Sortu: la apuesta para volver a la legalidad

La tregua despejaba el camino para que Batasuna presentara el nuevo partido, Sortu. Para tener garantías de éxito estudiaron las exigencias que habían ido estableciendo las sentencias de ilegalización y las leyes y fueron lo más lejos que pudieron en su rechazo a la violencia, incluida ETA.

“Es una catástrofe”. Así calificó Arnaldo Otegi la sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal de Estrasburgo que avalaba la ilegalización de Batasuna. Tras la decisión de la corte europea, la izquierda abertzale empezó a comprender que no podría volver a la legalidad subordinada a una ETA en activo. Empezó entonces un proceso que ha conducido a la constitución de Sortu (“nacer”) como partido que viene a sustituir a las siglas ilegalizadas.

La presentación de Sortu ha sorprendido al contemplar en sus estatutos el rechazo a la violencia, con mención expresa a ETA aunque no se repruebe el terrorismo practicado por la banda a lo largo de su historia sino el que pudiera producirse en el futuro. Batasuna fue más allá de lo que se esperaba, aunque no es seguro que ello sea suficiente para sortear el filtro legal, puesto que sobre la nueva sigla pesa la amenaza de ser considerada como un caso de sucesión fraudulenta contemplado en el artículo 12 de la ley de Partidos.

Desde que en 2003 se produjo la ilegalización de Batasuna, la izquierda abertzale ha utilizado otras once siglas diferentes para intentar estar presente en los diferentes comicios, pero nunca había tratado de marcar distancias con el terrorismo. Ni siquiera de aparentarlo. La única vez que una lista apadrinada por Batasuna expresó una declaración de condena de la violencia fue Iniciativa Internacionalista, coalición formada por Izquierda Castellana y Comuneros para las europeas de 2009. Al recurrir ante el Constitucional, alegaron que estos dos partidos nunca habían utilizado la violencia y que ésta era “algo ajeno a su forma de acción y cultura política”. Batasuna, con su historia detrás, no podía emplear semejante argumento para convencer a los tribunales.

A partir de la sentencia de Estrasburgo comenzó a agudizarse el conflicto de intereses entre Batasuna y ETA, un conflicto provocado por la firmeza del Estado aplicada tanto a la banda como a su brazo político. El partido necesitaba volver como fuera a la legalidad, pero la banda terrorista no tenía las mismas urgencias. ETA, que en 2006 había prohibido a Batasuna aceptar las ofertas de legalización que le presentaba el Gobierno, quería a su brazo político en las instituciones, pero no al precio de cuestionar la violencia.

El primer encontronazo entre ETA y Batasuna fue, precisamente, por la elaboración de las listas europeas. La banda quería una coalición de Batasuna con Eusko Alkartasuna, pero Otegi y sus compañeros, sin informar a ETA, articularon la lista de Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre. ETA echó una bronca por escrito a los dirigentes de Batasuna, pero se resignó ante los hechos consumados.

Después vendría el conflicto por los textos del debate abierto en Batasuna a finales de 2009. ETA no estaba de acuerdo con algunas partes de los documentos y elaboró su propia ponencia, en la que incluía una defensa explícita del terrorismo. Sin embargo, la banda no fue capaz de hacer llegar su ponencia a las bases de Batasuna. Había perdido la capacidad de controlar a su brazo político por primera vez en su historia. Los peones que había utilizado en el pasado para imponer sus decisiones –la organización Ekin, el grupo juvenil Segi y Askatasuna– ya no estaban en condiciones de contrarrestar al aparato de Batasuna formado por veteranos dirigentes de este partido como los Otegi, Rufi Etxeberria, Joseba Permach o Rafa Díez. Todos habían sido antes de KAS y luego de Ekin e hicieron el papel de comisarios políticos de ETA en Batasuna, pero hoy querían ser ellos quienes mandaran y que la banda acatara su estrategia.

La precariedad de los dirigentes de ETA, acosados eficazmente por los cuerpos de seguridad, había debilitado la capacidad para imponerse a los líderes de su brazo político. La banda sólo fue capaz de hacer llegar el texto de su ponencia a los presos, a quienes no llegó el documento de Batasuna. Con la actividad de ETA paralizada por la actuación policial, todo el año 2010 fue un periodo de pulso entre la banda y Batasuna por la tregua. El partido necesitaba que la banda anunciara un alto el fuego para tener alguna posibilidad de volver a la vida política, pero ETA no estaba dispuesta a dar un paso de esa naturaleza sin contrapartidas negociadas con el Gobierno como, por ejemplo, en 2006. Batasuna llamó al abogado sudafricano Brian Currin, que puso en marcha, en marzo de 2010, la Declaración de Bruselas en la que se pedía una tregua a ETA y que se ha convertido en un factor de presión sobre el grupo terrorista. Luego salió la Declaración de Gernika, firmada por Batasuna, EA y Aralar, entre otros grupos, pidiendo también una tregua. La banda, colocada a la defensiva, salió al paso con las declaraciones del mes de septiembre, que resultaron insuficientes por lo que, finalmente, tuvo que dar un paso más con la tregua del pasado 10 de enero. Previamente, eso sí, le hizo saber a Batasuna que ratificaba la validez de la estrategia político-militar, es decir del terrorismo, y que la tregua sólo era un paréntesis.

La tregua despejaba el camino para que Batasuna presentara el nuevo partido, Sortu. Para tener garantías de éxito estudiaron las exigencias que habían ido estableciendo las sentencias de ilegalización y las leyes y fueron lo más lejos que pudieron en su rechazo a la violencia, incluida ETA.

Unos estatutos que por fin rechazan la violencia etarra
Los estatutos presentados por Sortu afirman su voluntad de contribuir a “la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de ETA”. El artículo 3 indica que Sortu “se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia” y recalca que en su estrategia “no hay cabida para forma alguna de actuación violenta ni para conductas que le sirvan de apoyo político”. “Sortu –precisa el texto– desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a ETA como sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”. El contraste con anteriores textos es muy claro: en 1983, en la documentación presentada por HB en el Ministerio del Interior, se hacía una declaración expresa de “acatamiento al Ordenamiento Constitucional Democrático” e incluía el “compromiso de ajustar la actuación y organización interna de la Asociación a las formas y procedimientos democráticos”. Pero ni palabra de ETA y en 2003 fueron ilegalizados. A su vez, el artículo 2 de los estatutos de Acción Nacionalista Vasca, siglas utilizadas por la izquierda abertzale en el 2007, proponía “la consecución de la autonomía para el País Vasco y una decidida acción tendente a la construcción de una sociedad equilibrada, demócrata, lo más justa posible, y que repudia la violencia”. Pese a ello, en 2008 fueron ilegalizados. Ya anteriormente, en mayo de 1999, Arnaldo Otegi y Joseba Permach firmaron un acuerdo con PNV y EA en el que defendían “la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia” y prometían usar “procedimientos estrictamente democráticos”.

Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 13/2/2011