La reivindicación nacionalista incluye en concreto la región francesa del Rosellón, conocida también como la Catalunya Nord, que formó parte de España hasta el siglo XVII y cuya mención ha provocado un amago de conflicto diplomático.
El lunes pasado, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional remitió su queja al embajador español en París, Ramón de Miguel, a través de una nota verbal, que es el método formal de comunicación entre representaciones diplomáticas. En la nota se denuncia que el Parlamento catalán «no tiene como misión inmiscuirse en los asuntos internos franceses».
El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, también «lamenta» que el Parlamento autonómico «emita resoluciones que atentan» contra la soberanía de Francia en su propio territorio. El Gobierno galo advierte además de que subrayará estos mensajes ante el delegado de Cataluña en París «cuando se presente la ocasión». La capital francesa cuenta con una de las siete embajadas que la Generalitat mantiene repartidas por el mundo. Uno de sus principales proyectos es ampliar la representación hasta 17.
Francia ha presentado su queja a España, y no directamente a la Generalitat, porque considera precisamente que su interlocutor oficial para los asuntos que tengan que ver con Cataluña es el Gobierno español. París ha sido, en cualquier caso, una de las capitales europeas que con más claridad se ha manifestado en contra del proceso soberanista de Cataluña.
La resolución del Parlament que ha provocado la reacción francesa manifiesta que «el conjunto de territorios de los Països Catalans tienen derecho a la autodeterminación». «Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y Pitiusas, la Catalunya Nord y las comarcas catalanohablantes de la Franja tienen el derecho a decidir su estatus político», añade. Propuesta por la CUP, el texto contó con el apoyo de la coalición de Junts pel Sí (JxSí), formada por el PDC y ERC.
Tras la reforma de la administración que Francia culminó este año –y que redujo de 22 a 13 el número de regiones en el país–, la Catalunya Nord, antes parte de la región de los Pirineos Orientales, ha pasado a integrar una región mayor que agrupa los territorios de Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées.
La resolución del Parlament también será llevada ante la Comisión Europea por el ex eurodiputado de UPyD y ahora independiente, Enrique Calvet. Según argumentó ayer el parlamentario a través de un comunicado, la resolución de la Cámara catalana contraviene el principio de «cooperación leal entre los Estados miembros y el mercado único europeo». Calvet, que cuenta con el apoyo de los eurodiputados de Ciudadanos, sostiene que la actuación del Parlament supone «una injerencia ilegal e inconstitucional». El eurodiputado preguntará a la Comisión Europea qué instrumentos tiene para «hacer respetar el derecho comunitario».