JOSÉ MARÍA CALLEJA, EL CORREO 11/01/13
Unió Democrática de Catalunya ha reconocido que se apropió de dinero de fondos europeos destinado a parados y se lo quedó en los bolsillos del partido. Ahora, los responsables del robo han asumido un delito cometido hace veinte años para no ir a la cárcel y para que su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, se ahorre el trago de tener que declarar ante el juez. Con el reconocimiento impune –sin cárcel– del delito, el mensaje que se envía a la ciudadanía honrada es demoledor: robe usted ahora, utilice todas las triquiñuelas a su alcance para impedir que la justicia lo siente en el banquillo y, veinte años después, antes de ser juzgado, reconozca que robó, devuelva la cantidad, ¡sin intereses!, pida perdón y asunto resuelto.
Por supuesto que ningún ciudadano honrado al que le dé por robar, apurado por la crisis y el paro, recibirá este tratamiento por ningún juez, pero este caso de evidente corrupción pone de manifiesto la lentitud de la justicia hasta hacerla injusta, la capacidad de algunos partidos para compatibilizar el robo con las clases de ética y las nulas responsabilidades penales que tienen algunos delincuentes, reincidentes en lo de la financiación ilegal de Unió.
Semana tras semana, algunos políticos no paran de facilitar munición a aquellos que han decidido que la crisis es responsabilidad de los políticos, que la culpa de todo la tienen los políticos. En este panorama, resulta cada vez más complicado seguir en la defensa de la política y de la inmensa mayoría de los militantes de los partidos. Podemos concluir, antes de que termine la crisis, que esta se llevará por delante a los políticos y a la valoración que los ciudadanos tenían, antes del batacazo económico, de la política. Están dadas, por tanto, las condiciones para que surja el populismo, o cosas peores. Pero, además del desprestigio de ciertos políticos, el llamado ‘caso Pallerols’ nos habla de la injusta justicia.
¿Cómo es posible que un delito que se cometió en los noventa tarde en llevar al banquillo a sus autores hasta enero de 2013? No se trata solo de las argucias de los culpables para enredar y ralentizar el proceso, estamos ante un sistema que no se percibe como justo por la población, no solo por la arbitrariedad de que ante un mismo delito sea decisivo qué juez te toque, también porque se ensancha la percepción de que no todos somos iguales ante la justicia. Tenemos en España 200 cargos públicos imputados –76 en Baleares, parque temático, junto con Valencia, de la corrupción–, un desapego creciente de la población respecto de los políticos y una justicia que, después de casi cuarenta años de democracia, no acaba de ser justa por su lentitud.
JOSÉ MARÍA CALLEJA, EL CORREO 11/01/13