SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 21/07/14
· Tenemos un problema. Un presidente autonómico, representante ordinario del Estado, desconoce su obligación primera de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales y la democracia española está hecha un lío.
Las almas simples consideramos que asuntos como éste están legalmente previstos, un suponer, el artículo 410 del Código Penal, que prevé multa de tres a 12 meses e inhabilitación de seis meses a dos años para «las autoridades o funcionarios que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior»
La Constitución establece en su artículo 155 que «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado interés general».
Cuando Rajoy presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas, y el Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno, la ley quedará suspendida. El Gobierno es partidario de la doble notificación, a través de procurador y también personalmente. A uno esto le parece vejatorio; recuerda el viejo chiste sobre las dos medallas de oro que le iban a dar a determinado líder: la primera por tonto; la segunda, por si la perdía.
En todo caso, sería pertinente que se haga con acuse de recibo. Estaría bien que la entrega se hiciera en presencia de notario y ante la tumba de Guifré el Pilós, formalidad por la que el honorable Mas siente un respeto imponente.
Ambos fueron los actos más destacados de su campaña electoral de 2006. Por si valen los precedentes, incumplió su promesa (de no pactar con el PP) formulada ante ambos fedatarios. Y eso que los dos eran catalanes. ¿Por qué iba a sentirse obligado por una notificación del Constitucional, esa cuadrilla de españoles?
A uno le impresionó favorablemente una frase notable del anterior secretario general del PSOE: «El que echa un pulso al Estado, pierde». Sólo se refería a los controladores aéreos, lástima. Pero si es un partido que ejerce el Gobierno autonómico de Cataluña –detenta, diría el juez– y se empeña en no cumplir la ley, a ver qué hacemos.
Con la mejor voluntad quiero hacer una propuesta a quienes creen que la reforma de la Constitución servirá para sanarles. Empiecen por aligerar las leyes de excrecencias y artículos inútiles, que no consideran de aplicación. Por ejemplo, el 410 del Código Penal y el 155 de la Constitución española.