El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, utilizó ayer una cita de Xabier Arzalluz en su primera comparecencia pública tras cerrar el acuerdo que garantizará a Mariano Rajoy el apoyo de los cinco diputados nacionalistas a los Presupuestos Generales de 2017. «Nunca nos temblará el pulso para pactar con el objetivo de lograr el bienestar de Euskadi», sentenció el 30 de abril de 1996 Arzalluz tras estrechar la mano de José María Aznar y garantizarle su primera investidura. Veintiún años después, Ortuzar quiso anclar ayer el apoyo a un PP acosado por los escándalos de la corrupción en la historia pactista de su partido y contextualizó este acuerdo puntual en una recuperación del «clima de confianza» con la «estabilidad política» como valor compartido por ambas formaciones.
Mensajes de trascendencia política articulados tras firmar un acuerdo en el que el Gobierno central ha asumido que el País Vasco se descontará 1.400 millones de euros que pagó de más en los últimos 10 años del Cupo y que en 2025 se culminará la construcción del nuevo trazado ferroviario de Alta Velocidad, que incluye el costoso soterramiento de los accesos en Bilbao y Vitoria.
Ortuzar y la comisión negociadora dirigida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerraron su acuerdo en el complejo del Palacio de La Moncloa mientras en el Bernabeú el Atlético de Madrid sufría las acometidas de Cristiano Ronaldo. Pese a ello, y como entre sonrisas deslizó ayer Ortuzar, Montoro –reconocido aficionado rojiblanco– no perdió el ánimo para cerrar un acuerdo que encalló justo antes del Puente del 1 de Mayo, cuando las dudas sobre si apostar por los Presupuestos de 2017 o jugar todas las bazas en la próxima negociación de las cuentas de 2018 se instalaron en el equipo del Ministerio de Hacienda, que ha negociado en dos mesas: con el Gobierno vasco sobre el Cupo y con el PNV sobre un conjunto de inversiones que incluían como requisito el Cupo, pero que iban más allá.
El compromiso rubricado en la mañana de ayer por Andoni Ortuzar y Mariano Rajoy –el presidente del Gobierno, atento a la negociación, sí vio el partidazo de Ronaldo desde su residencia en La Moncloa– incluye 36 compromisos, en los que han quedado al margen cuestiones como el traspaso de competencias –las penitenciarias y la Seguridad Social entre ellas– o la retirada de recursos contra leyes del Parlamento vasco que se utilizaron en el arranque de la negociación como parte de la denominada «agenda vasca».
Tanto por su alcance económico como por el reconocimiento de que el pacto es el resultado de una negociación bilateral, el PNV estableció como condición imprescindible que se zanjara el litigio que desde 2007 mantenían las Haciendas vascas con Madrid sobre el Cupo. Un desencuentro que ni siquiera el lehendakari Patxi López llegó a resolver cuando Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno y que acumuló un litigio contable en el que Euskadi reclamaba 1.600 millones de euros.
El pacto alcanzado ahora entre Montoro y el consejero vasco Pedro Azpiazu, auspiciado por una conversación clave entre Rajoy y Ortuzar mantenida el jueves 27 de abril, supone el reconocimiento de 1.400 millones de euros a favor del País Vasco por los Cupos de los últimos 10 años.
La devolución se efectuará a través de la disminución del Cupo a pagar en los próximos cinco años por Euskadi, con descuentos que se inician en 2017 con el 10% de esos 1.400 millones y que culminarán en 2022 con la resta del 30% de esta cantidad. Un acuerdo técnico, como recalcó ayer Azpiazu, que se complementó con la determinación de una nueva aportación anual que no varía los criterios utilizados hasta ahora, pero que se concreta por acuerdo entre las partes en unos teóricos 1.300 millones de euros anuales sujetos a relevantes descuentos.
De esta manera, el País Vasco restará en 2017 a esos 1.300 millones de euros lo que gasta en políticas activas de empleo, estimado en 344 millones anuales. Pero además, también se descontarán los primeros 140 millones de la devolución pactada. De esta manera, la comunidad autónoma aportará al resto de España un total de 816 millones de euros, que pueden reducirse aún más si durante este año se realizan nuevas obras en el AVE a cargo del Gobierno vasco.
Los ingresos en las arcas estatales previstos en el proyecto de Presupuestos que hoy se votará en el Congreso se estimaban en 1.202 millones de euros, por lo que serán casi 400 millones de menos que Montoro tendrá que compensar con otros ingresos.
Además del complejo sistema de intercambios financieros entre las Haciendas vascas –con capacidad normativa y recaudatoria fiscal propia– y el Gobierno central, el PNV presionó con la finalización de las obras del tren de alta velocidad y con otras infraestructuras ferroviarias menores vinculadas a sus proyectos logísticos. El acuerdo incluye el compromiso de destinar 3.380 millones de euros hasta el año 2025 para culminar la denominada Y vasca, que es el nuevo trazado que une Vitoria, Bilbao y San Sebastián dentro del nuevo corredor del AVE europeo por la fachada atlántica francesa.
El pacto no sólo establece un rígido cronograma que facilitaría que los primeros trenes utilicen la Y en 2023, sino que incluye el soterramiento de las nuevas vías y estaciones en las entradas de Bilbao y Vitoria. Aunque aún no se han adjudicado los proyectos informativos de ambos soterramientos, los primeros cálculos estiman un coste de 800 millones en el caso de Bilbao y alrededor de 400 millones en Vitoria para estos proyectos que Adif ha descartado en otras ciudades españolas.
Al margen de las inversiones, el pacto suscrito entre el PNV y el Gobierno facilitará que la Ertzaintza pueda conectarse con las bases de datos de los servicios de seguridad europeos. Punto que se suma a un acuerdo previo que allanó la negociación sobre la capacidad de Euskadi de definir su plantilla policial.