EL ECONOMISTA 17/09/14
Aumentar la autonomía fiscal de Cataluña mediante la revisión del sistema de financiación autonómica aumentando los ingresos transferidos por liquidaciones y anticipos, junto con la cesión a la Generalitat de la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, son algunas de la medidas en las que trabaja el Gobierno para ofrecer a Artur Mas, a cambio de la anulación del referéndum independentista del 9 de noviembre.
Ambas medidas forma parte del paquete de 23 propuestas que el Presidente de la Generalitat entregó a Mariano Rajoy en la reunión que los dos mandatarios mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado 30 de julio.
En medios próximos al Ejecutivo apuntan también que otras de las propuestas de Mas sobre las que trabaja en estos momentos el Gobierno se dirigirían a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,7% del PIB para 2015 a través de la transferencia a Cataluña de unos 1.200 millones de euros en concepto de compensación por la supresión de la tasa sobre los depósitos bancarios. También servirán para liquidar los pagos pendientes que el Ejecutivo catalán reclama por las transferencias correspondientes al año 2008.
Estas medidas, añadidas a una mayor inversión en infraestructuras y a otras de ámbito lingüístico, administrativo y judicial, podrían formar parte de una negociación encaminada a un mayor reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña sin necesidad de reformar la Constitución, y sin consultas.
Al margen de la negociación, los círculos monclovitas confirman que el Gobierno tiene previstos todos los mecanismos necesarios para suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Matizan, sin embargo, que esta medida se contempla sólo como un recurso extremo al que esperan no tener que recurrir.
En estos momentos «sería una irresponsabilidad política absoluta», afirman, mientras resaltan que en Moncloa siguen pensando que Mas «va a cumplir con la palabra dada y no va a hacer nada ilegal» .
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, desató una oleada de especulaciones y reacciones al declarar en los desayunos de Europa Press que el Gobierno utilizará «todos los medios» legales a su alcance para que no se celebre el referéndum.
«Toda la ley, sólo la ley, pero toda la ley», afirmó el ministro. Y, preguntado si eso incluye la suspensión de la autonomía catalana no dudó en asegurar que «incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre».
Mas tarde, y a su llegada al Congreso explicó que, «si se produce un desafío a la legalidad será respondido con toda eficacia y contundencia desde la legalidad». No obstante, Margallo dijo estar «absolutamente seguro» de que el presidente de la Generalitat «no va a hacer nada que infrinja la legalidad».
Recordar que el artículo 155 de la Constitución dispone que «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Las medidas que podría adoptar el Gobierno en este caso van desde la intervención y fiscalización administrativa, económica financiera, hasta la sustitución de instituciones y organismos, siempre con carácter temporal.
Foment pide la «plena gestión tributaria»
El Presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay, defendió ayer la necesidad de llegar a un gran Pacto Institucional, «mediante el diálogo y la negociación» para facilitar el encaje de Cataluña en España. Un Pacto Institucional que el dirigente empresarial indicó que «debería tener en cuenta la cesión de la plena gestión tributaria».
Joaquim Gay rechazó también cualquier actuación ilegal afirmando que «Hemos reiterado múltiples veces al Gobierno de Cataluña que nadie entendería un quebrantamiento de la legalidad. Cataluña no quiere ni necesita políticas radicales que sólo conducen a la confrontación»