ABC 17/09/14
EDITORIAL
· Que el debate sobre el artículo 155 sea un tanto inoportuno, por innecesario en este momento, no significa que el Gobierno deba descartar su aplicación en Cataluña en el futuro
EL PSOE volvió ayer a formar coro con los nacionalistas para criticar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, no tanto por lo que dijo, sino por lo que dejó entrever al declarar que el Estado debe actuar con toda la ley para impedir la consulta soberanista del 9-N. Al preguntarle si incluía el mecanismo excepcional del artículo 155 de la Constitución, Margallo contestó que «incluido todo lo que hay que incluir». A partir de ahí, los socialistas y los nacionalistas dieron por hecho que se refería a la suspensión de la autonomía catalana y se desataron contra el ministro de Asuntos Exteriores, calificando sus palabras de «provocación gratuita» o «barbaridad».
Mientras el PSOE tenga estas reacciones, es evidente que el nacionalismo tiene mucho ganado. Los socialistas no deberían escandalizarse ante el ejercicio de un recurso legal previsto en la Constitución para actos desleales de las comunidades autónomas hacia el interés general. Lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña es de libro para que, si no hay rectificación, se aplique el citado artículo constitucional, el cual es de corte netamente federal, porque no hay Estado descentralizado que no prevea mecanismos de reacción ante políticas segregadoras o anticonstitucionales de sus regiones.
Tiempo faltó a los socialistas para acusar a Margallo de alimentar el nacionalismo y de encender ánimos separatistas, como si uno y otros no estuvieran ya suficientemente enardecidos. Si algo provoca a los nacionalismos es que el Estado se defienda, que no sea una víctima dócil, que aplique la ley y que el Tribunal Constitucional anule ilegalidades. Al nacionalismo, todo lo que no sea sumisión le parece una provocación.
Los socialistas votaron a favor de la Constitución, así que harían bien en explicar para qué supuestos reservan el artículo 155, porque cuando toda una Administración autonómica se pone al servicio de la ruptura de la unidad de España parece adecuado y proporcional un mensaje de firmeza. Además, el artículo 155 no se refiere expresamente a la suspensión de la autonomía, como algunos han interpretado precipitadamente. Incluso hay que pensar que este mecanismo de protección del interés nacional debe ser el último recurso, y contra el secesionismo en Cataluña aún pueden utilizarse otras opciones. Por cierto, tanto hablar con entusiasmo del caso escocés y de la consulta pactada con el Gobierno de Londres, y quienes lo hacen se olvidan de las dos veces que Tony Blair suspendió la autonomía irlandesa.
Que el debate sobre el artículo 155 sea un tanto inoportuno, por innecesario en este momento, no significa que el Gobierno deba descartar su aplicación en el futuro. No hay ningún motivo que le obligue a hacerlo, y sí muchos para tenerlo preparado.