Pablo Sebastián-Vozpópuli

Faltan nuevas pesquisas judiciales (y mediáticas) como las que ahora tienen en vilo a la pareja presidencial que el PP compara con los Kirchner de Argentina y que, por ahora y en todo caso, están en el ojo del huracán

Nunca había ocurrido en la política española que la mujer del presidente del Gobierno, en este caso Begoña Gómez, esté siendo investigada por un juez y citada a declarar en diligencias previas por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Un delito este último que, en el caso de confirmarse, también acabaría implicando en el procedimiento al presidente y esposo de la imputada Pedro Sánchez.

El que dice estar ‘profundamente enamorado’ de Begoña, motivo por el que Sánchez debe acompañar a su esposa este viernes al juzgado donde se la espera con máxima expectación política mediática. Y donde el abogado de Begoña pidió al juez que la vista se celebre a ‘puerta cerrada’ y que no se grabe en vídeo el interrogatorio de su pupila por causa de su ‘relevancia’. Lo que no ocurrió en muchos casos, como con la infanta Cristina.

Sin embargo, dado que Sánchez insiste que ‘no hay nada de nada’ en la larga lista de presuntos delitos o irregularidades que se investigan, lógico sería que el interrogatorio de Begoña por el juez Juan Carlos Peinado fuera abierto al público y a los medios para evitar las manipulaciones y los ‘bulos’ que denuncia Sánchez.

Pero todo apunta que ni el enamorado Pedro Sánchez acompañará a su esposa ni se admitirán a periodistas en la sala y no se podrá retransmitir por televisión el interrogatorio de Begoña, aunque el juez sí que debe grabar en audio y vídeo la sesión como suele ser habitual en este tipo de causas.

Y aunque una parte del sumario ha sido asumido por la fiscalía de la UE el caso de Begoña Gómez se está complicando para ella por causa de informaciones y los múltiples indicios que sobre sus presuntas irregularidades y delitos no cesan de aparecer sobre sus negocios.

La última revelación confirma que la asistente personal de Begoña Gómez en La Moncloa, María Cristina Alvarez Rodríguez, contratada ‘a dedo’ por el Ministerio de Justicia como ‘asistenta’ de la esposa del Presidente, hizo gestiones ante la empresa pública Correos para agilizar el pago de unas facturas de los negocios de Begoña. Lo que puede constituir una prueba flagrante del presunto ‘tráfico de influencias’ que investiga el juez Peinado.

Y a lo que se añaden acuerdos de financiación de los dos máster de Begoña Gómez en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de Transformación Social Competitiva con empresas como Globalia (dueña de la ‘rescatada’ Air Europa) y el grupo de sociedades empresario Barrabés, al que la propia Begoña recomendó de manera reiterada, personalmente y por escrito. En sus pretensiones de lograr subvenciones públicas que consiguió.

Y a no perder de vista el hecho de que el presidente Sánchez no se ausentó, por un posible ‘conflicto de intereses’, de los consejos de Ministros en los que se aprobaron esas ayudas a empresas que beneficiaron y colaboraban con su esposa

Así como un sin fin de varias irregularidades administrativas en su relación con la UCM. Y a lo perder de vista la presunta ‘apropiación Indebida’ por Begoña Gómez del software que ella pidió, ‘gratis et amore’, a primeros gestores de tres empresas del Ibex 35, Telefonica, Indra y Google y el que en principio debía ser propiedad de la Universidad madrileña.

Y vamos a ver si el caso de Correos y la gestión que hizo ‘la asistenta’ de Begoña en La Moncloa María Cristina Álvarez fue la única de intromisión de la asistenta en los negocios de Begoña o aparecen otras más mientras María Cristina Álvarez cobraba su sueldo del ministerio de Justicia.

Y a no perder de vista el hecho de que el presidente Sánchez no se ausentó, por un posible ‘conflicto de intereses’, de los consejos de Ministros en los que se aprobaron esas ayudas a empresas que beneficiaron y colaboraban con su esposa. Y de una manera especial el rescate multimillonario de Air Europa, de Globalia, la empresa que financió a Begoña en su proyecto África Center, y cuyo primer ejecutivo Javier Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en la sede de Globalia los días en los que el Gobierno aprobó el citado rescate.

O el hecho de que empresas públicas, Correos incluida, si financiaron las becas o matrículas de alumnos para ser inscritos en los másters de Begoña y cuyo pago luego les exigió la ‘asistenta’ de Begoña.

La que pudo haber hecho las gestiones, desde ‘La Moncloa S.L’, ante grandes empresas del Ibex para que la esposa del presidente fuera recibida en el primer nivel donde ella presionó y propuso que le ‘fabricaran’ un software para la gestión de su cátedra y que pudo haber tenido un coste de algo más de 200.000 euros.

Todo ello podría acabar por parte de la defensa de Begoña, y para poner fin al calvario procesal, en una petición de ‘condena de conformidad’ (como la del novio de Ayuso frente a Hacienda)

O sea una ‘joyita’ la tal Begoña en la gestión empresarial, en el arte del caos de gestión empresarial y del medrar y de conseguir favores y beneficios a la sombra de su marido. Lo que, como poco, es una inmoralidad y revelan un trato de favor por ser la esposa del presidente del Gobierno.

Y lo que a la vista de los últimos datos aparecidos podría confirmar los delitos de corrupción y tráfico de influencias que investiga el juez. Por lo que, a medida que avance la investigación judicial, todo ello podría acabar por parte de la defensa de Begoña, y para poner fin al calvario procesal, en una petición de ‘condena de conformidad’ (como la del novio de Ayuso frente a Hacienda).

Lo que, de confirmarse, pondría fin a la presidencia y la carrera política de Pedro Sánchez. Aunque para llegar a esa situación faltan nuevas pesquisas judiciales (y mediáticas) como las que ahora tienen en vilo a la pareja presidencial que el PP compara con los Kirchner de Argentina y que, por ahora y en todo caso, están en el ojo del huracán.

Al fondo de todo ello un paralelismo: ‘favores políticos’ a las empresas de Begoña para su beneficio personal; y ‘favores políticos’ para los golpistas y malversadores del ‘procés’ soberanista catalán para que Sánchez pueda seguir en el poder unos años más.