Más pronto que tarde acabará formulándose la falacia tantas veces oída respecto a la Constitución española: que los vascos rechazaron ayer la Constitución europea. Como si fuese posible formar parte de la Unión Europea al margen del marco legal que la conforma.
Los ciudadanos españoles refrendaron ayer el Tratado constitucional de la UE con una participación baja, tan ajustada como previsible, y con el abrumador apoyo, por parte de quienes decidieron votar, al texto sometido a plebiscito. Tanto la afluencia de votantes en el referéndum como la participación en las elecciones al Parlamento europeo atestigua que, tal y como sucede en países fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, la ciudadanía española, al tiempo que se siente europeista, contempla con un cierto distaciamiento la realidad institucional de la Unión. Esa es la lectura a la que invitó ayer el dato de la exigua concurrencia a las urnas en contraste con el rotundo sí expresado por los votantes que participaron en la cita electoral. No es fácil que una realidad política en disposición de acoger a cerca de 500 millones de habitantes pueda reproducir en su seno los índices de participación que vinculan a la ciudadanía con sus ámbitos institucionales más próximos. Además, el hecho de que el referéndum no fuese vinculante y que su resultado en ningún caso pudiese poner en riesgo la presencia de España en el futuro europeo explican el desinterés mostrado hacia la consulta por aquellos ciudadanos que ayer rehusaron acudir a las urnas.
Una participación del 42,33% del censo con un 76,71% del voto favorable a la Constitución europea no pueden ni deben convertirse en argumento de la disputa partidaria, en especial entre socialistas y populares. El escrutinio no permite ni ser enarbolado como éxito político por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni utilizarse por parte de la formación que lidera Mariano Rajoy para calificarlo como fracaso neto del anterior. Pero además sería insensato que las dos principales formaciones, llamadas por ello a alternarse en la dirección de los destinos del país, acabaran enzarzándose en un cruce de críticas y reproches a cuenta del resultado de ayer. El hecho de que el Partido Popular mantenga serias reservas sobre la idoneidad del texto refrendado en comparación con los acuerdos de Niza puede resultar tan comprensible como evidente es que el Tratado constitucional sometido a consulta no encuentra otra alternativa que su propio y paulatino desarrollo. Llegados a este punto, España puede y debe brindar a los demás países europeos hoy pendientes del trámite plebiscitario el dato más positivo de la jornada de ayer: el masivo sí expresado por quienes participaron en el referéndum. Aunque tanto la baja afluencia como la existencia de bolsas de voto negativo, procedentes de la contestación más de izquierdas, del nacionalismo o de sectores de la derecha española, obliga a las formaciones que han secundado el sí, y en especial al propio Gobierno, a corregir desde la unidad errores y equívocos con el fin de propiciar un compromiso más sólido y consciente entre los ciudadanos españoles y el futuro de la Unión Europea.
El referéndum reveló al mismo tiempo una imagen preocupante del comportamiento de la ciudadanía vasca. El hecho de que la participación se situara en Euskadi más de tres puntos por debajo de la media española y, sobre todo, el dato de que el no duplicara la media española representa un inquietante síntoma de alejamiento respecto a las coordenadas en las que se mueve el resto de ciudadanos españoles. Ello se mostró de forma especialmente acusada en Gipuzkoa.
El diferencial vasco responde probablemente no tanto a la existencia de una actitud más euroescéptica en Euskadi que en el resto de España como a los efectos inducidos por un prolongado clima de provisionalidad, por la persistente vivencia de una transición permanente, por el sistemático cuestionamiento de los compromisos constitucionales. Sobre todo, cuando ese clima es fomentado desde las propias instituciones autonómicas. Más pronto que tarde es posible que acabe formulándose la falacia que tantas veces se ha oído respecto a la Constitución española: que los vascos rechazaron ayer la Constitución europea. Como si fuese posible formar parte de la Unión Europea al margen del marco legal que la conforma.
El mero hecho de que el propio lehendakari Ibarretxe no se haya pronunciado ante tan importante cita en las urnas adquiere todo el significado de la ambivalencia con la que el nacionalismo gobernante en su conjunto afrontó la consulta de ayer, sobre todo cuando se comprueba que mientras el PNV defendía un voto positivo, su actual socio de coalición, Eusko Alkartasuna, se posicionaba claramente en contra del testo constitucional europeo. Si el resultado ofrecido por el referéndum en el conjunto de España permite extraer una conclusión moderadamente positiva a pesar de la baja participación, parece evidente que Euskadi ofreció una nota contrapuesta. Una faceta que contribuye a deducir un cierto desapego de los ciudadanos vascos respecto a los compromisos institucionales y al funcionamiento normalizado de los poderes constituidos.
Editorial en EL DIARIO VASCO, 21/2/2005