Sin colaboración con la Justicia no hay reinserción

Consuelo Ordóñez, EL CORREO, 30/6/12

No me explico por qué el señor Ares y el señor Loza se han puesto nerviosos. Lo atribuyo a la deriva del Gobierno vasco y a la obsesión que les ha entrado por los presos de ETA

Estoy sorprendida con las reacciones que ha desatado mi encuentro de la pasada semana con Valentín Lasarte, uno de los asesinos de mi hermano Gregorio: que si me quiero cargar la reinserción, que si monto circos mediáticos, que si soy víctima mala y nada bueno ha de salir de esa reunión… algo que, si no me equivoco, no lo he oído decir antes con ocasión de otros encuentros. También me llama poderosamente la atención que la ‘Oficina de Desatención de las Víctimas del Terrorismo’ sea la que me ataque con mayor virulencia. ¿Quizá es porque no les ha gustado que ahora los encuentros entre víctima y victimario no puedan ‘manipularlos’ y se escapen de su control, preparación y posterior difusión?

Hay 326 atentados mortales de ETA sin esclarecer; perdón, desde el pasado martes tenemos la buena noticia de que sean 324. Teníamos una exitosa ‘vía Nanclares’, que desde el año 2006 ha conseguido que de aproximadamente 800 presos de ETA en las cárceles, 22 se hayan acogido a ella. Merece recordar que cuando uno a uno fueron tomando las supuestas decisiones de desvincularse de ETA, estaban bastante lejos de casa, y que no fueron consecuencia ni de encuentros ni de flexibilizaciones de leyes penitenciarias. Los requisitos a cumplir consistían en la firma de un papel en el que se desvinculaban de la banda, pedían perdón a las víctimas (curiosa forma de pedir perdón) y se comprometían a hacer frente a las indemnizaciones por sus delitos.

Ahora tenemos un ‘plan’ integral de reinserción de presos parido por el actual Ministerio del Interior, que para hacer el trabajo más sencillo y evitar así burocracias exige un solo requisito: «La mera declaración de separarse de la banda servirá para que los terroristas se integren en el plan de reinserción y cumplan sus condenas en cárceles del País Vasco». Y acabo el texto: ¡Anímense que nadie da más!

Por si alguien no lo sabe les recuerdo que la política penitenciaria es competencia exclusiva de los gobiernos, cosa que jamás hemos discutido, por lo que si el Gobierno actual hubiera preferido poner como requisito para un acercamiento que los candidatos escribieran 100 veces en un papel «condeno la historia de terror de ETA», éste y no otro sería el requisito para beneficiarse del ‘premio’.

Este año en Covite hemos hecho un máster en leyes penales y penitenciarias, y hemos descubierto que las leyes penitenciarias y el Código Penal establecen para el reconocimiento del tercer grado penitenciario o de la libertad condicional, además de los tres requisitos ya conocidos, un cuarto que siempre parece olvidarse: colaborar activamente con las autoridades para el fin del terrorismo. En nuestra visita al ministro del Interior, le dijimos, entre algunas cosas más, que si tenemos 326 atentados mortales de ETA sin esclarecer en los que los familiares de las víctimas nada saben y no han tenido acceso a la Justicia ni a las acciones protectoras y reparadoras derivadas de la misma, a diferencia de las que sí han obtenido esa reparación con una sentencia condenatoria, ¿por qué no incorporar el requisito de la colaboración a la entonces vigente ‘vía Nanclares’?

Nos parecía de justicia y sentido común que si se les pide colaboración, así resolvíamos atentados sin esclarecer, se respondía a una reivindicación histórica y fundamental de las víctimas y además así cumplían el cuarto requisito para considerarlos reinsertados legalmente. Si alguien está interesado en la reinserción, que quede claro que las primeras somos nosotras, las víctimas del terrorismo. El resultado de la reunión con el ministro es de todos conocido: su plan integral de reinserción.

Puedo asegurar que hasta Valentín Lasarte siguió atentamente mi razonamiento el otro día, aunque no supo explicarme por qué luego, ante la Audiencia, le sobrevino una amnesia repentina. Pienso que tal vez fue porque –así me lo reconoció– nadie, desde que está en la cárcel, se lo había pedido y nadie le ha dicho que tiene la obligación legal de colaborar con la justicia. Tengo la esperanza de que ahora que alguien se lo ha dicho cambie de actitud y colabore con la Justicia, ya que si parecía estar arrepentido, ahora que además está informado se decida a colaborar y sea un ejemplo para sus compañeros. Y no vuelva a pasar lo que pasó con la absolución de Carasatorre por el asesinato de Alfonso Morcillo.

Y qué decir del señor Ares, consejero de Interior del Gobierno vasco, y del señor Loza, comisionado para la paz. No me explico por qué se han puesto nerviosos. Lo atribuyo a la deriva del Gobierno vasco y esa obsesión que les ha entrado por los presos de ETA, con la flexibilización/incumplimiento de leyes penitenciarias, legalización de sus partidos políticos, internacionalización del conflicto, con los ‘decretazos’ para el reconocimiento de «sus víctimas», por la liberación del ‘pobre’ de Otegui… El señor Ares, el 8 de junio de 2012, en sesión plenaria del Parlamento vasco y en contestación a Gorka Maneiro en relación a los crímenes sin resolver, nos emplazó a las víctimas a facilitar las pruebas necesarias a la Ertzaintza para esclarecer la autoría de los crímenes de nuestros familiares no resueltos. Siempre he tenido esa apreciación de mi vida en el País Vasco: que he pagado un alto precio por vivir allí y que es el país del mundo al revés.

Quiero agradecer a todas aquellas personas que me han apoyado y han salido a defenderme de autoridades incompetentes e irresponsables y que me han acompañado en este sufrimiento añadido que ha supuesto encontrarme con uno de los asesinos de mi hermano, con quién nunca hubiera tenido ninguna necesidad de encontrarme y con quién nunca hubiera querido que se encontrara mi hermano. ¡Que fácil es cambiar el rumbo de la historia!, y ahora quieren encima pedirnos complicidad y apoyo en la impunidad en la que están empeñados tantos tontos útiles en el País Vasco.


Consuelo Ordóñez, EL CORREO, 30/6/12