Reconocimiento insuficiente

Cuando el lehendakari dice que envía a las víctimas «un abrazo en nombre de toda la sociedad vasca» les suena a oportunista. Hay una parte de esa sociedad, los que tomaban su aperitivo en Mondragón mientras otros se concentraban para protestar por el atentado de Legutiano, por ejemplo, que tiene que vencer su autismo.

El funeral de Estado en Vitoria que recibió el guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado por ETA en Legutiano, así como el tributo que dedicó, por primera vez, el Parlamento vasco a un guardia civil no debería servir para que nuestros dirigentes cayeran en la autocomplacencia. Más bien al contrario. Los titulares que remarcaban que, «¡por primera vez!», un guardia civil, asesinado por los terroristas, recibía el homenaje que se merecía, no debería producir en Ibarretxe la impresión de haber cumplido con su deber. Ni mucho menos.

Muy despegados del sufrimiento de las víctimas han tenido que vivir los sucesivos gobiernos vascos cuando han dirigido los destinos de Euskadi desde 1980, y ahora, 28 años después, estamos hablando de homenajes que nunca se habían realizado durante todo este tiempo. No estamos ante un record para colgarse medallas. ¡La primera vez que el Parlamento Vasco ha celebrado un pleno monográfico sobre víctimas del terrorismo fue en octubre de 2007!

Seguramente, sin la labor de Maixabel Lasa (viuda del ex gobernador civilde Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA) al frente de la Dirección de Atención a las Víctimas, todavía estaríamos en una situación de mayor retraso, si cabe. Pero el balance de la dedicación de nuestros gobernantes a las víctimas del terrorismo, con sus dos homenajes incluidos, es francamente pobre. El homenaje que el Parlamento vasco rindió al guardia Piñuel, así como la ofrenda floral conjunta entre funcionarios de la Benemérita y la Ertzaintza, no tiene precedentes. Pero, ¿qué han estado haciendo todos los gobiernos vascos desde 1980 hasta ahora?

La respuesta habría sido tan ingenua como la alusión al miedo o la falta de implicación democrática si, veinticuatro horas más tarde, el mismo Parlamento que homenajeaba a las víctimas de ETA no hubiese aprobado la moción que habla del amparo del Gobierno español a la Guardia Civil y la Policía Nacional ante las denuncias de torturas. Una moción apoyada por el Gobierno tripartito que dirige Ibarretxe y que no pretende otra cosa que situarse en la falsa equidistancia para ganarse los favores del entorno de ETA que tan buenos réditos electorales puede dar al PNV cuando, en los próximos comicios, los sucesores de Batasuna no puedan presentarse.

Eso es lo que opinan en el Partido Socialista y el Partido Popular. Y eso es lo que creen muchas de las víctimas que estuvieron a punto de no acudir al homenaje, en el Kursaal de San Sebastián, y que se fían, en el fondo, tan poco del Gobierno vasco que, por un momento, llegaron a temer la posibilidad de que el ejecutivo de Ajuria Enea hubiera invitado, también, a familiares de presos de ETA. Ha sido, precisamente, la desconfianza en este Ejecutivo vasco lo que ha provocado la ausencia de Covite y el PP del homenaje. Le queda mucho todavía a Ibarretxe para merecerse la confianza de los colectivos que han sufrido en primera persona los azotes del terrorismo.

Por eso, cuando el lehendakari dice que les envía «un abrazo en nombre de toda la sociedad vasca» les suena a oportunista. Hay una parte de la sociedad vasca, los que tomaban su aperitivo en Mondragón mientras otros se concentraban para protestar por el atentado de Legutiano, por ejemplo, que tiene que vencer su autismo. De la misma manera que otra parte de la sociedad vasca hace décadas, mucho antes del abrazo del lehendakari, que está junto a las víctimas.

La suscripción de una resolución parlamentaria en la que se acusa al Gobierno de Zapatero de amparar de forma «sistemática» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante las denuncias de tortura es asumir el discurso de ETA como herencia política. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno vasco. Hoy por hoy, todo el mundo sabe que el sistema español puede ser considerado garantista respecto al terrorismo. No hay prácticamente nadie que en la actualidad crea que la tortura, en España, sea una práctica generalizada; de la misma forma que nadie puede atreverse a descartar la existencia de casos aislados. Pero cualquier organización de defensa de los derechos humanos que lea la resolución del Parlamento vasco se llevará un concepto equivocado del funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país. Y esa confusión se la debemos, entre otros, al Gobierno vasco.

El ministro Rubalcaba no oculta su indignación ante una acusación tan generalizada que viene a justificar parte del discurso terrorista. Seguramente, en la entrevista que tendrá lugar mañana en La Moncloa, el lehendakari recibirá un reproche del presidente Zapatero. Pero a Ibarretxe lo único que le importa es su ‘hoja de ruta’. Nada, (la persistencia del terrorismo) ni nadie (Josu Jon Imaz) le han desviado un ápice de su empecinamiento.

Tonia Etxarri, EL CORREO, 19/5/2008