Debió a la prudencia del Gobierno de López, el PNV se ha visto obligado a rebajar la agresividad de su política en los asuntos esenciales. El cambio de actitud que algunos creen ver obedece a un reajuste tras su apartamiento del poder, pero mantiene el absolutismo en sus principios y el pragmatismo para hacer avanzar sus intereses.
Corren buenos tiempos para la imagen del PNV. A la vista del remanso pragmático que siguió a su reacción airada tras la salida del poder, dos veteranos especialistas de la política vasca, unidos en su día por un momento en Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia y Roberto Lertxundi, han celebrado el cambio positivo registrado en la actuación peneuvista, integrada ya en un marco democrático y definitivamente cortada de viejos radicalismos. En un reciente congreso celebrado en Berlín, ahora publicado, el historiador Ludger Mees, envolviendo su adhesión a la causa en un relato histórico, anunciaba buenos y merecidos tiempos para un PNV que ganó las elecciones aunque no alcanzara el gobierno si sigue sirviéndose de su «exquisito olfato político» y sabe «adecuar el discurso y el programa a las nuevas circunstancias». Habría dado antes con Ibarretxe lecciones de buen sentido, de soberanismo sin «complicidad» con ETA, y sobre todo desde hace más de un siglo el PNV «es la expresión de un problema político» sentido por «buena parte de la sociedad vasca».
Lo cierto es que después del enfado de la primavera, el PNV ha sido capaz de ajustar las piezas de su política mejor que lo hiciera CiU en Cataluña. Supo responder al reto de los presupuestos, en Gazteiz y en Madrid, con el propósito de ofrecer ante todo la imagen de un partido de gobierno, aunque temporalmente desplazado del poder, siempre al servicio de los vascos. Por otra parte, esa sensatez le ha permitido lograr algo importante a medio plazo, la conservación de Álava.
La estrategia de fondo, sin embargo, no ha cambiado. El PNV se aplicó a deslegitimar la política de firmeza de Rodolfo Ares, considerando trivial la prohibición de la visibilidad de ETA en las poblaciones vascas, hasta el punto de hablar de provocación contraria al buen orden que al parecer imperaba antes, llegando a manifestarse al lado de la izquierda abertzale bajo el signo del soberanismo. La ciega condena de la Ley de Partidos se mantuvo, así como la famosa coartada de que todas las ideas deben ser legales. El PNV no deja pasar ocasión alguna para insistir en la vieja descalificación sabiniana por el origen de las medidas socialistas.
Por otra parte, si el PNV se ha visto obligado a ajustar su política en los asuntos esenciales a una crítica exenta de agresividad ello sólo se debió a la prudencia que viene presidiendo la actuación del Gobierno de Patxi López. La reciente mutación en el comportamiento de ELA, al pasar del rechazo al diálogo, es una prueba del buen éxito de una política basada ante todo en la búsqueda del interés colectivo, donde la iniciativa del Gobierno se complementa con un esquema consociativo, de implicación de los distintos agentes sociales y políticos, por encima de las barreras ideológicas.
El primer paso fue dado con toda firmeza por Ares al frente de Interior, y su consecuencia no ha sido sólo el evidente retroceso en la hegemonía del nacionalismo radical pro-ETA en el espacio público, sino dejar claro que el PNV y sus socios pudieron y debieron hacer mucho más. El Gobierno Ibarretxe toleraba un amplio margen de acción a los simpatizantes de la banda, por no hablar de la deslegitimación aún sostenida contra una Ley de Partidos a la que ya nadie que no sea un demagogo podrá achacar violación de los derechos humanos y de las libertades de expresión y asociación, conculcadas únicamente por el terror.
La política de educación definida por Isabel Celaá responde a características análogas: firmeza y espíritu de conciliación. A diferencia de su predecesor de EA, la política educativa no ha tratado hasta ahora de forzar la enseñanza prioritaria de una visión ideológica de Euskadi y de su idioma propio. Con el trilingüismo como horizonte y la atención a los castellanohablantes se buscó al mismo tiempo una modernización y el fin de una discriminación. Los cambios en el currículo vinieron simplemente a refrendar la exigencia de ajustar las enseñanzas a la realidad vasca, no al irredentismo que sólo sirve para avalar la violencia.
El acuerdo de gobierno PSE-PP tampoco ha llevado a una política de marginación del PNV. Simplemente en todos los órdenes, por supuesto, no ha sido en absoluto la política que el tripartito hubiera puesto en práctica. El llamamiento a los antiguos jelkides se ha reiterado, no obstante, una y otra vez, viéndose éstos obligados a poner de manifiesto la disyunción entre su lenguaje político y las necesidades del país.
No cabe olvidar que la desestabilización y el apoyo indirecto a ETA causadas por el plan Ibarretxe y sus secuelas, esto es, la vía de la autodeterminación que quiso ser abierta por el PNV contra viento y marea (y contra su ex líder Imaz), fracasó rotundamente y que la voluntad de socavar como sea el reformismo del Gobierno López sigue en pie. La fragilidad parlamentaria de Zapatero en Madrid contribuye a ello, y ahí está la lamentable y victoriosa presión del PNV para que el Gobierno socialista vasco no capitalice la transferencia de las políticas activas de empleo.
Una vez más, de dos almas nada: absolutismo de los principios, sobre la base de que Euskadi es nuestro, y pragmatismo para hacer avanzar los propios intereses. Es lógico que el senador Lertxundi afirme por la buena convivencia algo en lo cual seguramente no cree. Pero todavía los demás, sin perder la esperanza en que vuelva la era de la razón para el PNV, tenemos razones para mantener un margen de desconfianza.
Antonio Elorza, EL DIARIO VASCO, 1/12/2009