LA SENTENCIA del procés no es un iceberg con el que vayamos a chocar en mitad de la noche. Faltos de confianza en nuestra democracia y Estado de derecho, un gran número de comentaristas y políticos, analíticamente perezosos por igual, nos previenen día y noche sobre las consecuencias adversas de la sentencia y nos animan a ir subiendo a la cubierta para iniciar el procedimiento de evacuación previsto (consistente en concesiones a los independentistas) mientras nos ablandan psicológicamente con el consabido «estamos ante un problema político que necesita una solución política».
Esta visión tan extendida de que la sentencia es, en sí y para sí, un obstáculo, y que lo único que queda por saber es cómo de voluminoso será el daño en años de prisión o inhabilitación, debe ser expuesta a contradicción. Porque recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos aparte, y sin entrar en el debate sobre los tipos penales (rebelión o sedición) ni los términos de las condenas (graves o atenuadas), la sentencia será beneficiosa porque pondrá punto y final al procés tal y como lo hemos conocido en estos últimos años, es decir, a la vía unilateral e ilegal hacia la independencia.
Como ya señalara el Presidente Kennedy en su discurso advirtiendo al segregacionista Gobernador Wallace (el equivalente alabamés de Puigdemont y Torra): «en una democracia, los ciudadanos son libres de discrepar de la ley, pero no de desobedecerla». En su huida hacia adelante, los líderes del procés han chocado contra cinco obstáculos, todos tan previsible que resulta sonrojante que en todo el tiempo dedicado a preparar el golpe no hubieran reparado en ellos. Han chocado contra la comunidad internacional, en absoluto deseosa de convalidar su autoconcedido derecho a la autodeterminación; han chocado contra su propia sociedad, que se ha partido en dos, salido a la calle a oponerse a sus pretensiones y, como hemos visto esta semana, desengañado de sus promesas y hartado de sus divisiones; han chocado con los intereses económicos de sus empresas y ciudadanos, que apostaron contra el procés sacando sus capitales y ahorros de Cataluña; han chocado con las instituciones democráticas y los partidos políticos, que activaron el 155; y con el Estado de derecho y sus tribunales, que procesaron a sus líderes. La sentencia, previsiblemente, será el último clavo en el ataúd del procés. Tomadas en su conjunto, esas cinco reacciones son la respuesta política (democrática) al problema político generado por el independentismo que permitirá volver a hacer política (democrática), no impedirlo.