El Gobierno, que califica de «delirio», «aberración» y «paso gravísimo» el borrador de ley de desconexión que guardaba bajo siete llaves la Generalitat, subió ayer el tono de las acusaciones y definió las maniobras secretas del Govern para acabar imponiendo su remedio de Constitución «en 24 horas» como un intento de «golpe de Estado».
Así lo hicieron la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el titular de Educación y Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Ambos se anticipaban a la andanada que Rajoy tenía preparada para la sesión del Senado y que la representante de ERC, Mireia Cortés, propició con una intervención en la que reiteró las exigencias planteadas el lunes por Puigdemont en la conferencia que pronunció en el Ayuntamiento de Madrid.
La senadora le reprochó «preferir imponer a escuchar» y le emplazó a dar una respuesta a la oferta de «diálogo» que pone la Generalitat sobre la mesa para pactar las condiciones de celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Cortés, como Puigdemont, entiende el diálogo como un camino unidireccional que ha de desembocar en un terreno previamente acotado: el de la consulta secesionista. En tanto que Rajoy rehúsa de plano dar un solo paso por esa senda y en su lugar señala el Congreso como el foro adecuado para que la Generalitat someta a debate y votación su demanda.
La propuesta del Gobierno ha sido rechazada. Lo hizo Puigdemont el lunes y ayer lo repitió la senadora de ERC, para quien es inaceptable la idea de acudir a la sede de la soberanía nacional porque en la misma impera la «mayoría absolutísima de PP, PSOE y Ciudadanos».
En palabras de un miembro del Gobierno: «Rechazan jugar porque no tienen garantizado el árbitro a su favor». Cortés lo ve de otra forma: «Quieren que aceptemos su España radial, centralizadora y expoliadora. Pero no, nosotros votaremos».
Para la representante de ERC, la posibilidad de acudir a las Cortes –aun cuando ella forme parte de las mismas– no es sino un «subterfugio» para impedir a los catalanes votar, algo que, tal y como advirtió, harán sí o sí el próximo otoño.
El problema, visto desde las fuerzas independentistas, debe definirse como «un choque de legalidades»: la española contra la catalana, como si esta segunda no derivara directamente de la Constitución.
En el Gobierno se declaran «estupefactos» ante estos argumentos, que definen como un «chantaje intolerable». El presidente asegura no haber visto en su vida una «cacicada» como la que pretende perpetrar la Generalitat con su ley secreta de desconexión, una especie de Constitución para consumar por la vía exprés la independencia e imponer la república catalana.«Esto», afirmó ayer, «sólo ocurre en las peores dictaduras».
Por el momento, el Gobierno evita adelantar detalles de la estrategia que activará si la Generalitat, como amenaza, intenta sacar las urnas y emite, saltándose la ley, una declaración de independencia. Rajoy y todos sus ministros –ayer mismo lo hizo el titular de Interior– garantizan que nada de eso sucederá, pero no aportan concreción a sus palabras. Sí se apunta desde Moncloa que todos los instrumentos de que dispone el Estado están previstos y listos para ser activados. Entre ellos figura sin duda la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado tomar las riendas de una o varias competencias autonómicas.
En cualquier caso, el Ejecutivo tiene todavía puesta su confianza en la red que ha ido tejiendo poco a poco en la sociedad civil, entre los funcionarios, con las empresas… para que sean los propios ciudadanos los que empiecen a poner freno a la deriva de la Generalitat.
Por su parte, el Govern se muestra decidido a no dar un solo paso atrás. Ayer mismo acordó remitir a Moncloa su «petición formal» para negociar el referéndum. Será una carta firmada por Puigdemont que se enviará en los próximos días. La oferta, como aclaró la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, será sólo para abordar los términos de la votación, no sobre su celebración, que es algo ya decidido.
«Estamos dispuestos a sentarnos y a hablar sobre las condiciones de este referéndum. Tenemos una mayoría parlamentaria y social. La respuesta no puede ser hablar de golpe de Estado. Esta oferta se dirige al presidente del Gobierno y esperamos una respuesta a la altura del civismo que nosotros manifestamos», explicó la portavoz antes de quejarse de que se hable de «unilateralidad» porque la Generalitat, apuntó, no hace más que insistir en su voluntad de diálogo.
La «petición formal» de Puigdemont recordará los «amplios acuerdos» en el Parlament a favor del referéndum y la recogida de «más de medio millón de firmas» por parte del Pacto Nacional para el Referéndum, un organismo creado para intentar sumar al entorno de Podemos y de Ada Colau a la causa soberanista.
«La Constitución no puede ser nunca un muro para una solución política; no puede ser la llave que cierre todas las cerraduras». Es la filosofía que defiende el Govern, según el cual hay «numerosos juristas de prestigio» que afirman que la Carta Magna puede cobijar un referéndum «si se hace una lectura adecuada y abierta del marco legal».