EL MUNDO – 17/12/14
· La juez sostiene: «No deja de ser sospechoso el hecho de que los fondos (ocultados a Hacienda) provengan de una herencia de más de 30 años atrás sobre la que no se aporta documentación»
Jordi Pujol se convirtió ayer en la primera persona que ha ocupado la silla del máximo representante del Gobierno catalán que debe responder ante la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona citó como imputados al ex president; a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de sus siete hijos: Mireia, Marta y Pere. Los cinco deberán responder como supuestos autores de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales cometidos en relación con el dinero que tenían en Andorra. Los Pujol Ferrusola regularizaron el dinero poco antes de que el ex president confesase su existencia tras haber informado este diario de dichas cuentas. La titular del juzgado considera «sospechoso que los fondos provengan de una herencia de más de 30 años atrás».
La investigación judicial abierta contra la familia del ex president por los fondos que tenían en Andorra dio así ayer un nuevo giro, al conocerse las imputaciones del matrimonio Pujol Ferrusola y de sus hijos Pere, Marta y Mireia. Los cuatro deberán declarar el próximo 27 de enero después de considerar el juzgado que deben «ejercitar plenamente su derecho a defensa» ante las acusaciones de cometer un presunto fraude.
De esta forma, la fortuna de la familia Pujol vuelve a quedar en entredicho por el perjuicio económico que ha causado en el Estado, como indica la juez en el auto. Por eso también hizo el ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado
La titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona establece, «gracias a las diligencias practicadas hasta el momento», que Marta Ferrusola y sus tres hijos regularizaron con la Agencia Tributaria fondos procedentes de Andorra «a través de cuentas abiertas» en el Banco de Madrid en julio pasado. La magistrada recuerda que los imputados regularizaron «correctamente» cantidades «superiores a los 120.000 euros» y por eso considera que «estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de infracción penal, por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, titularidad, origen y gestión del mismo, lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública».
Además, indica que también podría constituir «un delito de blanqueo de capitales si no puede esclarecerse el origen de dichos fondos». Pese a esto, el auto destaca que se está en el inicio de una investigación, por lo que «no es posible por el momento sostener, como se hace en las diversas querellas que se han ido formulando, que ese dinero tiene un origen delictivo y más concretamente que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat de Cataluña».
En su resolución, la juez afirma que en este momento de la instrucción y respecto a las evidencias con las que cuentan no se puede hacer «una presunción o un salto cualitativo» sobre el origen de estos fondos.
En su confesión del pasado julio, el ex president afirmó: «De los hechos descritos y de todas sus consecuencias, soy el único responsable y quiero manifestarlo de forma pública, con mi compromiso absoluto de comparecer ante las autoridades tributarias o, si es preciso, ante instancias judiciales, para acreditar estos hechos y de esta manera acabar con las insinuaciones y los comentarios». El próximo enero podrá cumplir esta promesa tras ser citado como imputado.
Los investigadores consideran que presuntamente este capital no procede de la herencia de Florenci Pujol, padre del ex president, sino de la liquidación de Banca Catalana, y que después la fortuna pudo ir aumentando con el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios públicos durante los gobiernos de CiU. La fortuna de los Pujol ha quedado en entredicho en otras causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra Jordi y Oleguer Pujol Ferrusola.
EL MUNDO – 17/12/14