzado al Estado español. Pero es que en los países que pudieran correr un riesgo, aunque remoto, de ruptura de la cohesión y unidad nacionales, esta eventualidad está prevista, afrontada y resuelta en la legislación desde el minuto uno de la aprobación de sus constituciones.
Pero en España no. En España un gobierno socialista derogó el recurso previo de inconstitucionalidad, que estaba vigente en la legislación española. Veinte años más tarde nos encontramos con que un Estatuto rechazado por el principal partido de la oposición y recurrido ante el Tribunal Constitucional, era votado en referéndum antes de que ese Tribunal emitiera sentencia sobre la constitucionalidad de ese texto estatutario. El sistema democrático había quedado deliberadamente debilitado ante conflictos que eran posibles en el 85 y que fueron reales en 2006.
Más tarde, en 2003, un gobierno popular introdujo como ahora, es decir, deprisa y corriendo, una modificación del Código Penal por la que se sancionaba con penas de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convocara un referéndum careciendo de competencias. En 2005 esa modificación fue derogada por un gobierno socialista con el argumento de que «no está en juego la protección del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas». Y así nos vemos ahora.
La capacidad de atisbar los problemas futuros que pudieran amenazar a España y la valentía para dotar a la democracia de instrumentos para defenderse ha brillado por su ausencia o se ha abordado en términos de magna chapuza, como la que hoy nos ocupa. Hace muchos años que nuestra legislación debería haber estado preparada para eventualidades como la que ahora tenemos delante.
Pero el beatífico pensamiento impecable con la que tradicionalmente se han adornado nuestros políticos, tan escandalosamente miopes, hace posible esto: que un Gobierno que lleva cuatro años dirigiendo el país con mayoría absolutísima, tome en el último instante una medida que era necesaria pero que ha resultado absolutamente torpe en los modos y en las circunstancias en que se ha tomado, empezando por el momento –¡a menos de un mes de las elecciones que los independentistas pretenden vender como un plebiscito!– y terminando por la invasión del candidato del PP en el escenario donde se anuncia la medida.
No se podía haber hecho peor. Pero hay que decir que ésta, igual que otras tantas medidas que puedan paliar la indefensión de nuestra democracia ante los ataques desde dentro de sus enemigos, son tan necesarias como exigibles.
VICTORIA PREGO – EL MUNDO – 02/09/15